Cádiz, primera provincia andaluza en la que se busca gas sobre el terreno
Cádiz está a punto de convertirse en la primera provincia andaluza con exploraciones de gas sobre el terreno. Así se lo han confirmado a eldiario.es/andalucia fuentes de la sociedad que llevará a cabo dichas exploraciones, la estadounidense Scheupebach Energy. Estas fuentes, que prefieren guardar el anonimato, aseguran que superados dos años de tareas administrativas y de recopilación de datos históricos sobre las condiciones del subsuelo, está ya en condiciones de trasladar sus tareas de investigación a la práctica en el territorio con vistas a una futura explotación de yacimientos.
La empresa, especializada en fracking, una técnica de extracción de gas mediante la pulverización de la roca que es altamente contaminante, asegura que aún está lejos de esa fase: “Hablar de extracción de gas en Cádiz es muy prematuro”. Explica que aún “deben analizarse muy a fondo las condiciones de la roca, las características de la materia prima y, llegado el momento, la evolución del mercado”. Además, añade, hay que considerar el progreso constante de la tecnología, que hace “muy difícil” prever cómo serán las explotaciones gasísticas a cuatro o cinco años vista.
En cualquier caso, el plan inicial presentado por la empresa deja claro que los primeros trabajos sobre el terreno se realizarán mediante el método sísmico de reflexión, y que también incluye la perforación de agujeros. El sistema funciona así: sobre la superficie se instalan vibradores que emiten una onda sonora; un geófono mide el tiempo que estas ondas tardan en reflejarse en las distintas capas del subsuelo y en volver a la superficie; y unas computadoras procesan la información para determinar las condiciones de la corteza. Tal y como contempla la solicitud de la compañía, en esta nueva fase de trabajo también se acometerá un sondeo, a través de torres de perforación que se ubican en parcelas de unos 80 metros cuadrados. De hallarse gas, el pozo quedaría equipado con un sistema de válvulas y tubos que permita profundizar en sus posibilidades de explotación en un futuro. De lo contrario, sería sellado con cemento.
Permiso para explorar 82.000 hectareas
La compañía dispone de autorización para buscar hidrocarburos (gas y petróleo) en la zona desde diciembre de 2010. En esa fecha, el Consejo de Ministros aprobó cinco decretos en los que daba su visto bueno a la exploración en varios emplazamientos de Castilla y León, Cantabria, Valencia y Andalucía. Entre ellos figuran dos parcelas situadas en la mitad sur de Cádiz denominadas Tesorillo y Ruedalabola, que abarcan 82.000 hectáreas (más del 10% de la superficie total de la provincia). Estos terrenos se extienden a través de los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Benalup, Medina, Vejer, Barbate, Los Barrios y Tarifa, incluyen tramos marítimos y abarcan suelos comprendidos dentro de tres parques naturales: Los Alcornocales (segundo en importancia después de Doñana), La Breña y el Estrecho de Gibraltar.
Scheupbach Energy, asociada con Vancast Exploración, dispone de un plazo de seis años para la búsqueda de gas en Cádiz que comenzó en 2010. Los dos primeros los ha dedicado a la compra, procesado e interpretación de la información disponible sobre las reservas de este recurso del suroeste andaluz. Una parte importante de estos datos proceden de varios proyectos de perforación realizados por Valdebro entre 1956 y 1967 en Tarifa, que permitieron localizar muestras de gas. Hay constancia de que la materia prima existe pero se desconoce en qué cantidad y de qué calidad. Es justo la incógnita que se dispone a despejar la empresa norteamericana en este tercer año de trabajo. “Los plazos se están cumpliendo con normalidad”, apuntaron las mismas fuentes participantes en la operación.
Adelanto de los sondeos en el BOE
Adelanto de los sondeos en el BOEEl último movimiento administrativo de Scheupbach Energy ha sido solicitar al Gobierno que autorice la unificación de los permisos de investigación de las dos parcelas gaditanas con dos objetivos: “simplificar” su tramitación administrativa, y que el Ministerio de Industria adelante su autorización para realizar el primer sondeo al tercer año de trabajo, que es 2013, en lugar del quinto año de trabajo, que es que constaba en el pliego inicial para las primeras perforaciones.
La petición ha sido aprobada por el Ministerio, según la información publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de febrero de 2013. Fuentes de la representación jurídica de Scheupbach Energy en España apuntaron ayer que son “procedimientos administrativos normales”, aunque el colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contrarias al proyecto y ha reclamado al Gobierno que revise el expediente. El colectivo ecologista denuncia que la empresa tiene intención de obtener gas, en un futuro, a través de la técnica de fractura hidráulica, el llamado fracking, que es contaminante y representa un “alto riesgo” para la salud y para el medio ambiente.
En 2010, antes de presentar su proyecto, los representantes de la gasística Scheupbach llevaron a cabo una ronda de reuniones con políticos del Gobierno, alcaldes y portavoces de colectivos ecologistas y cofradías de pescadores locales con el objetivo de explicar las características del plan y calmar la alarma ciudadana que ya había generado. Garantizaron varias cuestiones: las tareas no son de explotación, sino de investigación; se buscará gas, no petróleo; y no se realizarán prospecciones en el mar ni dentro de los límites del Parque Natural del Estrecho de Gibraltar.
La amenaza medioambiental
La Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF), creada a principios de febrero, defiende una obviedad: si se busca gas es para extraerlo. Y añade que existen “serias dudas” sobre la naturaleza del proyecto gaditano. El fracking consiste en un método de extracción de gas mediante la fracturación de la roca madre, la capa más profunda de la corteza, con el objetivo de extraer el gas atrapado en la propia roca. Para llegar a este recurso hay que perforar a varios cientos de metros de profundidad en vertical y después hacer lo propio en horizontal, reventando la piedra mediante una inyección de agua con arena y una serie de aditivos químicos, que son los que incluyen el componente de riesgo de contaminación. Así el gas se libera y sube a la superficie.
Fuentes de la PALF explican que esta técnica no tiene nada que ver con la extracción de gas convencional, que se localiza en bolsas. “No nos oponemos a este tipo de explotación, sino al fracking, que es destructivo y contaminante, que puede afectar a los acuíferos e incluso tener efectos sismológicos. Es como diferenciar entre un paciente que necesita unos puntos de sutura y uno que necesita pasar directamente por el quirófano”, apuntan las mismas fuentes. “Ni Vancast ni Scheupbach han aclarado qué intenciones tienen y es algo que ya debería estar muy claro”, recalcan.
La PALF denuncia que no existe un marco regulatorio estatal para evitar este tipo de explotaciones gasísticas en España y que, en estos momentos, “la puerta está abierta” para que en Cádiz se pongan en marcha las primeras a medio plazo. Entre sus argumentos, la organización subraya que Scheupbach Energy es una empresa dedicada al shale gas o tight gas (gas de pizarra o de arenas compactas) y no al gas convencional, y recuerda que en 2011 el Gobierno francés canceló el permiso para tres explotaciones de fracking en el sur del país lideradas por el gigante petrolero Total y por la propia Scheupbach Energy. Esta práctica ya está prohibida en el país vecino.
Verdemar-Ecologistas en Acción recuerda que el sur de la provincia de Cádiz es muy sensible desde un punto de vista medioambiental. Reúne espacios protegidos, rutas de migración de distintas especies y acuíferos cuya contaminación resultaría desastrosa. “La propia investigación requiere el empleo de la estimulación por fractura. Por eso la simple búsqueda de hidrocarburos, sin necesidad de que vayan a ser rentables y se vayan a explotar, representa un riesgo inaceptable”, defiende el portavoz del colectivo, Antonio Muñoz.
La posición de la Junta de Andalucía
Andalucía vive desde hace dos años una nueva fiebre del hidrocarburo. Media docena de compañías energéticas tienen expectativas de encontrar gas en el subsuelo de las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. La PALF sostiene que el de Cádiz es el proyecto más avanzado, pero el municipio sevillano de Camas es el único en el que la Junta de Andalucía ya ha concedido una autorización para perforar. La semana pasada, el Ayuntamiento aprobó una propuesta que declara la localidad “libre de fracking”. “En Camas no se podrá hacer ni un agujero”, sentenció el concejal de Medio Ambiente, Francisco Carrascal.
La Diputación de Sevilla (con el voto de PSOE e IU) también ha votado una moción para declarar toda la provincia libre de este tipo de prácticas, siguiendo el camino marcado por ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales del norte del país. Mientras, el Gobierno central, al que corresponde la competencia de autorizar o no los proyectos de explotación, se ha posicionado a favor del fracking al descartar su prohibición en el Congreso en febrero.
La Junta de Andalucía aún no se ha posicionado con determinación sobre esta técnica. En una rueda de prensa celebrada el mes pasado, el consejero de Industria, el consejero de Economía, Antonio Ávila, apuntó que “cada proyecto tiene que ser individualmente analizado”.
En esa misma comparecencia, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, apuntó que “Andalucía es la comunidad autónoma con más espacios naturales de España” y que “a partir de ahí, cuando se toma una decisión administrativa tiene que estar argumentada jurídicamente, hay que respetar la ley más allá de los intereses de una u otra parte. Andalucía apuesta por el medio ambiente y la preservación de los espacios naturales, pero lógicamente tiene que cumplir las leyes como normal general”.
La PALF reclama a la Administración regional una postura firme contra el fracking como la adoptada por los gobiernos de Cantabria y Aragón. No son los únicos. María José Cervantes, la responsable de medioambiente del PSOE de Sevilla reconocía a este diario que, tras sacar adelante la moción de la Diputación de Sevilla, trabajan con la organización provicial del partido de Huelva y otras provincias con el objetivo de lograr “que la Junta tome postura y legisle” en contra de la utilización del fracking en Andalucía.
