El Gobierno reconoce que incumple el reglamento sobre asistencia sanitaria a extranjeros en varios CIE
El Gobierno español reconoce abiertamente que no está cumpliendo con el reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), en concreto sobre asistencia sanitaria y psicológica a los inmigrantes. Pese a que la normativa obliga a la “separación del resto de los internados” de extranjeros que presenten enfermedad física o psíquica, el Ejecutivo señala que sus centros de Algeciras y Tarifa no disponen de dependencias específicas para extranjeros que la sufran.
“En el Centro de Algeciras no se dispone de dependencias habilitadas para la permanencia de personas internadas por razón de su enfermedad física o psíquica”, señala el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita de la senadora andaluza de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Maribel Mora“, detallando que ”en el supuesto de que fuese necesaria la separación temporal de algún interno/a por razones médicas, de acuerdo con el criterio del servicio médico del Centro, se utilizarían las habitaciones libres existentes en el módulo C“.
El Gobierno añade que se da la misma situación en La Isla de las Palomas, lugar al que son dirigidos la mayoría de inmigrantes rescatados de las pateras llegadas a las cosas gaditanas. “En el anexo de Tarifa, no se dispone de dependencias habilitadas para la separación de personas internadas con una enfermedad física o psíquica, si bien hasta la fecha no se ha registrado internamiento de personas en esa situación”, dicen en el mismo escrito de respuesta, fechada este 27 de abril.
El reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros dice en su artículo 7 ('Instalaciones y medios básicos') dice en su punto 4 que en este tipo de centros “existirán las dependencias necesarias para la permanencia de los extranjeros internados que, según el informe emitido por el facultativo, aun no requiriendo atención hospitalaria en razón de la enfermedad física o psíquica o toxicomanía apreciada en su reconocimiento, aconseje su separación del resto de los internados”.
Medidas urgentes “sin cumplimentar”
El reconocimiento por parte del Gobierno llega poco después de trascender un contundente auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional en ambos centros, donde requiere a sus directores y al Ministerio del Interior que lleven a cabo 31 medidas urgentes. El escrito judicial se produce cinco meses después de otro auto donde ya denunciaba condiciones propias de un “régimen carcelario” en estos CIE. Según la jueza, “la gran mayoría de ellos” de aquellos requerimientos ordenados siguen “sin cumplimentar”.
En el aspecto sanitario, entre las medidas urgentes requerida por la jueza de Aalgeciras se encuentra la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.
La respuesta del Gobierno y el auto de la jueza llegan después de que el ultimo informe de la Defensora del Pueblo Español, publicado en febrero, criticara en varios pasajes las condiciones de las personas que son internados en los CIE (traumatizados por naufragios, víctimas de trata, o menores), recogiendo en concreto “las deficiencias que apreciaban en la asistencia sanitaria que se presta” en Algeciras y Tarifa según varias asociaciones, que dieron traslado de esta cuestión a la Defensora y que también denunciaban “la falta de dotación de personal suficiente”.
Un médico para 3.101 personas internadas
La Defensora del Pueblo Español señalaba en su informe que, en la actualidad, el servicio de asistencia sanitaria del CIE de Algeciras se encuentra bajo la responsabilidad de un médico, auxiliado por dos enfermeros. Por su parte, en el anexo de Tarifa, el servicio de asistencia sanitaria se compone de un médico y un enfermero. En el CIE de Algeciras fueron internadas 3.101 personas durante 2016.
“En relación con las pruebas médicas que se realizan para determinar si el interno padece enfermedades de tipo físico o psíquico, se informa de que por parte del servicio sanitario se lleva a cabo una anamnesis (historia clínica) completa y en los casos en que se requieran pruebas complementarias o asistencia médica especializada, se derivan a los centros de salud de referencia”, recogió la Defensora.
La propia Defensora también señaló que la Administración ha comunicado que la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones ha aprobado la dotación presupuestaria para la creación de siete plazas de médico pertenecientes a la Administración General del Estado para los CIE. La Dirección de la Función Pública ha aprobado igualmente la convocatoria del correspondiente concurso específico para realizar su cobertura en fechas próximas, apuntó la Defensora.
Un protocolo rechazado para los llegados en patera
Se da la circunstancia de que la propia Defensora del Pueblo Español solicitó en junio de 2016 la intervención del Ministerio del Interior “para que los supervivientes de naufragios reciban atención psicólogica, dado que son víctimas y esta condición debe primar respecto de la de inmigrantes irregulares”. En la recomendación pidió “elaborar un protocolo de actuación para los supervivientes de naufragios de pateras que hayan sido rescatados que incluya una asistencia psicológica especializada para estas personas”, señalando que dicha asistencia “podría ser incorporada al acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja”.
“La naturaleza jurídica de los centros de internamiento, su finalidad y las previsiones establecidas en la normativa para la atención sanitaria de las personas que ingresan en los centros de internamiento de extranjeros, no parece compatible con las necesidades de tratamiento médico y psicológico que precisan los supervivientes de un naufragio”, pidió la Defensora tras recibir un escrito sobre las actuaciones que se realizaron tras la llegada de una patera al Puerto de Arguineguin (Las Palmas) el 7 de febrero de 2016 con 42 personas a bordo.
Esta recomendación de la Defensora, que también se incluía en el informe anual y que el Gobierno finalmente rechazó, según indica a este periódico la propia senadora Maribel Mora, también se abrió a raíz de una queja similar por la situación en Algeciras y Tarifa ante ingresos en los CIE de personas procedentes de naufragios o que han visto fallecer a familiares o compañeros de viaje de una patera, señala la senadora.
