Las siete razones de la Junta para apoyar la huelga y oponerse a la Ley Wert
El Gobierno andaluz decidió ayer sumar su granito de arena a los tres días de protestas convocados esta semana por estudiantes, padres y profesores. Anunció que va a solicitar la convocatoria de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, para forzar una nueva discusión sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como la Ley Wert, e intentar así frenarla.
La norma, aún un proyecto de Ley que pasa ahora mismo por el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados, cuenta tan sólo con el respaldo parlamentario del Partido Popular, mientras que el resto de los grupos representados en la Cámara, por primera vez en la historia parlamentaria española, han cerrado un pacto para derogar la Ley en cuanto el PP pierda su mayoría absoluta en el Parlamento.
“La ley anterior contó con el apoyo de todos los grupos excepto el Partido Popular, en esta oación sale exclusivamente con los votos del PP y el voto en contra de la totalidad del resto de los grupos políticos”, afirma el portavoz de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Vázquez antes de lanzar un guiño a estudiantes, profesores y padres: “Viendo como es la Ley, se entiende que haya una protesta social importante”.
Estos son los siete argumentos de la Junta de Andalucía para oponerse a la Ley Wert:
1. Supone un retroceso, y una marcha atrás en el sistema educativo público y nacional.
2. Altera el marco competencial vigente, al ampliar las atribuciones del Estado y reducir drásticamente las de las comunidades autónomas. La LOMCE, asegura Vázquez, golpea frontalmente contra el Estatuto de Autonomía, especialmente contra los artículos 21 y 52.
4. Afecta a los derechos y competencias recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, “especialmente los vinculados a la garantía del principio de igualdad, al carácter compensatorio de la educación andaluza, y a materias relacionadas con la evaluación”, explican desde el Gobierno autonómico.
5. Vulnera derechos fundamentales, asegura el portavoz de la Junta, ya que “tiene un sesgo ideológico claro, muy conservador”.
6. Apuesta por un concepto mercantilista de la educación, por la educación privada en detrimento de la educación pública, por la segregación temprana del alumnado, y por los obstáculos para la promoción de los alumnos, especialmente a través de las reválidas.
7. Prima excesivamente la competitividad entre los centros, “lo que va a generar una educación desigual y muy dual, que irá en prejuicio de los más desfavorecidos”, dice Vázquez.
En definitiva, según explicó ayer su portavoz, el Gobierno andaluz se opone “frontalmente” a la Ley Wert por dos causas fundamentales: atenta contra sus competencias, e impone un modelo educativo “elitista” que “supone una ruptura con los criterios de calidad y de equidad que inspiran el modelo educativo público de Andalucía”.
La Junta de Andalucía espera contar con el apoyo de los gobiernos autonómicos de Asturias, Canarias, y Pais Vasco, para obligar al PP a debatir jnuevamente el Proyecto de Ley en la Comisión General de CCAA del Senado con el objetivo de intentar así convecer al Gobierno de que un pacto aún es posible. Sin embargo, el portavoz de la Junta aseguró tras la reunión del habitual Consejo de Gobierno de los martes que por un lado, “va a exprimir al máximo los márgenes para mantener” su sistema educativo y “minimizar así los efectos” de la LOMCE.
Y, por otro, que los técnicos de la Consejería de Educación ya estudian el texto de la Ley Wert en busca de artículos “que puedan ser contrarios a la Constitución” con la idea de interponer un recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional.
