La Fiscalía pide el archivo de la causa contra los ocupas de las naves de San Luis de Sevilla
La Fiscalía de Sevilla acaba de solicitar el sobreseimiento provisional contra los ocupas del Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) 'Andanza', desalojado el pasado 17 de julio de las naves de San Luis de Sevilla tras año y medio de vida. Dice el fiscal que “el uso que por los imputados se da al solar invadido es meramente temporal o accidental, sin vocación de permanencia, más allá del desarrollo esporáidico de actividades culturales”.
En el breve escrito fechado el 25 de septiembre, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, la fiscal señala que “los verbos ocupar y usurpar sugieren una idea de comportarse de un modo permanente como dueño”. A vista de las diligencias instruidas, “el comportamiento requiere una cierta permanencia aunque sería necesario el propósito de acceder definitivamente al dominio o titular del disfrute pacífico de la propiedad o de cualquier derecho real sobre bienes inmuebles, argumenta”. A pesar de que el fiscal cree que los hechos podrían no tener tipicidad penal, la jueza instructora decretó el pasado mes de julio el desalojo cautelar del espacio.
El Juzgado de Instrucción nº 17 de Sevilla, si sigue el criterio de la fiscal, podría archivar la causa, si bien la Audiencia Provincial aún debe pronunciarse ante la petición de nulidad contra el auto de desalojo. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de los inmuebles ocupados, aún debe también de pronunciarse. Si no hay acusación, se archivará.
Las tesis de la Fiscalía son las mismas que las esgrimidas por el equipo legal de 'Andanza'. Si la jueza de instrucción decide archivar definitivamente el caso se aclararía la situación judicial de las personas que aún permanecen imputadas, entre ellas una joven activista que acudió a declarar como portavoz del CSOA Andanza. Según ha informado el centro, más de 300 personas, en su mayoría vecinas del barrio de San Luis-Pumarejo, hicieron llegar al Juzgado escritos de autoinculpación como usuarios y usuarias del centro social ocupado.
