Los retos de la Memoria Histórica en Andalucía para 2016 pasan por la aprobación de la Ley
“Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar”, escribía el poeta Antonio Machado. Algo así asume la Memoria Histórica en Andalucía. Como reto, seguir caminando, seguir creciendo en 2016. Construir la reparación sobre las patas troncales que aportan verdad y justicia a las víctimas del franquismo: abrir las fosas comunes e investigar y difundir qué ocurrió desde estallido militar de 1936.
Y culminar la ley andaluza, el marco legal que servirá de base para afianzar las políticas de memoria. El compromiso con los derechos humanos, al cabo, de la Junta de Andalucía y de ahí al resto de instituciones públicas. Y, como siempre, del movimiento ciudadano por la recuperación memorialista.
Tras un 2015 de transición, el nuevo año entra con un refuerzo del apoyo público a nivel regional. Un paso más, aunque no sea de gigante, que alcanza el ámbito presupuestario. Es el planteamiento y el proyecto de la Dirección General de Memoria Democrática, inserta ahora en la consejería de Cultura. Una “incardinación” que no debe entenderse como “tangencial”, señalan desde la propia cartera, sino como parte imprescindible del acervo cultural, del conocimiento de la historia y la memoria de un pueblo.
Desenlace definitivo para la ley andaluza
La Ley de Memoria Democrática de Andalucía es el reto anual número uno. Y así lo asume Cultura, con el foco en su puesta en marcha y desarrollo. Después de atascarse desde su presentación como anteproyecto y de que haya pasado un año completo sin que entre en el Parlamento de Andalucía… 2016 se presenta como el curso del desenlace definitivo.
Habrá debate en la Cámara regional. Los diferentes grupos políticos con representación en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas –PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU– decidirán qué enmiendas incluye el texto legal y, finalmente, su aprobación. O rechazo, llegado el caso.
No quedan en el olvido las fosas comunes del franquismo. La elaboracion de un Plan Andaluz de Exhumaciones es el objetivo primordial para cumplir uno de los más elementales derechos humanos, la médula del movimiento de recuperación de la Memoria Histórica: exhumar a los asesinados por fuerzas golpistas.
Una virtud institucional que, en este caso, la Junta de Andalucía asume casi como desafío solitario -Euskadi acaba de firmar un plan para abrir fosas- en un país que hace años que da la espalda a quienes sufrieron delitos de lesa humanidad. Recuperar a los desaparecidos forzados fue una de las principales recomendaciones de la ONU a España cuando señaló los “vacíos” institucionales en materia de verdad y justicia.
Más exhumaciones en 2016
En la comunidad andaluza hay más de 600 fosas en las que estarían sepultados miles de ejecutados por el terror franquista. La región emprende con recursos propios la tarea de recuperar sus restos óseos. Como “deber del Estado”, eludiendo la 'privatización' de las exhumaciones que criticaba en su informe el Relator Especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff.
Y, en 2016, la dirección general de Memoria acelera el ritmo de trabajo. La idea es llegar a intervenir una cifra superior a los 20 enterramientos ilegales de represaliados. Ya en la segunda mitad de 2015 hubo un tirón a los procesos exhumatorios, con una decena de proyectos que sacaron de la tierra a más de un centenar de personas.
Las tareas de indagación, localización, delimitación y trabajo arqueológico final de sepulturas ilegales serán completadas con una “mejora” del Mapa de Fosas. La creación de un Banco de ADN en colaboración con la Universidad de Granada será otra de las iniciativas punteras del curso, unida a la atención y asesoramiento a las víctimas y familiares de la Guerra Civil y la dictadura. En esta línea, la reanudación del Catálogo de Lugares de Memoria aparece como otra de las metas.
La Consejería de Cultura busca además dar un “impulso” a la recuperación de la Memoria Democrática en Andalucía mediante el desarrollo de actividades de investigación y difusión, incluidas jornadas, publicaciones, seminarios y otras labores divulgativas. Se trata de mostrar qué ocurrió desde el estallido militar golpista que destruyó la legalidad republicana y hasta la llegada de la nueva democracia parlamentaria. Educación social como otro de los retos fundamentales.
Andalucía, en los últimos años, se mantuvo como una de las únicas comunidades autónomas que destinaban subvenciones a este tipo de proyectos. Con el año en blanco que supuso el ejercicio 2015 y tras haber recuperado las ayudas pendientes de 2014, el compromiso queda renovado con una convocatoria 2016 que reanudará estos trabajos por parte de colectivos civiles y entidades públicas. Salvo que se incumplan todos los pronósticos.
