Enfermedad mental y prisión, un doble estigma rebatido por un bajo nivel de reincidencia
El paso por centros psiquiátricos penitenciarios de personas enfermas mentales se salda con un bajo nivel de reincidencia después de haber cumplido las medidas de seguridad de internamiento impuestas por los juzgados. A estos lugares son dirigidos los individuos que, según dictamina la justicia, no han sido conscientes de sus propias capacidades durante la comisión de delito o se les aplica la circunstancia eximente de responsabilidad penal. La doble estigmatización de discriminación y rechazo social que puede suponer en la sociedad tener un problema de salud mental y haber cometido algún hecho delictivo podría atenuarse atendiendo a los “bajos” niveles de reincidencia.
Es una de las principales conclusiones de un estudio pionero en España que ha analizado qué ha pasado con 285 pacientes que, entre 2008 y 2012, cumplieron la medida judicial en el hospital psiquiátrico penitenciario de Sevilla, uno de los dos de este tipo existentes en España, junto al de Alicante. Sólo 42 de ellos, un 15%, volvió a cometer algún otro hecho delictivo, principalmente en el ámbito familiar. La cifra contrasta con el 51% de reincidencia en la población reclusa en general, según han detallado los presentadores del estudio. Otros estudios van más allá y apuntan a que dos de cada tres presos vuelve a cometer un delito cuando sale de la cárcel.
El informe ha sido expuesto durante un taller de trabajo en la sede del Parlamento de Andalucía, organizado por el Defensor del Pueblo Andaluz, en el que han participado responsables de los todos los sectores que tienen responsabilidad en la atención sanitaria para enfermos mentales internos en centros penitenciarios en Andalucía. La subdirectora de tratamiento del centro psiquiátrico sevillano, Inmaculada Martínez, y el director del mismo, Sergio Arias, han hecho hincapié de cualquier manera en la necesidad de mejorar los recursos comunitarios alternativos al internamiento y en la importancia de las familias de personas enfermas mentales como soporte “fundamental” fuera de los centros de reclusión, abogando de cualquier modo por recurrir al hospital psiquiátrico sólo en los casos más graves.
Los ponentes han querido alejar, apoyándose en el estudio, algunos tópicos presentes en la sociedad y que incrementan los estigmas sociales que padecen las personas enfermas mentales, señalando que sólo el 6% de las víctimas del delito era desconocida para el agresor o que apenas un 3% cometió delitos contra la libertad sexual. El endurecimiento de las medidas o la peligrosidad de los sujetos, según Arias, queda en cierto modo “cuestionada” a tenor de los datos derivados del estudio, que ofrece niveles de reincidencia “bastante bajos”.
8 de cada 10 personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental
En este sentido, Arias ha ofrecido ciertas variables que podrían prevenir la reincidencia. Por ejemplo, ha expuesto que cuantas más medidas de seguridad y más ingresos en centros de reclusión, más posibilidades se dan de situaciones de reincidencia, mientras que quienes disfrutan de más número de salidas terapéuticas (permisos temporales, con o sin pernoctación fuera del centro), menos reincidencia se registra. En este punto han resaltado igualmente la importancia de que los familiares de la persona enferma mental sirvan de soporte, ya que en el 48% de los casos las víctimas proceden del ámbito más cercano, de padres de avanzada edad o incluso de parejas o exparejas que no pueden hacer frente a determinadas situaciones.
Otro aspecto destacado es que más del 80% de las personas enfermas mentales analizadas en el estudio cumplen casi integramente la medida impuesta, un porcentaje mucho mayor al de la población reclusa en general, que es del 32%. Eso sí, el primer año tras el cumplimiento de la medida es “crítico”, en el sentido de que la mitad de los reincidentes comete en el intervalo temporal de un año el nuevo delito, según han apuntado los expertos.
Por su parte, Marcelino López, director de programas e investigación de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM), ha presentado el estudio 'Prevalencia de salud mental en la población penitenciaria andaluza'. En él se constata que un 80% de las personas encarceladas ha padecido a lo largo de su vida algún tipo de problema de salud mental, un porcentaje que se sitúa muy por encima de la prevalencia de esos problemas en la población general.
Para la prevención del abandono y mala atención a la salida de las instituciones penitenciarias, FAISEM pide una buena atención sanitaria y social que garantice prevenga la comisión de nuevos actos delictivos. Para ello es necesaria una comunicación reglada entre el personal de Instituciones Penitenciarias y el de los servicios sanitarios y sociales desde el momento de entrada en el sistema penitenciario.
La Oficina del Defensor del Pueblo, que ha organizado el taller de trabajo, atiende un promedio de 400 quejas al año de personas presas que acuden a la institución pidiendo ayuda y asesoramiento para acceder a determinados servicios médicos, pedir permisos, obtener traslados de centros o mejorar su clasificación, entre otros.
