Zoido desperdició 6,3 millones de euros de un plan de empleo en su último año como alcalde de Sevilla
Un total de 6,3 millones de euros dirigidos a dar un trabajo a los sevillanos y sevillanas mayores de 30 años desempleados han sido definitivamente devueltos a la Junta de Andalucía sin haberse utilizado. El Ayuntamiento dirigido entonces por el ahora ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aceptó la cifra millonaria en enero de 2015 y aprobó la convocatoria pública para la selección de candidatos remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Debía ejecutarlo en un plazo de seis meses pero no destinó al programa ni una sexta parte del total, y además lo hizo inadecuadamente, por lo que la cantidad ha sido devuelta en su totalidad.
Zoido se despedía este miércoles de sus compañeros de corporación tras diez años en el Consistorio. En sus últimos seis meses de mandato (2011-2015), a tenor de las resoluciones, no hizo los deberes en cuanto al desarrollo del programa autonómico Emple@30+, de contratación eventual de parados de más de 30 años a través de los ayuntamientos pese a que la subvención se aceptó y aprobó. El actual equipo de Gobierno hispalense, como condición previa para poder poner en marcha las nuevas contrataciones que empiezan antes de final de año, aprobó el pasado viernes la devolución de la última parte que quedaba por reintegrar, un total de 976.767 euros (los 948.701 consumidos más 28.066 euros de intereses).
Desde la llegada del socialista Juan Espadas en junio de 2015 como alcalde en minoría, el Ayuntamiento de Sevilla ha instruido un expediente sobre la ejecución de la 'Iniciativa de cooperación social y comunitaria' del Programa Emple@30+ en su convocatoria de 2014, regulado mediante Decreto-Ley 9/2014. Durante la evaluación de lo ejecutado, el Ayuntamiento ha advertido que únicamente se habían realizado contrataciones por importe de 948.701 euros y, según fuentes municipales, “las contrataciones realizadas en el anterior mandato no cumplieron los requisitos ni en cuanto a número ni en cuanto a la duración de los contratos, por lo que se incumplían los criterios por los que se acepto la subvención”, con “condiciones de contratación inferiores a las previstas en el programa”.
La junta de Gobierno del pasado 4 de noviembre acordó, a la vista de los informes de la Intervención General Municipal y del Servicio de Administración de Empleo, proceder al reintegro correspondiente a cantidades ingresadas para el citado programa por importe de 976.767 euros, correspondiendo 948.701 euros a capital a reintegrar y 28.066 a intereses de demora devengados sobre dicho capital desde la fecha de abono del primer anticipo de la subvención, en febrero de 2015.
El PP-A pidió que todos los ayuntamientos pudieran acogerse
Hace diez meses, el Ayuntamiento ya aprobó “la devolución” de 2.225.311 euros correspondientes al primer 50% ingresado por la Junta “al exceder de la subvención justificada” en julio de 2015 (948.701 euros) y la “renuncia” al resto de la subvención concedida (3.174.000 euros), correspondiente al segundo 50% que aún no se había ingresado. El total de la subvención, como ya se ha dicho, ascendía a 6.348.000 euros.
Según denunciaba ya este verano el grupo municipal de Participa Sevilla, del programa sólo se habían formalizado 232 de los 697 contratos que se podrían haber producido durante el primer semestre de 2015. En ese sentido, lamentaron que los contratos temporales con cargo al programa no alcanzasen los seis meses previstos por la convocatoria de la Junta. La mayoría no llegó ni a los tres meses y el ayuntamiento del PP imposibilitó la contratación de unas 465 personas de la ciudad durante seis meses, con salarios previstos de entre 1.300 y 1.700 euros.
La actuación del Ayuntamiento de Sevilla con Zoido a la cabeza contrasta con la proposición no de ley que presentó el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de febrero para instar a la Junta a que todos los ayuntamientos pudieran acogerse a los planes Empleo Joven y Empleo30+. Los populares argumentaron entonces que había diversas causas por las que los consistorios no podían acogerse a esos programas, como tener deudas con la Seguridad Social, contar con condenas firmes o aplicación de ERE.
La vicesecretaria de Políticas Municipales del PP-A, Ana Mestre, decía “las administraciones estamos para dar soluciones a los problemas porque sin duda, es un problema grave que los parados de determinados municipios no puedan tener una oportunidad de empleo”. Sevilla tuvo la oportunidad pero, a la luz de lo devuelto, no la aprovechó.
