El PSOE de Andalucía propone mayor participación de las autonomías en IVA e impuestos especiales para la financiación

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiere que sea la primera comunidad autónoma con una propuesta muy detallada para el modelo de financiación cuya reforma dilata el Gobierno de España, pese a que hace tres años que caducó el vigente. De momento, ha puesto la suya sobre la mesa, a la espera de las aportaciones del resto de grupos del Parlamento de Andalucía.

Con Podemos e IU hay bastante sintonía; C's está dispuesto a contribuir a ese posicionamiento común, con sus pronosticados votos particulares; y el PP es la incógnita, a la espera este jueves de su reunión -la única que queda- con el PSOE. Y decir el PSOE es decir el Gobierno de Andalucía porque la negociación por parte de los socialistas la encabeza la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. 

El principal escollo está en que mientras el PSOE de Andalucía lidera esto sin consultar con Ferraz -el propio Pedro Sánchez manifestaba recientemente que es una cuestión que deben llevar las autonomías- el resto de formaciones, especialmente el PP y C's, están condicionadas por sus direcciones nacionales y un contexto muy complicado especialmente por el independentismo en Catalunya.

El lunes 5 de febrero es el último día para que cada una de las cinco formaciones del Parlamento de Andalucía presente sus propuestas para que el grupo de trabajo creado a tal efecto tenga su dictamen el 26. La clave estará en conseguir que dicho dictamen sea a gusto de todos para que haya un posicionamiento común, “que debe ser de Andalucía y no de los partidos”, como insisten los socialistas, y con ello empujar a otros territorios a que impulsen este debate en el que están en juego los recursos para los servicios públicos que prestan, pero también la autonomía.

La única propuesta que ha trascendido en su integridad es la del PSOE. Una treintena de folios que parten de la necesidad de combatir dos mantras: el de que las comunidades autónomas son meras prestadoras de servicios públicos y el que persiste en que contribuyen los territorios y no las personas. Con esta base, se aboga por meter mano a dos cuestiones que se consideran no resueltas en el modelo en vigor. Por un lado, que haya suficientes recursos para garantizar los servicios públicos en igualdad, y por otro, que la población que se calcula para el reparto sea lo más aproximada a la real, reduciendo las diferencias entre la de derecho (o sea los habitantes de cada región) y la ajustada (la que se cuenta en función de determinadas necesidades y peculiaridades de los territorios).

Dos preguntas clave

Lo primero: ¿cuántos recursos faltan para garantizar dicho estado de bienestar? Las carencias del modelo en vigor para hacer frente a los servicios públicos se ha calculado con el ejercicio de 2014 como año base por ser el de suelo presupuestario y el que exigió a las comunidades autónomas máxima eficiencia. La sanidad, la educación y los servicios sociales costaron 16.100 millones de euros más de lo previsto en todas las de régimen común y eso que había recortes en los derechos a los empleados públicos que los sostienen (docentes y sanitarios sobre todo). Hay expertos que han planteado que podría ser el doble, pero el PSOE se queda con esos 16.700, de los que cifran en 4.000 millones de euros el sobrecoste que supuso para Andalucía.

Para el segundo gran debate, el de la población, también han hecho un planteamiento. La diferencia entre la población de derecho de Andalucía y la ajustada es de 220.000 personas que no cuentan para el sistema. Porque el modelo en vigor calcula las necesidades de gasto de los territorios en función de ciertos tramos de edad o cuestiones como la insularidad o la dispersión de población. Por tanto hay que incidir en las variables para que no haya tanta diferencia entre una y otra población. El PSOE quiere que pese más la población de derecho para el coste de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Para cada una de estas tres patas tiene un planteamiento.

El primero, el coste de la sanidad que está fijado en un 38% del sistema no lo replantean desde el PSOE, que acepta que se mantenga como está, pese a que cuestione que se dé por sentado que la población más envejecida exige tratamientos más caros. En cambio, para el coste de la educación en el modelo en vigor sólo se pondera la población de 0 a 16 años, y quieren elevarla a los 18, para que computen estudiantes de bachillerato, FP y centros universitarios públicos hasta esa edad. En tercer lugar, el coste de los servicios sociales, sólo se calcula en función de la población de más de 65 años. La propuesta del PSOE es que se incorpore el número de dependientes (en estos momentos vive en Andalucía la cuarta parte del total), pero también las tasas de pobreza y desempleo. Todo ello le da una posición de ventaja con respecto a otras comunidades autónomas.

Y toda la segunda pregunta: ¿de dónde se sacan esos 16.100 millones de euros que faltan? Conviene reseñar que el PSOE prefiere una mayor participación en lo recaudado por la Administración General del Estado (AGE) más que a transferencias directas porque dependen de la dinámica de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que como se ha visto pueden verse paralizados y por tanto impactar en el sistema.

En este sentido, en estos momentos, el fondo para estos servicios públicos se nutre de un 50% de la recaudación del IRPF; un 50% del IVA; un 58% de los impuestos especiales, como alcohol y tabaco; y el 100% de los tributos cedidos (donaciones y sucesiones, patrimonios, actos jurídicos y documentados...), más transferencias directas. La propuesta es pasar a un 75% de IVA y a un 75% de los impuestos especiales, sobre cuyos tipos quiere que decidan las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Eso exige un cambio de reglamento del CPFF, que también proponen.