Las historias reales que vuelven a estar “amparadas” por la ley antidesahucios
Una familia formada por madre y dos hijas, menores, residente en Málaga. El padre de las niñas ha abandonado el hogar y no pasa manutención. Sin ningún ingreso. Un matrimonio y dos hijos, también menores e igualmente de Málaga. Se encuentran en situación de precariedad económica. Tan sólo uno de los progenitores cobraba el subsidio por desempleo (426 euros) hasta agosto de este año. Un hombre que convive con su padre de 90 años, con dependencia severa grado II, residente en San Roque (Cádiz). Como únicos ingresos, la pensión del padre (450 euros) y la ayuda por dependencia (286 euros). Una viuda de 67 años, con hija y nieta a su cargo, residente en Sevilla. Los únicos ingresos, la pensión de viudedad. Todos abocados a la calle. Hasta que se aprobó el recurrido Decreto de la Función Social de la Vivienda, primero, y ahora la ley, que ha entrado en vigor este miércoles en Andalucía.
Son historias reales. Cuatro de los 18 expedientes abiertos gracias a dicho decreto -entre el 12 de abril y el 9 de julio que fue el tiempo en que estuvo en vigor- para expropiar temporalmente las viviendas y evitar el desahucio de estas personas. El recurso en el Tribunal Constitucional (TC) presentado por el Gobierno de la Nación dejó sin efecto este decreto, pero la ley, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha permitido reactivar desde el primer día estos expedientes para proteger a los afectados. Sí hay que decir que durante estos meses de incertidumbre -y los que quedan, porque todavía se desconoce si Madrid recurrirá igualmente la ley- las entidades bancarias e inmobiliarias que iban a desahuciarlos han mostrado sensibilidad y no han hecho uso de su derecho a la espera de cómo se resuelve la situación.
La apuesta por la función social de la vivienda, defendida por la Consejería de Fomento y Vivienda, ha levantado críticas desde el Gobierno de la Nación, con aseveraciones tan rotundas como que pone en riesgo la estabilidad financiera del país al contemplar expropiaciones temporales para evitar que sus ocupantes fueran expulsados y también multas por inmuebles vacíos en manos de bancos o inmobiliarias que no salgan al mercado del alquiler o la venta. De momento, lo que ha conseguido en Andalucía es evitar que 18 familias en serio riesgo de exclusión social -como los cuatro casos mencionados- terminen en la calle. Familias monoparentales, numerosas, con dependientes... En común, dos cosas: mínimos o nulos ingresos y una orden de desahucio. Retrato descarnado de los estragos de la crisis a los que esta norma pretende poner alguna solución.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, confía en que la ley no sea también recurrida y que cualquier discrepancia con Madrid sea resuelta en la comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado; igual que ocurrió con el caso de Cataluña y una norma en el mismo sentido. “Si no lo hace, el Gobierno de España generaría en Andalucía un estado de excepción”, ha dicho reiteradamente la consejera. Reconoce que la petición sigue sin fecha, pero confía en que no haya un nuevo recurso en el TC.
Entretanto, la Junta de Andalucía seguirá aplicando la ley, y ya está estudiando los 500 expedientes que tiene en su poder de otras tantas familias que habían solicitado protección en función del decreto. Lo cierto es que tanto este decreto como las continuas movilizaciones ciudadanas frente a un problema que va camino de convertirse en una auténtica lacra social, ha hecho que las entidades bancarias recapaciten. Se ha visto en el caso de Andalucía, donde los 18 afectados por el decreto han paralizado la ejecución de los desahucios pese a que este había quedado sin efecto por decisión del TC. Y también en el hecho de que cada vez son más los bancos, según apuntan desde la Asociación Española de la Banca (AEB), que dan a sus empleados la orden de “negociar, negociar por encima de todo”. Porque no quieren escuchar la palabra desahucio vinculada a su marca.
