El juez rechaza desalojar a una familia tras siete meses de “okupas” en su propia casa
La pesadilla que desde hace varios años vive una familia desahuciada de su casa en el barrio cordobés del Campo de la Verdad ha tenido al fin un respiro. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha decidido dejarles vivir en su casa hasta que se celebre el juicio en el que se enfrentarán a un delito de ocupación, al haber vuelto a su hogar a los pocos días de que fueran lanzados de allí sin previo aviso en octubre pasado.
Pero hasta entonces, José Manuel Mengíbar y Lourdes Castro, junto con sus dos hijos de 9 y 12 años, podrán seguir en su propia casa tras siete meses “viviendo de okupas, pensando cada día que van a venir a echarnos”, señala él. “Al menos tenemos unos meses de respiro”, celebra Mengíbar, que explica la “angustia” con la que esta familia ha vivido los últimos meses.
La empresa propietaria de su casa tras el desahucio, Propiedades Residenciales, había interpuesto una denuncia por la ocupación de la vivienda después de la vuelta de sus inquilinos y pedía además, como medida cautelar hasta la celebración del juicio que aún no tiene fecha, que se echase de la casa a la familia. Ahora, con la decisión del juez, José Manuel y Lourdes intentan “seguir una vida normal, con nuestros hijos y en nuestra casa”, al menos hasta que haya una sentencia sobre el delito de ocupación.
Propiedades Residenciales, firma con sede en Luxemburgo, pide para ellos una multa de 12 euros al día durante seis meses por el delito de ocupación, más 2.980 euros por los posibles daños que hayan podido ocasionar al volver a la que oficialmente fue su propia casa hasta octubre. La Fiscalía rebaja esta petición a 3 euros diarios durante tres meses.
Un desahucio exprés sin respuesta del banco para un acuerdo
La pareja se quedó sin trabajo en 2009 y fue entonces cuando empezaron a no poder hacer frente a un préstamo de 72.000 euros del Banco Santander para realizar una reforma en la vivienda. Siguieron pagando todos los recibos de servicios de la casa y los gastos del día a día de la familia, pero dejaron de abonar las cuotas del préstamo que ascendían a unos 500 euros al mes. Pese a los intentos de llegar a un acuerdo con el banco para ver el modo de pago de los 60.000 euros que les restaban e incluso de realizar un esfuerzo para ingresar 1.500 euros, finalmente se quedaron sin su casa y ésta fue a parar a manos de la firma Propiedades Residenciales.
En julio de 2012 hubo una primera orden de lanzamiento, qu lograron frenar con el apoyo de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba. Sin embargo, el 19 de octubre del pasado año, sin previo aviso, tres funcionarios del juzgado se personaron en la vivienda y comunicaron a Lourdes que debía abandonar su casa en ese momento. Sola, tras dejar a los niños en el colegio y con su marido en un curso de formación para desempleados, se vio obligada a recoger en unas bolsas lo poco que pudo y a salir de su hogar. En ese mismo momento, se procedió a cambiar la cerradura de la vivienda.
La familia se vio en la calle de este modo pero, a los pocos días y tras el aviso de un vecino que había encontrado abierta la puerta de la casa, José Manuel y Lourdes decidieron volver allí ante el temor de que alguien entrara y les robara todo lo que tenían y que habían tenido que dejar allí tras el desahucio exprés.
Desde entonces, la pareja cuenta cómo han intentado llevar una vida normal a lo largo de estos más de siete meses, pese a la situación que viven y al aborto que sufrió Lourdes a la semana del desahucio, embarazada entonces de casi tres meses. La prestación de 426 euros que recibían se les acabó en enero pasado y un mes después, Lourdes encontró trabajo como limpiadora que, de momento, es el único ingreso que percibe la familia. La empresa propietaria de la vivienda no ha domiciliado a su nombre ninguno de los recibos de luz o agua de la casa, que siguen pagando como siempre José Manuel y Lourdes.
Buscando soluciones
Durante todo este tiempo, han tenido el apoyo y la asistencia de la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba que “en todo momento nos han ayudado y no han dejado de estar pendientes de nosotros”, cuenta Menjíbar. Precisamente, de la mano de su abogada, han solicitado la nulidad del proceso de desahucio basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que recientemente ha declarado que la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias viola la normativa comunitaria de protección de los consumidores.
De modo paralelo, han solicitado también a la Junta de Andalucía que expropie el uso de su vivienda a la empresa Propiedades Residenciales durante tres años para vivir allí pagando un bajo alquiler, de acuerdo con el Decreto ley de la función social de la vivienda aprobado el pasado mes de abril.
De ambos procesos están pendientes aún José Manuel y Lourdes pero, de momento, gracias a la resolución del juez que rechaza desalojarles de su casa hasta que se celebre el juicio por su ocupación, la pareja y su familia cuentan con una tregua.
