El PP congela la elección de la presidenta de Cruz Roja como Defensora del Pueblo andaluz al flaquear el apoyo de Vox

El PP andaluz se ha visto obligado a aplazar hasta después de verano la elección de la Defensora del Pueblo de Andalucía, inicialmente prevista para la semana que viene, al flaquear en el último minuto el apoyo de Vox para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios del Parlamento que precisa esta figura, reconocida en el Estatuto de Autonomía.

Hasta hace unos días, los populares aseguraban haber negociado con el partido ultraderechista y contar con su respaldo para renovar tanto la figura del Defensor como la del director de la Oficina contra el Fraude y la corrupción, ambos puestos pendientes de sustituir desde hace un año.

El Parlamento andaluz aprobó en el Pleno de la semana pasada, con los votos de PP y Vox, el nombramiento del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano -expresidente de la Audiencia de Córdoba- como nuevo director de la Oficina Antifraude. Y la elección de la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios como nueva Defensora del Pueblo andaluz (también a propuesta del PP) iba a votarse en el último Pleno del periodo de sesiones antes de las vacaciones de verano, según anunció su portavoz parlamentario, Toni Martín.

Pero el plan de los populares parece haber encallado, concretamente en Torre Pacheco. La ola de violencia racista en este municipio de Murcia, que tiene en vilo al país desde hace días, es el telón de fondo que complica en este momento una foto conjunta de PP y Vox. Ambos partidos están enredados en una espiral dialéctica, cada vez más dura, sobre la población inmigrante en España.

Los de Santiago Abascal directamente vinculan a los extranjeros con la delincuencia -ningueando las estadísticas del Ministerio de Interior, que niegan dicha relación- y los de Alberto Núñez Feijóo mantienen una posición más equidistante, conscientes de que el rechazo a la inmigración es un caladero de voto conservador en el que bebe su electorado. “Los que vengan a incumplir las leyes o a vivir de nuestras políticas sociales no van a ser bienvenidos”, ha dicho este martes Feijóo, que ha vuelto a ligar inmigración y delincuencia, exigiendo que “sean deportados de forma inmediata” quienes infringen las leyes.

En este contexto, el PP andaluz anunció públicamente un preacuerdo con Vox para votar conjuntamente a la presidenta de Cruz Roja nueva Defensora del Pueblo de Andalucía. No bastaba la mayoría absoluta de los populares (58 diputados), se requiere un mínimo de 66 votos, y ambas formaciones suman 72. En cuestión de días, Vox ha negado públicamente un acuerdo que en privado sí dieron por válido, aunque la elección de la candidata propuesta por el PP les hace incurrir en grandes contradicciones.

García Palacios preside una ONG -Cruz Roja Andalucía- que viene jugando desde hace años un papel fundamental de acogida y ayuda a los inmigrantes que cruzan a nado o en pateras el Estrecho hasta las costas andaluzas, fundamentalmente magrebíes y subsaharianos. Vox ha tildado de “mafia” a esta y otras ONGs que colaboran con la población inmigrante, y que el portavoz de este grupo en el Parlamento, Manuel Gavira, suele tildar de “taxi patera”.

El viernes pasado, cuando empezaba a viralizarse la agresión a un jubilado por atacantes de origen supuestamente magrebí en Torre Pacheco -que justificó la “cacería” xenófoba al inmigrante-, Vox convocó una manifestación en las calles de El Ejido (Almería), donde hace hoy 25 años se vivió un episodio de turba racista similar al de ahora.

Portando pancartas que decían “asesinos deportación”, a las puertas de un local de comida turca, junto a la tienda Moda Estambul, la diputada de Vox en el Congreso por Almería, Rocío de Meer, ofreció una rueda de prensa junto a Gavira, los parlamentarios por Almería Rodrigo Alonso y Juan José Bosquet (presidente de Vox Almería) o la edil Beatriz Sánchez. La asistencia no superó la treintena de personas, la mayor parte cargos de Vox.

Contrario a la figura del Defensor del Pueblo andaluz

Además de su reserva a votar a la presidenta de Cruz Roja, el partido ultra es contrario a la figura del Defensor del Pueblo andaluz -blindada en el Estatuto- porque cree que genera duplicidades con las funciones que desempeña el Defensor del Pueblo en España. Sin embargo, el hipotético acuerdo entre PP y Vox para sustituir el puesto que ahora ocupa Jesús Maeztu le brindaría la posibilidad de elegir al adjunto al Defensor -un puesto ahora elegido por Ciudadanos, socio del PP en la pasada legislatura-, colocando este organismo de control a las administraciones públicas en una situación inédita.s

Los informes del Defensor del Pueblo andaluz no sólo son críticos con la gestión de los servicios públicos por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, también recogen infinidad de quejas y demandas ciudadanas, incluido en materia de violencia de género y de atención a la población más desfavorecida e inmigrante, dos asuntos en los que Vox libra una dura batalla cultural.

El portavoz del PP andaluz ha elogiado, con cierta retranca, a su homólogo en Vox, de quien asegura “tiene palabra y nunca ha roto su palabra”. Martín insiste en que ha negociado “no una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco veces” con Gavira, pero este asegura ahora que se enteró por la prensa de los nombres propuestos por el PP para la Oficina Antifraude -que Vox terminó apoyando- y para la Defensoría. “Entiendo la incomodidad del señor Gaviera, pero no voy a hurgar en la herida”, ha asegurado este miércoles.