Los partidos negocian reducir este año en ocho miembros la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía
Los cinco grupos del Parlamento de Andalucía negocian ya una nueva distribución para el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) que pasaría por reducir en ocho miembros su composición mediante una modificación de las respectivas leyes que debe aprobar el Consejo de Gobierno. Dado que cualquier cambio en las mismas debe contar con una mayoría de tres quintos, pretenden tener consensuada su representación para que, cuando desde el Consejo de Gobierno lleguen los textos, éstos puedan ser aprobados sin problemas. Y se han marcado un límite para ello, pese a que son contactos incipientes e informales: debe estar solucionado antes del 31 de diciembre.
La aprobación el pasado año de una moción en el Parlamento de Andalucía, a propuesta de C's, para instar al Consejo de Gobierno a presentar estos proyectos de ley, les permite confiar en que se hará. Hay que añadir a ello que el acuerdo para los presupuestos autonómicos de 2016 que firmaron el PSOE-A y C's incluía también la reducción de los componentes del CAA y la RTVA.
No en vano, los mandatos de estos dos órganos han concluido sin que, tras haberse cumplido más del primer cuarto de esta legislatura, tengan representación en los mismos los partidos que se han incorporado por primera vez al arco parlamentario: Podemos y C's, con 15 y nueve diputados, respectivamente. De hecho, esta cuestión se ha convertido en la gran asignatura pendiente de la pluralidad del Parlamento de Andalucía, donde los partidos mayoritarios, PSOE-A y PP-A, no han demostrado ninguna prisa puesto que tienen garantizado el control de estos puestos, mientras que Podemos y C's no terminaban de tomar tampoco la iniciativa por no querer aparentar que estaban buscando sillones precisamente cuando han hecho del exceso de este tipo de cargos uno de sus caballos de batalla.
En todo caso, hay ya bastante consenso para que cada uno de estos instrumentos cuente con nueve miembros. De este modo, el consejo de administración de la RTVA, cuyo mandato expiró en mayo de 2014, o sea, hace más de dos años, pasaría a tener nueve consejeros. En 2008 se eligieron a sus actuales consejeros: ocho por el PSOE-A, con José Moratalla como presidente y que renunció por motivos de salud, por lo que está su vacante; seis por el PP-A, que tiene dos bajas sin cubrir; y uno por IU.
Hay que unir a esto la interinidad del puesto de director general de la RTVA, que lleva tres años ejerciendo el subdirector general Joaquín Durán, “de manera provisional”, una cuestión que va aparte pero que algunas formaciones, especialmente el PP-A y Podemos, pretenden incluir en el paquete de negociación, mientras en el PSOE-A dan por sentado que se jubilará en el cargo.
Mientras, el CAA, compuesto por 11 miembros -con dos puestos vacantes por la muerte de Isidro Cuberos y el nombramiento de Eugenio Cosgaya como director general de Comunicación Social- y cuyo mandato de cinco años caducó a comienzos de 2016, también contaría con nueve. Eso, con la garantía de que todos los grupos parlamentarios estén representados, algo en lo que no todos han puesto el mismo empeño, porque en estos contactos se han puesto también sobre la mesa repartos que dejaban fuera al más chico: IU con sus cinco diputados.
Una cuestión de tradición
De momento, y partiendo de que ninguna de las dos leyes obliga a que estén todas las formaciones con representación integradas, pese a que históricamente se ha hecho así, el planteamiento con nueve consejeros permitiría que cuatro fueran para el PSOE-A, que con 47 diputados es la fuerza mayoritaria; dos para el PP-A, en representación de sus 33 parlamentarios; y uno para cada uno de los otros tres (Podemos, C's e IU). Con ello, se darían situaciones un tanto contradictorias, como que IU tendría lo mismo que Podemos, que le triplica en diputados, pero también se garantizaría que el PSOE-A no tuviera la mayoría absoluta, porque es su realidad en el Parlamento de Andalucía.
El Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas
Cabe recordar que junto a la RTVA y el CAA, cuya composición se decide en función de la representación en el Parlamento de Andalucía, hay dos órganos de extracción parlamentaria. El primero no tendría por qué reflejar la nueva pluralidad esta legislatura porque su mandato es hasta 2019, cuando deberían celebrarse las nuevas elecciones autonómicas, si bien hay una vacante por cubrir todavía. En este sentido, el actual mandato comenzó con la designación como Defensor del Pueblo Andaluz de Jesús Maeztu en 2013 y precisamente con una modificación: se redujeron de cuatro a tres sus adjuntos, uno a propuesta de cada grupo parlamentario de entonces: entonces: Juana Pérez (PSOE-A), Luis Pizarro (IU) y Carlos del Barco (PP-A). Pero este último fue destituido recientemente y no se ha buscado sustituto.
Por el contrario, la composición de la Cámara de Cuentas está pactada hasta 2017 y precisamente se hizo gracias a una maniobra de las dos fuerzas mayoritarias para cortar el paso a los nuevos. De este modo, en vísperas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015, el PSOE-A y el PP-A se pusieron de acuerdo para ocupar las tres vacantes que había quedado entre sus respectivos consejeros. Con el rechazo de IU, consiguieron pactar esos nombres blindando la composición del órgano hasta su próxima renovación en 2017. En este caso, sus siete consejeros también son designados por mayoría de tres quintos, por un periodo de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes sucesivamente. Su ley sí fija que todas las formaciones, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta.
