El valle de los caídos por el amianto

Francisco Jiménez 'El Mairena' muestra un recorte de periódico del 15 de marzo de 1977. La información se titula 'El peligro del amianto' y recoge una rueda de prensa que ofreció cuando era trabajador de Uralita en la fábrica de Dos Hermanas (Sevilla). “Los romanos que trabajaban con amianto ya se ponían mascarillas y aquí dirán que en el 77 no sabían nada”, lamenta. No se conocen, pero muy cerca de él está Alessandro Pugno, mucho más joven, procedente de Casale Monferrato, una localidad de unos 35.000 habitantes situada en el Piamonte italiano. Acaba de llevarse la Biznaga de Plata del Festival de Málaga como director de 'A la sombra de la cruz', un largometraje documental sobre el Valle de los Caídos. Quizá en su mente esté algún día contar la historia de los cerca de 2.000 empleados de Eternit, “nuestra Uralita”, caídos por el contacto con amianto. Hoy, simplemente ha querido acudir a Sevilla para dar apoyo moral a la demanda colectiva contra la compañía. El marido de su madre murió en 2000 por mesotelioma pleúrico.

36 años después de aquella convocatoria, con una asbestosis declarada, 'El Mairena' ha acudido a los juzgados de Sevilla para acompañar a los 26 extrabajadores de la multinacional afectados por el contacto con el amianto. El juicio, que previsiblemente concluirá mañana, ha arrancado hoy con las declaraciones de testigos y peritos. Alessandro acude en representación a la Associazione Famigliari e Vittime dell'Amianto (Afeva). En febrero de 2012, el Tribunal de Turín condenó a penas de 16 años de prisión y grandes indemnizaciones a los dueños de la compañía Eternit tras un largo macroproceso judicial conjunto planteado por unas 6.000 víctimas, según narra Alessandro. La fábrica de Casale Monferrato estuvo abierta entre 1906 y 1986, y fue demolida en 2004. El multimillonario suido Stephan Schmidheiny, uno de los condenados, es también el creador de la Fundación Avina, una entidad que defiende el medio ambiente, tras un “trabajo de maquillaje”, según lo califica Alessandro.

Los 26 demandantes de Uralita-Sevilla reclaman a la compañía 2,2 millones de euros en indemnizaciones por no haber tomado las medidas de seguridad laboral oportunas. Algunos compañeros de 'El Mairena' se han quedado en el camino a causa de las enfermedades provocadas por el producto mineral, prohibido en España desde 2002. En este caso concreto, cuatro demandantes han muerto tras el inicio del proceso civil en 2010. Las distintas vías judiciales contra Uralita se iniciaron en 2003 y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) de Andalucía espera resoluciones en el mismo sentido que los juicios individuales, favorables a los trabajadores.

Enrique Domínguez tiene multipresencia en estos juicios. Trabajador y delegado de prevención en Uralita desde 1980 y hasta el cierre de la fábrica, en 1999, explica que llegó a presentar medio centenar de denuncias en este sentido porque “las medidas de seguridad casi brillaban por su ausencia” y “sólo se aplicaban a los directamente expuestos, pero no al resto de trabajadores”. Las perchas a la entrada de la fábrica hacían las veces de vestuarios específicios con los que, según detalla, debía de contar la fábrica. Una lesión pulmonar ha sido su personal consecuencia. Afectados y familiares explican que se trata de enfermedades con una evolución muy larga y con daños progresivos. “Aquí aún no se ha visto el pico del problema”, señala Alessandro Pugno.

Luis, otro trabajador de Uralita, murió el 2 de junio de 2012 por mesotelioma. Su hija, Eva, relata emocionada a las puertas de los juzgados la historia de su padre y cómo contaba en casa a su madre que él pedía insistentemente una mascarilla que se le negaba. “Lo pusieron a recoger amianto”, recuerda. María José González, abogada de los demandantes, comenta que “quizá la ley era insuficiente” en su momento pero entiende que se causó un grave perjuicio a muchas personas que la empresa tiene que pagar.

José Bohórquez, el electricista de la fábrica de Dos Hermanas, otro de los afectados, señala que las medidas preventivas eran “ninguna, ninguna, ninguna”, y explica que se les diagnosticaba “a todos bronquitis crónica”, pero no se empezaron a poner medios hasta los 80.

Uralita mantiene que siempre ha cumplido con la legislación vigente en materia de amianto

La empresa ha informado hoy en un comunicado, tal y como ha manifestado ante el titular del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, que realizó “inversiones en materia de seguridad e higiene” y que creó la Comisión Nacional del Amianto de Uralita antes de que existiera la normativa específica, habiendo desarrollado “siempre” su actividad “cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto”.

Añade la nota que “Uralita fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como la Organización Internacional del Trabajo y la CEE (actual UE). Uralita indica además que comenzó a trabajar en la sustitución del amianto en sus fábricas antes de la entrada en vigor de la normativa europea de 1999 y española de 2002 sobre prohibición de uso y comercialización de productos con amianto.

El juicio, al que no se le ha permitido la entrada a la prensa al no disponer la sala de vistas de suficiente espacio, concluirá previsiblemente mañana con la presentación de las conclusiones por las partes. Hoy han declarado los testigos y los peritos (dos médicos y un auditor de cuentas, que ha especificado el dinero que destinaba Uralita a la prevención de riesgos laborales).

Fuentes de los abogados de los extrabajadores citadas por Europa Press apuntan tras el juicio que la empresa ha argumentado que se gastó 190 millones de pesetas en 28 años en prevención, una cifra “ridícula comparada con la cifra de negocio”, además de “ineficaz” pues “las consecuencias las hemos visto y la seguiremos viendo”. Las mismas fuentes concluyen que los demandantes tienen “buenas sensaciones”, esperando “un paso adelante y un pronunciamiento valiente por parte de la juez”.