El Algarrobico acumula 24 sentencias a favor de su demolición
El Tribunal Supremo lo ha ratificado en cuatro sentencias: el hotel del Algarrobico, construido en Carboneras (Almería) por Azata del Sol, incumple la Ley de Costas. El alto tribunal ha de pronunciarse ahora sobre si los terrenos son urbanizables y si son propiedad de la Junta de Andalucía.
A pesar de que ha habido 24 pronunciamientos judiciales en contra del hotel (más del 90%), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó en 2014 una sentencia que legalizaba la licencia de obras del Algarrobico, alegando que el suelo era urbanizable y basándose en unas modificaciones a mano alzada de los planos de la zona.
La sentencia que Greenpeace prevé para este mes de septiembre pretende precisamente unificar doctrina, pronunciándose sobre esta contradictoria decisión del TSJA. Desde la organización ecologista insisten: sea cual sea la decisión del Supremo, el hotel ya es ilegal por vulnerar la Ley de Costas. “Tiene catorce plantas construidas en una playa”, subraya Pilar Marcos, responsable de costas en la asociación ecologista.
“Si se declara suelo no urbanizable y que los terrenos pertenecen a la Junta, las administraciones tienen que actuar de oficio para que se recupere la legalidad… se podría demoler en cuestión de días”, señala José Antonio Domínguez, abogado de la organización, cuyo recurso sobre la licencia de obra resuelve ahora el Supremo.
Gobierno y Junta de Andalucía firmaron en 2011 un acuerdo en el que el Gobierno español se comprometía a correr con los gastos de la demolición y el andaluz se encargaba de la recuperación del entorno y el reciclaje. En este sentido, Greenpeace ha presentado una propuesta para derruir el edificio en 18 meses, por 7 millones de euros y generando 400 puestos de trabajo entre empresas de tratamiento de residuos y demolición de la zona. Marcos subraya que se podría “aprovechar este monstruo para hacer pruebas sísmicas”.
Greenpeace denuncia además que en 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, la promotora “ya sabía por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas. A pesar de esto, la promotora pide hasta 70 millones de euros de indemnización y está siendo defendida por el Ayuntamiento de Carboneras”.
Desde la Junta de Andalucía confirman que su intención es que “el espacio natural vuelva a su estado primigenio”, corroborando así las palabras de del consejero de medio ambiente, José Fiscal, en una entrevista a eldiario.es/Andalucía que aseguraba que “una vez que el embrollo legal se aclare, la voluntad es derribarlo y aprobar un plan de desarrollo sostenible para la zona, con turismo y empleo verde”.
Respecto a la decisión del Supremo, José Rodríguez, subdirector de Azata, ha declarado a este diario que esperan que la “justicia sea ciega y justa”. “Lo que estamos defendiendo en los juzgados es la actuación de la administración, porque el hotel es un activo económico muy importante para nosotros”, destaca Rodríguez.
Casos de “desprecio” al medio ambiente
Los ecologistas denuncian en un nuevo informe que el dueño de Azata, José Domingo Rodríguez Losada, y su conglomerado de empresas “tienen un historial en el que destacan la búsqueda de lucro a toda costa, las relaciones sospechosas con gobernantes y alcaldes y el desprecio a las leyes medioambientales y urbanísticas”. Subrayan que “el conglomerado empresarial de Azata (que incluye 20 empresas) ha realizado operaciones similares a la de El Algarrobico que vulneran la normativa ambiental y urbanística”.
Según Greenpeace, tan sólo en Andalucía, el holding de Losada ha estado implicado en cuatro casos más de ese “desprecio” a la protección del medio ambiente. Es el caso de Costa Ballena (Cádiz), donde construyó, explican los ecologistas, un hotel en un conjunto de arroyos y humedales que obligó a modificar el plan urbanístico de Rota. También en la provincia de Cádiz, en el municipio de Tarifa, aseguran que proyectó un complejo residencial de lujo frente a la playa de Zahara de los Atunes con un “gran impacto social y ambiental”, según palabras de Greenpeace.
En Estepona, hubo que modificar un proyecto que pretende construir el mayor centro comercial de España por afectar a una zona protegida. El plan fue aprobado por un alcalde encarcelado en el caso Astapa. Además, un socio de Losada, Juan María López, está implicado en el caso Malaya.
Las raíces de la Gürtel se hunden en casos de recalificaciones de suelo en Majadahonda o en Boadilla del Monte, donde se diseñó un plan para construir más de 200 chalés en un bosque de 1.500 encinas centenarias. El entonces alcalde, Arturo González, fue imputado en la Gürtel, mientras que el arquitecto lo fue por fraude fiscal, blanqueo y estafa.
Por último, en la Comunidad de Castilla y León, Azata se vio implicada en el Caso Las Malotas, donde se recalificó un suelo destinado a VPO con la intención de convertirlo en un polígono industrial.
Según el subdirector de Azata, el informe “busca condicionar las próximas resoluciones judiciales pendientes”, asegurando que su empresa no tiene “nada que ver” con el caso de Costa Ballena ni con el de Tarifa. Se trata de “un informe plagado de falsedades que tendrá consecuencias judiciales”, afirma.
