La Junta autoriza el recurso contra la reforma que modificó la ley de tasas judiciales
Recurso sobre recurso. A la Junta de Andalucía no le ha convencido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y su modificación de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, convalidada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de marzo. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, ya había advertido que, además del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley matriz, no descartaba recurrir también su modificación, supuestamente 'a la baja' para determinadas tasas. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado esa previsión del consejero en su reunión de este martes e interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley 3/2013 con argumentos muy similares al anterior recurso.
“Igual tenemos que recurrir también la modificación”, auguraba hace un par de meses De Llera. Dicho y hecho. El Gobierno andaluz cumple su advertencia y golpea dos veces. El Tribunal Constitucional tiene admitido a trámite el primer recurso, pero la Junta sigue pensando que los cambios introducidos a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no varía la “desproporcionalidad” de determinadas tasas y sigue “vulnerando el principio de igualdad” de acceso a la Justicia (lo que han venido a denominar la 'tutela judicial en efectivo').
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno se ha informado de que la modificación de la ley “mantiene los motivos de inconstitucionalidad al seguir generalizando el pago por el acceso a la administración de Justicia”. Emilio de Llera ha dicho que la reforma resulta “claramente insuficiente” y mantiene el “espíritu discriminatorio”, por ejemplo de los trabajadores frente a los empresarios, de forma que la tasa, aunque se haya rebajado en algunos casos, sigue siendo “disuasoria”.
Fuentes de la Administración ya indicaban que, a pesar de la modificación, la aplicación de las tasas sigue ejerciendo un “efecto disuasorio” entre las personas que quieren acceder a la Administración de Justicia, principalmente a las clases medias, que no se pueden beneficiar de la llamada Justicia Gratuita si sus ingresos superan cierta cantidad pero que tampoco dispondrían de los recursos económicos suficientes para afrontar los gastos que se desprenden de las tasas judiciales.
Según la Junta de Andalucía, la reforma que ahora también recurre apenas introduce cambios en cuanto a la parte fija de la tasa. Si bien admiten una bajada en la cantidad variable, el hecho de que la cantidad fija de la tasa judicial no varíe en exceso el dinero total que afrontaría la persona que presente determinados recursos judiciales.
Por tanto, el hilo argumental se mantiene. El mismo que tiene el PSOE a nivel nacional. Hace unos días, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, el exministro del Interior Antonio Camacho, señalaba que su partido será “combativo” contra la ley de tasas porque “rebaja la calidad democrática del país”. No son los únicos. La Audiencia Nacional ha tramitado ya un nuevo recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de gestión de multas DVuelta a los cambios a ley de tasas. Un abogado laboralista vigués, Fabián Valero, ha ido más allá y ha entregado en el Registro Central del Ministerio de Justicia más de 171.000 firmas recogidas por Internet para pedirle a Ruiz-Gallardón que derogue directamente la ley de tasas judiciales.
