Asociaciones reclaman que la ley andaluza de memoria no les impida exhumar
La Junta de Andalucía expone el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática a información pública y el plazo de alegaciones termina el próximo 22 de abril. Alegaciones como posibles “observaciones sobre su contenido”. Diferentes colectivos memorialistas estudian el texto desde que su presentación. Entregarán alegaciones y pedirán también que se les oiga en el Parlamento andaluz. De fondo, la máxima “preocupación” de familiares y víctimas: la gestión de los procesos exhumatorios, que la apuesta legislativa deja en manos de la Administración autonómica. De aprobarse tal cual, hay asociaciones decididas a denunciar el nuevo marco legal en instancias judiciales.
La norma –se pretende su aprobación en Consejo de Gobierno en junio, tras pasar los trámites preceptivos–, amplía el concepto de víctima y, entre otras cuestiones, prevé la “expropiación temporal” de terrenos privados para actuar en fosas, la elaboración de un “censo de víctimas de la represión franquista”, fijar un plazo para eliminación de simbología fascista y, el 14 de junio, como día de la memoria. Pero la chispa salta con las exhumaciones. La ley no se acompaña de memoria económica acorde a las intenciones que muestra el texto, pero cualquier proyecto de apertura de fosas deberá pasar por la Junta.
¿Llegará el texto a instancias judiciales?
“Mucho nos tememos que, como está –el anteproyecto de ley–, termine no ya en el Constitucional sino en el Supremo o las más cercanas audiencias provinciales”, indican desde el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Es uno de los colectivos críticos con diferentes aspectos del texto legal. No el único y, como el resto, señala en el marco de “desconfianza” una veta de preocupación máxima en la gestión del “origen” del movimiento memorialista: la exhumación de fosas comunes.
Se trata de “una de las demandas históricas, que el Estado se haga cargo de las exhumaciones” pero es “preocupante”, añaden, “que se pueda multar por exhumar sin permiso del Gobierno aunque la intervención reúna todas las condiciones técnicas y los recursos económicos necesarios”. Esta “exclusividad de la Administración” significa “la subordinación absoluta” de asociaciones y víctimas, impulsores hasta ahora de la mayor parte de estas tareas arqueológicas.
Otros aspectos del articulado en trámite que levanta dudas en RMHSA, según su coordinador, Cecilio Gordillo, son la “nula referencia al movimiento memorialista” en la exposición de motivos, ni a los campos de concentración del norte de África (Marruecos, Argelia y Túnez), además de la “escasa partida presupuestaria” destinada a los procesos exhumatorios o su “judialización”. El grupo de trabajo apuesta por que el Parlamento de Andalucía convoque a la sociedad civil para “reconocer sus aportaciones” y sus reclamaciones “oídas”.
Sin memoria económica, a la ley “le falta recorrido”
“Los derechos no se deciden, son algo básico” y una ley “que no lleva memoria económica asociada es una declaración bonita a la que le falta recorrido”, apunta el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Como en los proyectos de búsqueda de desaparecidos por el franquismo. “No sé si llegaremos a denunciarlo pero contestaremos como veamos oportuno, vamos a rebatir que un político pueda decidir si se exhuma o no, eso va contra los derechos humanos”.
El anteproyecto, dice Silva, “nos aparta un poco al hacer una restricción a las asociaciones andaluzas pero representamos a gente de una comunidad donde hemos realizado varias exhumaciones”. “Si nos pide ayuda una familia la vamos a ayudar, si la Junta de Andalucía nos lo impide sería muy grave”, subraya. Critica también el presupuesto aportado a exhumaciones, “la parte más floja, con más de 600 fosas comunes y mucha gente mayor esperando, sin tiempo”.
La apuesta andaluza tiene, según el presidente de la ARMH, “bastante recorrido pero es mejorable”. Pone como ejemplo la ley aprobada por el Parlamento de Navarra, “más potente”, de ahí que refiera la necesaria “participación de la sociedad civil en la elaboración del texto”. Otros aspectos puestos en tela de juicio son “a las incautaciones o a la participación de la iglesia católica como sostén de la dictadura, a la que debería pedirle explicaciones”.
Del resto de colectivos consultados por eldiario.es/andalucia, la Asociación Guerra y Exilio confirma que presentará “alegaciones aunque todavía no tenemos un documento elaborado”, según Manuel Velasco. Ya han indicado al Gobierno andaluz “algunos aspectos, pero no hemos registrado aún en tiempo y forma los textos”. La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia también prepara aportaciones que esperan entregar “cuanto antes”, sostiene Paqui Maqueda. La memoria histórica, dice RMHSA, es “una cuestión del conjunto de la sociedad andaluza”, una región que ha mostrado una “sensibilidad social muy importante durante los últimos 15 años”.
