El rector de la Universidad de Sevilla, tras la condena al catedrático, asegura un trato “simétrico” a denunciado y denunciantes
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha hecho “autocrítica” tras la sentencia contra el catedrático Santiago Romero por abusos sexuales pero ha defendido que “la primera medida” de la institución ha sido la de suspenderle de toda actividad académica, el mismo día que trascendió el fallo condenatorio, una vez que se ha reabierto el expediente disciplinario que fue bloqueado durante el proceso judicial.
“Nadie puede paliar el daño sufrido por nuestras compañeras. Hemos dado un ejemplo lastimoso”, ha dicho. Castro ha defendido que “los elementos objetivos” con lo que cuenta “parecen expresar” que la Universidad ha dispensado un tratamiento simétrico hacia denunciado y denunciantes durante estos seis años, desde la denuncia (enero 2011) hasta la condena (enero 2017).
En una multitudinaria rueda de prensa en el Rectorado de la Hispalense, se ha disculpado “ante las víctimas y ante la sociedad” y ha mostrado su “máxima condena y repulsa y condena” ante la situación vivida por las profesoras, lamentando los hechos y mostrando su “solidaridad” con las víctimas, ofreciéndoles “todos los apoyos que puedan necesitar” por parte de la institución académica “para que continúen con su actividad docente e investigadora”. “Toda la Universidad se empobrece cuando uno de los nuestros” ha actuado de esa manera. “Algo no se ha hecho bien”.
“La Justicia en ningún momento puso ninguna medida cautelar”
Castro ha hecho un relato de los hechos relacionados con este caso, haciendo hincapié en que fue la Universidad la primera en poner la denuncia en conocimiento de la Justicia el 18 de enero de 2011. Antes, el 3 de noviembre de 2010, se había abierto un proceso de información reservada al respecto. “Es la Universidad de Sevilla la que denuncia”, ha insistido el rector. Fue entonces, cuando el juzgado empezó la investigación, cuando se paralizó el expediente abierto “porque así lo dice la norma”. “Han pasado seis años desde entonces, un tiempo demasiado largo que deseo lamentar. Llevábamos esprando largo tiempo”, ha remarcado, advirtiendo que “la Justicia en ningún momento puso ninguna medida cautelar”.
En cualquier caso, el rector ha dicho que se puso “toda la maquinaria” de prevención para facilitar a las denunciantes el “alejamiento” para el curso siguiente (2011-2012), ofreciéndoles “apoyo psicológico” y proponiendo estancias académicas en diversos puntos geográficos. Castro ha insistido en la “lastimosa lentitud judicial” y, viendo entonces que “el horizonte no era corto”, la Universidad dispuso planes preventivos que son revisados anualmente y diviendo el departamento en dos, entre otras cuestiones. En esa línea ha recordado la aprobación en 2013 del Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, el plan de igualdad y actividades formativas de prevención. Ha apuntado sobre el protocolo que, desde entonces, la Hispalense lo ha activado en cuatro ocasiones (dos casos de presuntos abusos y otros dos de presunto acoso).
“Seguramente pudimos hacerlo mejor”
El expediente reabierto sobre Romero Granados, que pese a la suspensión de todas las funciones académicas sigue percibiendo mientras tanto el 75% de las retribuciones básicas, concluirá “con la máxima diligencia”. “Seguramente pudimos hacerlo mejor”, ha dicho, pero, acerca de tomar algún tipo de medida cautelar con el proceso judicial abierto, “los jueces no lo hicieron en seis años; ellos son los expertos en leyes”.
Sobre el tratamiento de la Universidad hacia denunciado y denunciantes durante estos seis años de proceso judicial, el rector ha dicho que “tuvieron las mismas posibilidades”. “Ellas nunca han perdido la condición de docentes” aunque, teniendo en cuenta “la carga de subjetividad de cómo se sienten, la sensación debe ser horrorosamente desigual”. El rector ha asegurado que quiere recibirlas y no ha sabido concretar por qué su predecesor no las atendió. “No sé si las recibió o no”, ha dicho, pero ha insistido en que se adoptaron decisiones para que no tuvieran contacto físico con el denunciado.
Castro no ha entrado en detalles legales de la sentencia (“yo no soy jurista”) y ha dicho que los servicios jurídicos estudiarán si se recurrirá la responsabilidad subsidiaria a la que se ha sido condenada la Universidad. “No pienso en eso ahora mismo”, ha respondido, aludiendo a que su orden de prioridades está siendo la suspensión del catedrático, las explicaciones ante la opinión pública, la atención a las víctimas y hacer “un análisis de todos los extremos contenidos en la sentencia” de cara a una posible asunción de responsabilidades entre profesores o personas que pudieron haber silenciado los hechos, aludiendo a una “investigación interna”.
“No diría que hay un antes y un después” con la sentencia ya que actualmente “hay más posibilidades de denuncia y más sensibilización”. Acerca de otras consecuencias del fallo, el rector espera que los previsibles recursos judiciales “no afecte” a su decisión de reabrir el expediente disciplinario y la suspensión del catedrático.
