La ley de memoria histórica se retrasa a 2015
La primera meta era junio, luego antes de las vacaciones estivales o después del verano, al inicio del curso político, más tarde antes de navidad… Después de varias fechas previstas para el inicio del trámite parlamentario, la ley de memoria democrática de Andalucía retrasa su aprobación. Enmarañada en las diferentes fases burocráticas, no verá la luz hasta 2015.
Con la “fase política” superada, el texto afrontará el tramo final en el Parlamento de Andalucía “antes de que finalice la presente legislatura”, según fuentes del Ejecutivo andaluz. Ninguno de los partidos que sostiene el pacto de Gobierno regional, PSOE e IU, pone en cuestión este extremo. Ahí, en sede parlamentaria, llegará el debate público participado por “partidos, asociaciones y colectivos memorialistas”, apuntan.
Mientras, el reglamento espera que el gabinete jurídico de la Junta emita un informe sobre su redacción “por si detecta cualquier conflicto de carácter legal hacer las modificaciones pertinentes al texto”, señalan las mismas fuentes. Con ese trámite, los posibles retoques y alegaciones y los procesos que aún restarían, “no da tiempo” a culminar el proceso antes de fin de año.
Implicación transversal de varias consejerías
El anteproyecto de ley memorialista –autorizado en el Consejo de Gobierno del pasado 11 de marzo– salvó con anterioridad el “importante” escollo de una memoria económica que supone la implicación presupuestaria de varias consejerías. Este carácter transversal toca funciones y competencias de Administración Local y Relaciones Institucionales (de quien depende la dirección general de Memoria Democrática), Presidencia, Justicia e Interior, Turismo y Comercio, Salud, Hacienda y Administración Pública, Educación y Cultura.
En manos ahora del gabinete jurídico del Gobierno autonómico, el nuevo marco legal debe pasar por varias fases. Como el Consejo Consultivo de Andalucía, que expondrá su propio informe antes de pasar por el propio consejo de la vicepresidencia de la Junta. De ahí al Consejo de Gobierno, recta final donde quedará aprobado el proyecto de ley y pasará al Parlamento.
La ley de memoria andaluza “coincide con las recomendaciones de la ONU a España” y supera la legislación estatal vigente, según el Gobierno autonómico. Con claves como “actuaciones de oficio”, exhumaciones, en fosas comunes. Extiende además el marco temporal de actuación, de 1931 a 1982, y amplía el concepto de víctima del franquismo a familiares, niños robados e internados en campos de concentración nazis.
Dudas y apuestas de la ley memorialista
Otras apuestas del próximo reglamento son la prohibición de simbología fascista, la inclusión de material didáctico en el currículo educativo o la pretensión de anular los juicios franquistas. O la creación de instituciones como el Instituto de Memoria Democrática o el Consejo Andaluz de Memoria Democrática. El anteproyecto, con éstas y otras claves como referentes, fue sin embargo recibido con recelo por víctimas y asociaciones de recuperación memorialista, que vieron en su momento “tantos aspectos positivos como interrogantes”.
Ir más allá que la ley estatal 52/2007 o asumir el “deber del Estado” en la búsqueda de desaparecidos forzados, quedan como trazas de objetivos que pudieran colmar aspiraciones vertebrales del movimiento ciudadano. Las impresiones encontradas surgen, sin embargo, con la duda que suscita la “tímida” apuesta presupuestaria prevista y el cumplimiento, entonces, de las múltiples aspiraciones del texto andaluz. Caso, también, de la “médula” de la memoria: las exhumaciones, procesos hasta ahora realizados, en gran parte, por la sociedad civil.
