Una Ley Integral de Transexualidad de ida y vuelta
Las iniciativas legislativas del Ejecutivo regional formado por PSOE e IU están dando el salto al debate nacional con los recientes decretos-ley de la Junta sobre la función social de la vivienda y la exclusión social. Sin embargo, muchos son los compromisos que han adquirido en ese pacto. Ambos partidos, en su acuerdo de coalición para el gobierno de Andalucía hace un año, se comprometieron entre otras muchas cuestiones a “realizar cambios normativos para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales”. Y la promesa cogió forma, forma incluso de Proposición de Ley. Pero la futura norma está algo estancada.
Este viernes 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, coincidiendo con la eliminación en 1990 de la homosexualidad de la listas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Las normativas suelen tener detrás el lado humano, como al decreto de la función social de la vivienda le ocurre con los desahuciados. La lucha de los transexuales en Andalucía tiene a la vista el mencionado objetivo político, la Ley Integral de Transexualidad, que quieren tomar como base para que se les reconozcan sus derechos. Como al resto. Y lo tienen bastante a la vista, aunque se ha encontrado con ciertos obstáculos en aspectos concretos relativos a los menores de edad.
“No puede ser que estemos aquí para no poder ser”. La cita es de Julio Cortázar pero la llevan grabada a fuego decenas de madres y padres de menores transexuales. “Nuestros hijos y nuestras hijas no pueden ser objeto de discriminación por su identidad y han de ser protegidos para garantizarles el libre desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos, social, escolar y sanitario”. Es por lo que se desviven a diario en su entorno. “Piensas que la sociedad está avanzada, pero…”. Su pelea diaria es que sus niños en cuerpos de niña, o viceversa, sean respetados y se integren normalmente en la sociedad.
La Proposición de Ley para la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales fue registrada el 19 de diciembre de 2012 y calificada de forma favorable por la Mesa de la Cámara el 6 de febrero de 2013. Cuando estaba a punto de dar el paso definitivo, el pasado 19 de febrero, justo dos meses desde su entrada en el trámite parlamentario, el propio Grupo Parlamentario de IULV-CA que presentaba la iniciativa, la retiró. Por orden cronológico, se trataba de la primera norma, con rango de ley, de la actual legislatura bajo el 'sello IU'.
“El texto no estaba adecuadamente perfilado”
Había que “ajustar jurídicamente” algunas cuestiones del capítulo sobre menores transexuales y variantes de género, explica la diputada de IULV-CA Alba Doblas, quien asegura que “el texto no estaba adecuadamente perfilado”. “Podría chocar con alguna norma y la propuesta debe pasar limpia el filtro del Consejo de Gobierno”, apuntan otras fuentes, apelando a posibles complicaciones en futuros “trámites administrativos” para los menores y sus responsables legales. El Consejo tiene 15 días para pronunciarse sobre iniciativas legislativas que sigan esta vía, por lo que IULV-CA tiró de prudencia y optó por retirar el proyecto para mayor seguridad. La marcha atrás de febrero ha supuesto retrasos en la aprobación de la ley, que impedirá que salga adelante antes de que se cierre el actual período de sesiones, el mes que viene.
“Las últimas reuniones entre PSOE e IU han ido muy bien”, señalan fuentes de la negociación, que se muestran satisfechas con el resultado de los “avances”. “En breve se podría aprobar un documento conjunto para presentárselo a los colectivos”, indican otras fuentes. Las consejerías de Salud y Bienestar Social, Educación, y Justicia e Interior elaboran, paralelamente, informes específicos para que la nueva Proposición de Ley retome su camino parlamentario y así superar “con todos los parabienes” el Consejo de Gobierno de la Junta y el “consenso” deseado por todos los intervinientes.
Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), indica que la Consejería de Presidencia e Igualdad habría observado meses atrás alguna anomalía en el proyecto de ley en la parte referida a menores, desconociendo cuáles han podido ser los puntos de conflicto. “Era más oportuno retirar la proposición antes de que el Consejo de Gobierno informara desfavorablemente”, insiste Doblas. En cualquier caso, una vez retirada, el nuevo texto sería presentado antes del cierre del periodo de sesiones, en junio, según el compromiso de IULV-CA.
Con ese objetivo se reunieron el 4 de marzo en el Parlamento andaluz con PSOE-A, ATA y Conjuntos Difusos. “Vamos a tratar de limar aquellos aspectos que jurídica o técnicamente puedan plantear mayores controversias y sacarlos adelante”, explica Doblas. Fuentes del PSOE confirman que el objetivo es “pulir” ciertos aspectos, para lo cual se han celebrado “varias reuniones” ya que el “compromiso” se mantiene; si bien no aseguran que su aprobación se cierre antes del fin del actual periodo de sesiones. Ambos partidos retomarán reuniones con el colectivo transexual en el mes de mayo, una vez las consejerías afectadas hayan hecho sus deberes.
“No pedimos nada que no sea asumible”, apunta Cambrollé. “En el caso de menores transexuales se impone el prejuicio de que son transexuales antes que menores”, lamenta. Despatologización de la transexualidad y autodeterminación del género, los objetivos. “La atención sanitaria pública ahora nos segrega como si tuviéramos una enfermedad rara”, explica la presidenta de ATA, que alude también a los “costes” en el traslado de los transexuales a la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género del Hospital Carlos Haya de Málaga.
El texto que en la primera Proposición de Ley hace mención a la atención sanitaria que se les preste a los menores prevé que ésta se haga de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998 de los derechos y la atención al menor de la Junta de Andalucía (en su artículo 10) y en la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y derecho y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El proyecto establece que dicha atención sanitaria se fundamente en los principios de capacidad progresiva e interés superior de la persona menor de edad y de reversibilidad total de los tratamientos, desde la edad de la pubertad, o reversibilidad parcial, si así se solicitara, a partir de los 16 años de edad, o antes si la persona menor de edad demostrare suficiente madurez.
ATA considera que “cambiar esta realidad está en manos de la sociedad”
La futura ley “no amplía los derechos de los menores sino que los reconoce”, apuesta por “un oportuno tratamiento médico”, señala Cambrollé, que insiste en que el objetivo es “que sean tratados como el resto”, que no tengan “la angustia de crecer como lo que no son, de vivir una diferencia entre el sexo propio y el sexo biológico; lo contrario es enviarnos al armario”. La American Psychological Association advierte de que “no es útil obligar a los niños a actuar de una manera más acorde a su género”, porque cuando se les obliga algunos caen en depresión, en problemas de conducta e incluso llegan a tener pensamientos suicidas. La presidenta de ATA alude también a un estudio realizado a menores transexuales en Philadelphia (EEUU), del que se desprende que el 80% de los menores transexuales han pensado en suicidarse y el 40% lo han intentado. “Cambiar esta realidad está en manos de la sociedad y de la responsabilidad de quienes tienen el deber de gobernar”, concluye.
Este 2013, padres y madres de menores transexuales han creado, dentro de ATA, un área de familias de menores y adolescentes transexuales donde aunar información y esfuerzos para obtener respaldo y apoyos externos, como el de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. La finalidad primera no es otr que el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, dedicado a los menores, sea también un hecho real para los menores transexuales (Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes). “Expresarse y ser tratados por el sexo que sienten como propio; de lo contrario, se está vulnerando el derecho al libre desarrollo de su personalidad”, resumen desde ATA.
El pasado 5 de abril, entidades como la Plataforma para el Compromiso Social y el progreso de Andalucía firmaron una carta de adhesión al borrador del proyecto de Ley. Dicha plataforma está conformada por 26 asociaciones entre las que se encuentran FACUA, FAMPA, FEVES (asociaciones de vecinos), ADAIS (Asociación de Abogados Independientes de Sevilla), o los sindicatos CCOO-A, UGT-A. También se han sumado al apoyo, según informa ATA, partidos políticos como IU-LV-CA, EQUO, UPyD, PA, Aleas Andalucía, sindicatos como USTEA y asociaciones como ADHARA, Plataforma 8 de Marzo, Movimiento Contra la Intolerancia y Primavera Andaluza.
