“La única posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo está en la querella argentina”
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El catedrático de Derecho Político de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Pablo Slavin, entiende que el juicio a las dictaduras argentina (1976-1983) y española (1939-1975) viven procesos de “devolución de favores”. En su periplo por varios campus universitarios europeos realiza un análisis comparativo entre las etapas superadas por ambos países en la lucha por alcanzar memoria, verdad y justicia. “La única posibilidad actual de juzgar los crímenes del franquismo está en la querella argentina”, sentencia.
Lo más dificultoso es juzgar a “las élites” (militar, civil y eclesiástica) que fabrican “regímenes dictatoriales y, al abandonar el poder, leyes de amnistía”. Argentina lo hizo, después de un largo pleito que contó con la participación trascendente de la judicatura española. El régimen franquista alienta los –quizás– estertores de una impunidad amenazada por la justicia internacional. “El proceso argentino es un caso modelo, a imitar”, expone Slavin en declaraciones a eldiario.es/andalucia.
Leyes de amnistía: El obstáculo
Los últimos días, Pablo Slavin, director del proyecto Justicia Transicional en Argentina y del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moreau de la Facultad de Derecho marplatense, mantuvo encuentros con alumnos de antropología social de las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Salamanca, Carlos III de Madrid y Sociedad Internacional Rosa Luxemburgo de la Universidad de París IV París-Sorbonne (Francia).
“Los países sin memoria son los que corren mayores riesgos de repetir los errores del pasado”, recuerda en sus ponencias –De la dictadura a la democracia: Justicia e impunidad. Las transiciones se encaran “olvidando lo ocurrido, contándolo o juzgando los crímenes cometidos”, aunque sólo en el último caso se logra “una verdadera reparación” para las víctimas. El mayor obstáculo, son “las leyes de autoamnistía”.
De Garzón a Servini, “devolución de favores”
Un muro que pueden saltar los principios de jurisdicción internacional que facilitan esa “devolución de favores” que gestó el juez Baltasar Garzón a mediados de los años 90 y trae de vuelta la jueza María Servini de Cubría desde 2010. Para España, comparte Slavin, “la única posibilidad actual de juzgar los crímenes del franquismo están en la Querella Argentina”.
Y aprecia signos positivos como la “visita y pronunciamiento” del Grupo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un paso “muy importante, trascendental por la repercusión y presión internacional”. O, no menos, subraya, la “voluntad firme” de Gobierno y Justicia argentinos –el Parlamento declaró el proceso de interés nacional, se han abierto los consulados para denunciar crímenes de lesa humanidad, dictado órdenes de detención a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol, en inglés)– que contrapone a la “oposición política muy clara del Gobierno español”.
La Querella Argentina es “un proceso irreversible”
La preocupación social de un Estado democrático debe recaer en “obtener sentencia firme y recuperar memoria y verdad” sobre unos regímenes calificados de “dictaduras militares” pero que deben ser adjetivadas como “cívico-eclesiástico-militares”. Las mismas jerarquías –cuyo “apoyo y participación explícita” resultaron “clave” para el triunfo de los alzamientos golpistas y el establecimiento de “leyes de punto final” (la Ley de Amnistía española data de 1977)– que impiden actuar a la Justicia.
La Querella Argentina es, en todo caso, “un proceso irreversible” contra el franquismo “que ojalá ayude a recuperar pronto la historia de lo que ocurrió y juzgue a los culpables”. Y aunque depende de manera inmediata “de la voluntad de Gobierno y poder judicial españoles”, Slavin aprecia un respaldo de peso en el movimiento social de recuperación de la Memoria Histórica que compara con la reparación que propició la lucha de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina.
“Las Madres de Plaza de Mayo fueron tachadas de locas”
Cuando Argentina juzgó su dictadura constató “30.000 desaparecidos, y más del 67 por ciento correspondían a trabajadores”. No hubo guerra ni enfrentamientos armados en un contexto de coordinación golpista en América Latina (Chile, Uruguay, Brasil…) y lucha internacional –en plena Guerra Fría– contra el “marxismo judío”.
Desde 1973, “referentes de los principales grupos económicos se reunían para preparar el golpe –refiere el catedrático–, como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) o la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata”. Diseñaron “un plan para eliminar a cualquier persona que tuviera relación con ideas progresistas”. Finalmente, estas organizaciones que actuaron con el amparo del Estado y se incorporaron a su aparato, fueron juzgadas por crímenes de lesa humanidad.
“La lucha de las Madres de Plaza de Mayo empieza con los tanques aún en la calle. Exigen saber dónde están sus hijos, qué pasó con ellos. Fueron tachadas de locas al principio”, relata Slavin. La aplicación de las leyes internacionales permitió al pueblo argentino superar el “olvido y perdón” impuestos. Las Madres de Mayo, desde su arranque de ‘locura’, llevan recuperados 106 hijos robados. 106 personas, 106 pasados, 106 memorias. Lo mismo esperan las víctimas de la dictadura española: romper la impunidad del fascismo, ahora con la ayuda de la Justicia Argentina.
