El laberinto de más de 1.200 empleados públicos del Servicio Andaluz de Empleo sin tareas
El Parlamento de Andalucía planteará en el pleno que empieza el próximo miércoles la convalidación del decreto ley aprobado el pasado 15 de marzo en Consejo de Gobierno y que modifica la Ley 2/2015 de medidas urgentes para generar empleo y los decretos ley sobre los programas para ello. Tiene un eje fundamental, que es flexibilizar las condiciones para que los consistorios puedan participar en estos programas, pero incluye una disposición adicional para dar funciones a todo el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que se ha incorporado a la agencia básicamente a golpe de sentencia y que ha hecho que este organismo no sólo tenga trabajadores regulados por hasta 13 convenios colectivos diferentes, sino que haya más de 1.200 aún sin tarea.
Precisamente, es en esta disposición adicional donde algunos grupos parlamentarios de la oposición han planteado sus dudas mientras los sindicatos han levantado la voz porque se “ha colado” sin consultarlos, pese a que hay un grupo de trabajo con la Dirección General de Recursos Humanos y Administración Pública en el marco de la mesa sectorial, y que precisamente tiene convocada su segunda reunión para el mismo día en que se debate en pleno la propuesta.
Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio explican que se ha tenido que hacer de esta forma “por la urgencia” para desbloquear los programas y sostienen que las funciones que se han previsto están “perfectamente estudiadas” para no entrar en las potestades administrativas que sólo tienen los funcionarios, es decir, para evitar “quitar” trabajo a los miembros de la función pública. Porque, por un lado, están las críticas que desde los sindicatos se han hecho a la política de recursos humanos de la Junta de Andalucía, con vías para “permitir el enchufismo”, y por otro, la realidad con la que se ha topado la propia administración y es haber tenido que meter en el SAE a cientos de trabajadores, en muchos casos, por decisión de los tribunales.
Está el personal de los consorcios escuela (167), que mientras se mantenga su financiación, tienen sus tareas habituales.
Pero también los 182 exasesores laborales del plan Memta, que desapareció cuando el Gobierno de la Nación dejó de financiarlo.
Hay que sumar los 74 ALPE que la Junta de Andalucía reconoce ya haber incorporado por decisión de los tribunales, o sea, personal que antes estaba en las Utedlt (unión territorial de empleo, desarollo local y tecnológico) también eliminadas por imposición del Gobierno de la Nación. La cifra se puede multiplicar por 10 cuando se cumplan todas las sentencias de readmisión.
Y, sobre todo, los 1.137 trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya gestión es objeto de una investigación en los tribunales en el marco de la causa por el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo. Estos últimos son el grueso de los que no tienen tarea aún por no haber un catálogo de puestos de trabajo, pese a que paradójicamente los sindicatos dicen que hay oficinas del SAE en las que “sólo hay un par de funcionarios”, consecuencia, aseguran, de la “falta de planificación”.
Tres claves para contexto
Tenemos pues cuatro elementos: la urgencia de la Junta de Andalucía para que empiecen a funcionar unos planes de empleo aprobados en 2015, la necesidad de solucionar la situación de cientos de trabajadores que han pasado a ser personal laboral propio del SAE y que no tienen tarea y, paradójicamente, la falta de dotación de las oficinas de este servicio público en la comunidad autónoma con más paro. Todo ello, en un contexto en el que los sindicatos acusan la falta de diálogo, y aseguran haberse enterado de la propuesta por su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 22 de marzo.
El presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía del CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, entiende que “han metido un párrafo para colar poco a poco a esta gente”, lo que le parece “una barbaridad”. Está a la espera de lo que se plantee en la reunión del “grupo de trabajo para hablar de las oficinas del SAE”. En este contexto, insiste en que “hay que tener muy claras las potestades administrativas de los funcionarios”.
La intención de su sindicato “es que se hable de las necesidades y de la RPT (relación de puestos de trabajo)”, pero con lógica. “Hay necesidades que cubrir con puestos de trabajo en el SAE, pero hay que salvaguardar la limpieza en la forma de seleccionar, y la única manera es una oferta pública de empleo. No queremos que nadie se quede sin trabajo, pero sí que se regularice. También para que la atención a la ciudadanía sea la mejor posible”. Y concluye: “Si hay tantas sentencias es porque falla la política de recursos humanos de la Junta de Andalucía”.
En términos parecidos se expresan desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), cuyos servicios jurídicos están estudiando el texto. Su presidente, Carlos Sánchez, anuncia que van a estudiar medidas contra esta disposición adicional. La primera, ponerse en contacto con los grupos parlamentarios para manifestar su criterio. Se oponen radicalmente y recuerdan que este problema “lo ha generado la Junta de Andalucía” por no haber sacado los puestos de trabajo con oposiciones. Ha recordado que la RPT está a la mitad y “se inventan historias raras para contratar sin respetar el principio de igualdad de oportunidades”.
Igualmente, insiste en que el problema está en darle funciones a esta plantilla pero que no sean potestades públicas de los funcionarios. “Ellos verán lo que pueden darle como tarea”, prosigue. “No ponemos en duda su cualificación profesional, pero tampoco sabemos si son los mejores porque no ha habido unas oposiciones en las que todos pudieran participar”, apostilla. Y concluye también haciendo referencia a la calidad del servicio: “Se trata de ofrecerle garantías a los ciudadanos, porque el funcionario es el garante de sus derechos y tiene esa responsabilidad”.
Desde CCOO-A, Agustín de la Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, también lo ha conocido por el BOJA. “No nos parece correcto meterlo en una cosa que no tiene nada que ver. Estamos de acuerdo con que todo el mundo tiene que tener funciones, pero no se puede solucionar con un párrafo como han metido de rondón y que deberían quitar. Hay un grupo de trabajo sobre las potestades administrativas y sería un sitio para haberlo presentado”, remarca.
En esta línea, no descarta que “se líe todavía más la cosa”. Igualmente, insiste en que si no se consigue negociar una Ley de Función Pública, “por lo menos se definan las potestades administrativas y sabremos qué cosas pueden realizar los funcionarios, cuáles el personal laboral y cuáles el resto, que las hay también”. En su opinión, “no es tan difícil, pero de momento no hay diálogo social, sino leyes que sacan y luego te preguntan la opinión”. Es más, este sindicato, que también tiene previsto reunirse con los grupos parlamentarios, entiende que sería recomendable “quitar esa parte” del decreto ley y negociarla.
Menos beligerante es UGT-A. La secretaria de Administración Autonómica y Servicios a la Comunidad de la Federación de Servicios Públicos de esta organización, Esperanza Morales, recuerda que tuvieron “trámite de comparecencia del decreto ley respecto a las medidas de los planes de empleo”, pero no para este tema. En todo caso, apunta: “Mientras no ataque las potestades públicas para funcionarios, lo vemos bien. Para ganar dinero público entendemos que hay que trabajar”, ha remarcado, si bien prefiere esperar porque “el decreto ley no está convalidado todavía”.
Las funciones que les otorga
Cabe recordar que, tal y como informó eldiario.es/andalucia, el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno prevé para estos trabajadores las siguientes funciones, entre otras: prestación de servicios para estos programas en inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales; diseño de itinerarios; asesoramiento y ayuda técnica adicional para la definición de su currículo y la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo; gestión de las ofertas y anuncios de empleo; información sobre la contratación; y apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente. Igualmente especifica claramente que “las funciones relativas a la gestión de registros administrativos de documentos y dación de fe pública quedan reservadas al personal funcionario”.
Este decreto ley es consecuencia de una proposición no de ley aprobada el pasado mes de febrero en el Parlamento de Andalucía por iniciativa de C's y el PSOE-A, pero en cuyo texto sólo se hacía referencia a la necesidad de cambiar las condiciones para los planes de empleo. En este contexto, C's no ha informado todavía de si le parece bien que se haya incluido esta disposición adicional, que en cambio, fuentes del PP-A manifiestan que están estudiando “detenidamente”, porque le surgen “dudas”. Mientras, desde IU, José Antonio Castro, tras apuntar también que su grupo parlamentario no está todavía convencido, insiste en la situación a la que ha llegado el SAE, “donde va a parar todo”. En esta línea, manifiesta: “Todo esto es una chapuza como un piano. Llevamos tiempo diciendo que el SAE necesita una pensada. El órgano gestor de las políticas activas de empleo y la formación profesional carece de planificación y va a salto de mata”.
