Tres resoluciones sobre el fraude de formación que desinflan la trama política y tres preguntas en el aire
En menos de dos meses la tesis de la trama política detrás del supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo de la Junta de Andalucía -lo que habría hecho diferente esta causa de las investigaciones en otras nueve comunidades autónomas- se ha visto prácticamente desmontada por tres resoluciones que han hecho perder fuelle a esta tesis, defendida a capa y espada principalmente por el PP-A, mientras el PSOE-A insistía en que el caso es un “bluf”.
Los pronunciamientos conocidos las últimas semanas de un juzgado de Jaén, de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas van más en la línea de exculpar a los cargos públicos en Andalucía que se han visto salpicados por un mayor eco mediático del caso en este territorio. De hecho, aquí el foco se puso en los políticos, a raíz de la operación Barrado de la Guardia Civil que supuso la detención de decenas de ellos, y no sólo en los beneficiarios de las subvenciones como en el resto de regiones.
Tribunal de Cuentas: no hay menoscabo de fondos públicos
La última que se ha conocido es la resolución del Tribunal Cuentas fechada el 19 de julio, un acta de liquidación en la que desestima la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a unas presuntas deficiencias en esta gestión, que se basaron en el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de los años 2009 y 2010 que sirvió para iniciar el caso. En dicha resolución se subraya que “no existen ni menoscabo de fondos públicos ni ilícitos penales en la gestión de la formación”. Es más, este órgano reprende duramente a la Cámara de Cuentas de Andalucía por su pronunciamiento.
Fiscalía Anticorrupción: no hay delito en las exoneraciones
Una semana antes se conocía un auto de la Fiscalía Anticorrupción que también avala la tesis de la Junta de Andalucía de que no hay delito en las exoneraciones que permitían la concesión de nuevas subvenciones sin haber verificado previamente que los beneficiarios habían justificado correctamente otras partidas recibidas. De este modo, asume que no se está librando a ningún beneficiario de este deber, sino que “los datos que obran en la causa” muestran que las entidades “ya habían justificado” y estaba “pendiente” de que comprobara que todo era correcto el órgano gestor, en este caso, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El escrito del Ministerio público está fechado el 6 de julio y rechaza el recurso que presentó el PP-A contra la providencia en la que la titular de Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, que dejó sin efecto el auto de 15 de junio de 2015 en el que su predecesora Mercedes Alaya “ordenó unas imputaciones basándose en los indicios obtenidos de la operación Barrado”.
Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén: archivada la causa
Pero sin duda, la más contudente fue la decisión del pasado 15 de junio del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén de archivar la causa en la que estaban implicados hasta 15 cargos públicos de la Junta de Andalucía. Ha sido la primera vez que un juez -y en todo indica que no será el último- se pronunciaba en contra de la teoría que se había establecido como una pesada losa sobre la Junta de Andalucía de que se creó un sistema para permitir el uso fraudulento de estos fondos públicos.
“No existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones (...) fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración”, reza su auto.
Estas resoluciones se conocen cuando quedan pendientes varias cuestiones. Entre otras, las siguientes tres:
¿Habrá más archivos en los juzgados?
El presumible archivo por parte de la jueza María Núñez de la parte política del caso en septiembre, previsión que también ha trascendido dentro de la tendencia que se ha impuesto de filtrar con antelación qué van a hacer los tribunales. Esta pieza afecta a 24 exdirigentes del SAE, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los exdelegados del ramo en las ocho provincias.
Eso sí, ésta es la situación en Jaén y en Sevilla, por el momento, porque en la provincia de Huelva, el Juzgado de Instrucción número 5 sí ha optado por procesar a seis altos cargos y técnicos de la Junta de Andalucía por el supuesto fraude, comenzando por el exdelegado provincial de Empleo Eduardo Muñoz. Se da la circunstancia de que fue la Intervención Provincial de Huelva la que destapó el caso con un informe contundente a finales de 2012 donde se hablaba de menoscabo de fondos públicos, si bien no saltó a la prensa hasta meses después.
¿Hay responsabilidades políticas?
Por otro lado, está pendiente de ver cuál es el papel de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas en este caso, la única que se ha puesto en marcha por la presión de la mayoría de la oposición contra el PSOE-A, que en principio se oponía a ello.
En este sentido, los cinco grupos con representación en el Parlamento de Andalucía, e integrantes de esta Comisión de Investigación que ha pospuesto a septiembre las propuestas de dictamen, han mostrado en las últimas horas diferentes perspectivas sobre qué papel le queda si los juzgados están eximiendo precisamente de responsabilidad a los políticos.
El PSOE-A lo tiene claro: se oponían a esta comisión de investigación y creen que el tiempo les ha dado la razón porque no tiene sentido cuando la Junta de Andalucía ha sido víctima del abuso por parte de determinados beneficiarios de las subvenciones. Su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha reconocido cierto desorden en la gestión de estos fondos públicos -como ha quedado en evidencia durante las decenas de testimonios en la comisión de investigación- pero lo limita a “irregularidades administrativas”.
Frente a los socialistas, la oposición. Desde IU, Antonio Maíllo, cree que tras haber citado a 69 comparecientes, de los que dos dieron plantón a la comisión de investigación y nueve se negaron a declarar, hay información suficiente para buscar responsabilidades políticas. “Una cuestión puede ser absuelta desde el punto de vista jurídico y ser impresentable políticamente”, ha resumido. “Una cosa son los estudios judiciales y otra la depuración de responsabilidades políticas”, apunta por su parte Marta Bosquet (C's). Parecido opina Carmen Crespo (PP-A): “Independientemente de las decisiones judiciales (...), aquí hay responsabilidades políticas, porque hay algo que a nadie se le escapa (...) pues todo el mundo sabe en qué se gastaba el dinero de la formación”. Y Carmen Lizárraga, de Podemos, abunda en lo mismo: “Que unos, la Justicia, hagan su trabajo por un lado, y se permita también que otros hagamos nuestro trabajo por otro”.
¿Por qué se paralizó la formación?
La tercera cuestión queda en el aire. Desde la última convocatoria en 2011, la Junta de Andalucía no ha vuelto a convocar subvenciones en la materia. De hecho, tras varios plazos incumplidos en los que prometió retomarlas, no ha sido hasta el pasado mes de junio cuando ha publicado la orden por la que se regirán las nuevas convocatorias, previstas este año. De momento, nOa han sido convocadas las subvenciones, sólo la orden con el nuevo marco que las regulará.
Que durante cinco años no haya habido subvenciones para este sector en la comunidad autónoma con más paro pesa sobre los responsables de la Junta de Andalucía. La propia presidenta, Susana Díaz, ha reconocido en la Comisión de Investigación que decidió continuar con el parón hasta que se aclarara la situación ante, también, previsibles críticas políticas si se hubiera vuelto a convocar sin esclarecer las dudas. Pero esto ha supuesto que la comunidad autónoma haya renunciado estos años a casi 800 millones de euros en transferencias del Gobierno de España para la formación.
Los procedimientos están siendo lentos y todavía no hay convocatoria. Esto, sumado al nuevo plazo que se da de hasta seis meses para resolver las peticiones, augura que, con toda probabilidad, los centros de formación no las recibirán hasta 2017. Por tanto, 2016 habrá sido otro año en blanco en la materia.
