Las claves del saqueo de 7,8 millones de la caja municipal de San Fernando

Una inspección rutinaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía y los servicios de Tesorería e Intervención del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) desveló el 1 de abril de 2009 una serie de irregularidades en la caja municipal que implicaban la desaparición de cientos de miles de euros de las hojas contables. El Consistorio, dirigido por el andalucista Manuel María de Bernardo, denunció de inmediato los hechos ante la Policía Nacional, que procedió a la detención de los dos cajeros del Ayuntamiento como presuntos autores materiales de un desfalco que las investigaciones judiciales han situado en 7,8 millones de euros. En paralelo al enjuiciamiento penal del caso, el Tribunal de Cuentas celebra ahora el juicio para determinar cómo pudo desaparecer dinero público durante siete años sin que nadie se diese cuenta y quién o quiénes son los responsables del robo que indignó a los isleños.

1. Los principales implicados

Desde que el Ayuntamiento puso el caso en manos de la Policía, todas las acusaciones apuntaron al funcionario responsable de las cuentas locales, Clemente Ruiz, y a su compañera María José Lebrero. Ruiz fue encarcelado y puesto en libertad bajo fianza en 2009. Es la única persona que ha estado en prisión por la causa.

2. Modus operandi

El auto de prisión por el que se encarceló a Clemente Ruiz desvelaba una supuesta trama para hacer desaparecer dinero de la caja municipal en grandes cantidades desde 2003. Según ese documento, Ruiz falsificaba documentos para retirar el dinero y después lo registraba en la contabilidad de su propia empresa privada, una inmobiliaria.

Según la versión defendida por el acusado ante la Cámara de Cuentas, él fue el que detectó los problemas de la contabilidad y avisó a sus superiores, que no le hicieron caso, evidenciando la dejadez que existía en el control de las cuentas locales y la responsabilidad de los interventores y la tesorera a la hora de controlar el dinero de la caja.

La Cámara de Cuentas detectó, entre otras irregularidades, documentos duplicados o elaborados con posterioridad a la fecha que decían tener, impuestos municipales cobrados por caja sin haber practicado la liquidación tributaria, y documentos de pago sin la firma del ordenador del pago.

3. Un desfalco millonario

Según el informe elevado por la Cámara de Cuentas al Tribunal de Cuentas, el importe exacto del desfalco es de 7.790.515 euros, a lo que se suman intereses por valor de 1.681.755 euros, lo que eleva la cifra de liquidación provisional a 9.472.270 euros.

4. Dinero para allegados y un alto tren de vida

Según la investigación policial, el dinero sustraído, que no se ha localizado, pudo servir para sostener el alto tren de vida del acusado Clemente Ruiz y de una familia isleña de origen marroquí con la que el cajero tenía una relación muy íntima.

Ruiz ha asegurado haber recibido ingresos de una herencia y de su negocio inmobiliario, mientras que la Policía sospecha que él repartía dinero entre miembros de esta familia marroquí, que celebraron suntuosas bodas a gastos pagados en Ceuta, compraron coches de lujo y se sometieron a tratamientos de estética, entre otros servicios. El informe policial señaló que, durante los años del desfalco, esta familia vivió muy por encima de sus rentas. Llegó a gastar 2,4 millones de euros y podría haber ayudado a blanquear el dinero robado de la caja. Todo acabó el 1 de abril de 2009.

5. Quiénes responden ante los tribunales.

Los dos cajeros municipales, Clemente Ruiz y María José Lebrero, hacen frente a la demanda del Ayuntamiento de San Fernando, a la que se sumó la Fiscalía, como responsables directos del desfalco. Pero no son los únicos. La Cámara de Cuentas, al igual que los informes policiales del caso, evidencian que la caja municipal de San Fernando estaba fuera de control. Fallaron los mecanismos de control y vigilancia del capital, por lo que en el Tribunal de Cuentas también se verán las caras diferentes personas que pudieron tener una responsabilidad indirecta y subsidiaria en el caso: los dos últimos alcaldes de la ciudad, Antonio Moreno (PA) y Manuel María de Bernardo (PA); el anterior interventor de las cuentas municipales, Rafael Monzón; el interventor en funciones, José Antonio López; y la tesorera, María Virtudes Gómez.

El Tribunal de Cuentas debe determinar si esta cadena de mando tiene responsabilidades contables directas y subsidiarias en el caso, y si deberán hacer frente al pago de la cantidad desaparecida. La investigación auspiciada por la Cámara es paralela a la instrucción penal que se desarrolla en el juzgado número dos de San Fernando.

6. Las implicaciones políticas

El desfalco ha formado parte de la vida política de La Isla durante los últimos tres años y ha tenido repercusiones, al menos indirectas, en el Gobierno local. Manuel María de Bernardo (2005-2011) perdió las últimas elecciones municipales frente a José Loaiza (PP) en una campaña en la que el robo tuvo un gran protagonismo: “Ha sido un suceso triste que se descubrió tarde, pero se descubrió”, repitió De Bernardo durante la campaña. Finalmente, PP y PA pactaron para formar gobierno y el exalcalde es ahora concejal. El histórico andalucista Antonio Moreno, regidor de La Isla entre 1990 y 2005, trabaja como profesor y está alejado de la política pese a sus coqueteos con Javier Arenas y el PP antes de las últimas elecciones municipales.