La Fiscalía invoca el “efecto llamada” para mantener la acusación contra la Corrala Utopía
Los dos primeros juicios contra ocupas de las viviendas de la denominada Corrala Utopía de Sevilla, cuyo desalojo provocó en abril de 2014 un enfrentamiento entre PSOE e IU que a punto estuvo de acabar con antelación con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, han quedado este viernes vistos para sentencia. El desarrollo de las vistas y la diferente actitud de la jueza y la fiscal deja entrever posiciones encontradas a tenor de las preguntas y comentarios de una y otra hacia los acusados que, como era de prever, se han declarado inocentes.
Mientras la Fiscalía ha mantenido su petición de multa de 720 euros para cada uno de los dos acusados (faltan por celebrar medio centenar de juicios) tras una alegato sobre la propiedad privada, las preguntas de la magistrada se han dirigido principalmente a conocer si los acusados tenían realmente intención de permanecer por periodo indefinido de tiempo en las viviendas y si la propietaria de las casas (Ibercaja a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo') se dirigió alguna vez hacia ellos para comunicarles que estaban cometiendo una ilegalidad al residir en las viviendas deshabitadas.
El debate jurídico se ha centrado en estas dos primeras vistas en la vocación de permanencia de los acusados en las casas, un elemento indispensable para el tipo de delito que se enjuicia, el de usurpación de inmuebles. Ambos acusados han negado que quisieran quedarse allí sino que todo obedeció a la situación de crisis extrema que padecían (paro, ejecución hipotecaria previa) sino que se trataba de un tiempo previo a un realojo temporal, alcanzado finalmente tras la negociación y mediación llevada a cabo por Ibercaja, Junta y Defensoría del Pueblo.
De hecho, han declarado como testigos en el primero de los juicios tanto el exsubdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Rafael Ibáñez como el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz Luis Pizarro. Ambos han venido a ratificar el trabajo que realizaron durante meses con todas las partes implicadas para encontrar una salida social y negociada al conflicto generado.
Otras personas conocidas, mayoritariamente de IU, han estado presentes en la numerosa concentración previa a los juicios, entre ellos el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo; la exconsejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés; la exdirectora general de Vivienda Amanda Meyer; el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas; o el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero.
La defensa intentó antes de la vista que la Fiscalía retirara su acusación pero la fiscal se negó a ello. Fuentes cercanas a esta conversación entre las partes, en la que no intervino la jueza, apuntan que la fiscal llegó a defender su posición acusatoria equiparando la retirada de la acusación particular (que ejerció Ibercaja) a cuando una mujer víctima de violencia de género retira una denuncia contra su pareja o expareja. La fiscal ha defendido en las vistas que Ibercaja no se opuso a la orden de desalojo y que las viviendas estaban siendo ocupadas sin autorización en contra de su voluntad.
En su informe final del primer juicio, la fiscal ha comentado que el acusado era “plenamente sabedor” de su actuación y que se daba el tipo penal de la ocupación con vocación de permanencia. “Más claro es imposible”, ha dicho“, insistiendo en que ”todo derecho (en referencia al de vivienda) tiene su límite“ y ”el derecho de propiedad privada constituye la base del bienestar social“, concluyendo que ”la ley es implacabale al respecto“ y que lo contrario supondría ”un efecto llamada“ que conllevaría ”un desorden incontrolable“.
Por parte de la defensa, la letrada Anabel Segado ha señalado que la acusación de la fiscal “no tiene sustento jurídico” a la hora de “tratar de salvaguardar el derecho ala propiedad privada de un banco” cuando “ha de prevelecer el interés general. Además, le ha echado en cara ”haber negado las circunstancias del estado de necesidad“ de las familias de la corrala y ha recordado que ninguno de los acusados fue advertido por Ibercaja (”todo lo contrario, había una negociación abierta“), todo lo cual hace ”inviable una condena penal“
