La hoja de ruta para que la Mezquita de Córdoba sea de titularidad pública
“Nada de esto estaría ocurriendo si el Obispado no hubiera
registrado la Mezquita-Catedral como suya“. Son palabras del jurista Antonio
Manuel Rodríguez, integrante de la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba que
desde hace unos meses trabaja para lograr la titularidad pública del monumento
que, desde que en 2006 lo inmatriculara la Iglesia a su nombre, ha visto cómo
ha ido desapareciendo su carácter islámico de cuantas menciones se hace de él. “Han
logrado generar una apariencia de que es suyo“, subraya este profesor de
Derecho.
Desde la
Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba se han puesto manos a la obra en su
apuesta por deshacer el camino de la apropiación que ha hecho la Iglesia del
monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad. “Ante los continuados intentos
de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba,
incumpliendo gravemente los principios que inspiraron dicho reconocimiento,
desde la ciudadanía pedimos la intervención de las administraciones públicas y
de la Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como
Patrimonio Mundial“. Ese es el punto de partida de un trabajo que ha llevado a
los integrantes de la plataforma a explorar los pasos a seguir desde la vía
jurídica, administrativa-política y social.
1. Apoyo social: firmas ciudadanas y de personas relevantes
1. Apoyo social: firmas ciudadanas y de personas relevantes
Sobre todo,
social, porque desean que ésta sea una apuesta de los ciudadanos, a cuyas manos
entienden que debe llegar la titularidad de la Mezquita-Catedral. De ahí, que
el primero de los pasos de este camino que han emprendido haya sido reunir el
apoyo de miles de ciudadanos a través de la plataforma http://www.change.org/mezquitacatedraldetodos
donde en pocos días se han sumado cerca de 80.000 adhesiones.
A ellas se unen los apoyos recibidos por parte de grandes
nombres de la cultura y el pensamiento del país que, como Antonio Gala, José Manuel Caballero
Bonald, Federico Mayor Zaragoza, Eduardo Galeano, Benito Zambrano o Manolo
Sanlúcar, ya han mostrado su adhesión a esta iniciativa. Nombres a los que se
unirán otras decenas de personas que, desde distintos ámbitos, se han unido a
la petición de la Plataforma y que ésta hará público paulatinamente.
2. Vía jurídica: un precedente similar
2. Vía jurídica: un precedente similar
La vía jurídica que la Plataforma Mezquita-Catedral ha
decidido poner sobre la mesa tiene como primer objetivo demostrar que, por el
mero hecho de que la Iglesia haya inscrito a la Mezquita-Catedral como suya en el Registro de la Propiedad,
legalmente “inmatricular no significa ser propietario del bien”, explica
Rodríguez. “El Obispado ha generado así una apariencia de propiedad. Pero la
inmatriculación es ilegal porque utiliza dos normas franquistas“, esto es, dos
artículos de la Ley Hipotecaria franquista que daba categoría de administración
pública a la Iglesia católica y que posibilitó que, con la sola firma del
obispo, fuera suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público
no registrado hasta la fecha, como fue el caso. Y ello, entre otras cosas, “choca con el artículo
16 de la Constitución respecto a la aconfesionalidad del Estado“, argumenta
este jurista.
Sobre la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones ya elaboró un informe el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, en el que desgrana los argumentos legales por los que “este privilegio de la Iglesia Católica (...) no es compatible con los principios constitucionales españoles de igualdad religiosa, neutralidad y separación entre la Iglesia y el Estado”.
Pero además, existe un precedente que la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba utiliza en su
argumentación jurídica: en 1993 el Tribunal Constitucional declaró
inconstitucional un artículo de la Ley preconstitucional de Arrendamientos
Urbanos, por el que se consideraba a la Iglesia como si fuera una
administración pública y se le dispensaba de justificar la necesidad de ocupar
un bien. “No tenía que justificar que necesitaba el bien para desahuciar si era
necesario al inquilino. Pues bien, esto fue declarado inconstitucional por el
Tribunal Constitucional porque vulneraba el principio de igualdad y de laicidad
del Estado“, explica Rodríguez evidenciando la semejanza con los artículos
utilizados por la Iglesia para registrar la Mezquita-Catedral a su nombre.
Y añade: “Aquel caso fue planteado por una ciudadana de
Toledo ante un juzgado de instancia. Los jueces de instancia pueden declarar
nula una norma cuando es preconstitucional por la denominada
´inconstitucionalidad sobrevenida´ y, en caso de duda, elevarlo al Tribunal
Constitucional como ocurrió entonces“.
Si eso se consigue, se volverá a la situación de 2006 antes
de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral y quedará por realizar, posteriormente, el reconocimiento
de la titularidad pública del monumento.
“La Mezquita-Catedral es un bien de dominio público y conseguir su
titularidad pública no implica ninguna desamortización ni expropiación, porque
nunca la Iglesia ha sido su propietaria. La consagración de un lugar nunca ha
sido argumento legal para obtener la propiedad del mismo“, aclara Rodríguez.
3. Vía administrativa y política
3. Vía administrativa y política
Teniendo clara la argumentación jurídica en la que se basa
la petición de la Plataforma Mezquita-Catedral, el siguiente paso se dirige
hacia las administraciones públicas. Es más, es un paso esencial: “Lo más
conveniente es que una administración pública (por su entidad legal) sea la que
se dirija a un juez de instancia solicitando la nulidad de la inmatriculación de
la Mezquita-Catedral por el uso de artículos inconstitucionales para haberla
llevado a cabo“, explica Rodríguez.
De ahí que el manifiesto firmado por miles de ciudadanos en
change.org se dirija a la Junta de Andalucía. “De quien espero una respuesta seria y
responsable no es del Obispo de Córdoba, sino de la Junta de Andalucía“. Son
palabras del recién nombrado portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, quien
mantiene que la Junta “tiene que tomar una postura clara y contundente, propia
de un estado de derecho, no permitiendo que la Iglesia actúe como si
estuviéramos en la época franquista“.
E igualmente, el manifiesto de la Plataforma
Mezquita-Catedral se dirige a la UNESCO, que declaró Patrimonio de la Humanidad
al monumento y debe velar porque se conserven sus características para ello. En
junio de 2014 tendrá lugar la reunión de la Comisión de Patrimonio de la UNESCO
y, hasta allí, harán llegar desde la plataforma un informe con sus reivindicaciones y
argumentos. “¿Cómo la UNESCO no se ha dado cuenta de que la Iglesia le ha
quitado el nombre de Mezquita al monumento y sólo lo llama Catedral?“, se
pregunta el portavoz de la plataforma.
Pero el camino administrativo-político no acaba ahí. La Plataforma
Mezquita-Catedral de Córdoba se dirigirá también al Defensor del Pueblo
Andaluz, como medio para hacer llegar su mensaje a cuantas administraciones
públicas sea necesario. E igualmente se llevará el manifiesto al Parlamento
Europeo. Y, entre la cuestión de estado y la cuestión religiosa, la plataforma dará un último paso:
enviará también su mensaje hasta el Papa Francisco.
