La concesión de ayudas al alquiler de vivienda en Andalucía se eterniza 21 meses después
Cuando los gobiernos realizan anuncios millonarios de calado social en un tema tan sensible como el de la vivienda la esperanza es que se vean cumplidos más pronto que tarde. El 15 de septiembre de 2014, no sin retraso, el Ministerio de Fomento y la Consejería de Vivienda firmaron un convenio de colaboración para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que contemplaba en uno de sus ocho programas un total de 68'8 millones en tres años para 'Ayuda al alquiler de vivienda', de acuerdo al documento oficial publicado en el BOE el 17 de noviembre de 2014.
Mediado el último año del plan estatal, a junio de 2016 la Junta de Andalucía aún no ha entregado un euro de ayuda a personas con ingresos limitados, que la habían solicitado para poder hacer frente a su alquiler. Es más, el real decreto que reguló aquel plan estatal se publicó en el BOE el 10 de abril de 2013, hace ya tres años y tres meses, sin que las ayudas previstas hayan tenido reflejo alguno en la realidad económica de miles de familias andaluzas.
Conforme a la única convocatoria publicada hasta la fecha, en marzo de 2015, la Consejería resolvería la concesión de las ayudas al alquiler antes del 30 de julio y se abonarían mensualmente para que los inquilinos pudieran hacer frente al pago mensual de las rentas de todo el año. A día de hoy, las 9.765 familias que finalmente han resultado beneficiarias provisionales de aquella convocatoria, con una demostrada situación económica precaria y de especial vulnerabilidad, siguen esperando su abono. Para 2014, la partida presupuestaria de fondos estatales, sencillamente, “no pudo ser ejecutada”, al firmarse en septiembre de aquel año, y la de 2016 aún se está tramitando.
Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han lamentado ante la Administración autonómica (los fondos de financiación son estatales pero la gestión de los mismos corresponde a la Junta) los “excesivos retrasos” en la tramitación de las ayudas, urgiendo a la Consejería a la “inmediata resolución definitiva de los expedientes”. “Resulta del todo indecente que en medio de la situación de emergencia habitacional que se vive en nuestra tierra se escamoteen millones de euros para ayuda al alquiler”, opina APDHA. El Gobierno central pasa palabra en este sentido y fuentes ministeriales indican que la distribución de las ayudas acordadas es “una cuestión de la comunidad autónoma”.
Para el año 2014 se incluía una partida presupuestaria de 14'3 milones para alquiler (9'9 de financiación estatal y 4'2 de aportación adicional, también estatal) que “no pudo ser ejecutada, dado que dicho convenio no se formalizó hasta el 15 de septiembre del citado año y no había tiempo material para impulsar el proceso”, señalan fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, es decir, se firmó tarde. “Hubo una redistribución de los fondos y las partidas se destinaron a otros fines”, añaden las fuentes.
Para el año 2015, la versión de la Junta que consta en la resolución de la Oficina del Defensor publicada este 30 de mayo de 2016 respecto a la mencionada única convocatoria (de un total de 24'9 millones) es que aún está pendiente de resolución definitiva y, por tanto, “el abono de las ayudas estatales y autonómicas no se ha producido”, concretando que “han sido ya prejustificadas ante el Ministerio de Fomento y se abonarán en breve”. “La distribución de las ayudas reconocidas con cargo a los presupuestos autonómicos de la Orden de 3 de marzo de 2015 no se ha asignado definitivamente hasta la fecha, estando previsto que se abonen a la mayor brevedad”, argumentaba la Junta ante el Defensor. El consejero dijo en agosto de 2015 que se empezarían a pagar en el mes siguiente y aún siguen sin concederse.
A consulta de este periódico para conocer la última hora respecto a esta convocatoria, la Consejería indica que está “ultimando la tramitación para la concesión de un total de 13'6 millones de euros, de la que se beneficiarán más de 9.765 familias con ingresos limitados en Andalucía”. A finales de abril se completó la tramitación de todas las solicitudes presentadas, que ya han sido baremadas y ordenadas en el conjunto del ámbito de toda la comunidad. Las delegaciones territoriales están afrontando el proceso de intervención y fiscalización para el abono de las ayudas y, una vez completado el proceso, se dictarán las resoluciones definitivas y se confeccionarán los documentos de pago respectivos, concretan fuentes de la Consejería.
Siete meses perdidos
Según lamenta el Defensor en su reciente resolución, “estas ayudas están dirigidas a personas con una situación económica precaria, en situación de especial vulnerabilidad que esperan la ayuda como la única posibilidad que les va a permitir hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o a poder acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna ya que, de lo contrario, se podrían ver abocados a un procedimiento de desahucio, a vivir en la calle, en condiciones de hacinamiento o en viviendas precarias”.
“La dificultad en la gestión de estas ayudas correspondientes al pasado año (2015) ha venido motivada por el alto número de solicitudes, superando cualquier previsión con más de 29.000 presentadas, el carácter novedoso de la convocatoria y la dilación provocada por el requerimiento estatal para que los beneficiarios estuviesen al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social”, argumenta la Junta en ese sentido. En concreto, se concederá a las personas beneficiarias una ayuda del 40% de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda.
La Junta, por otro lado, acordó modificar la primera Orden de convocatoria (la mencionada de 3 de marzo de 2015) de ayudas y publicó una nueva (Orden de 27 de octubre de 2015) para contemplar, de manera adicional, que “las ayudas concedidas a personas que mantengan deudas con la Administración Tributaria, o frente a la Seguridad Social, sean abonadas con cargo a los fondos exclusivamente autonómicos” y ampliar así el núñmero de beneficiarios más allá del previsto por el Ministerio.
El Defensor lamenta en ese sentido que la solución a esa “inobservancia” por parte de la Administración autonómica tendría que haberse contemplado en la Orden primera. “De esta forma se podría haber reducido el procedimiento de tramitación, al menos siete meses”, indica. “No encontramos argumento legal alguno que pudiera justificar el incumplimiento por parte de la Consejería de Fomento de una de las condiciones impuestas en el plan estatal para poder adquirir la condición de persona beneficiaria de las ayudas convocadas”, denuncia.
Una parte de la ayuda al alquiler, traspasada a regeneración urbana
Asimismo, al Defensor del Pueblo Andaluz le llama la atención la “falta de concordancia numérica” entre las cantidades que en concepto de financiación estatal se recogen en el convenio de colaboración para esta línea de ayudas (24'9 millones -desgajados en 17'4 de financiación estatal más 7'4 de aportación adicional-) y la cantidad de 15 millones con la que se dotó. La justificación de la Junta en ese punto incide en que, de los 17'4 millones a aportar por el Estado, un total de 2'07 millones fueron destinados por la Consejería al abono de ayudas al alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad. De ahí la cantidad definitiva de 15 millones destinada a este programa para 2015, aunque la última cifra que ofrece ahora la Junta es de 13'8 millones, sin concretar a qué se debe esa diferencia de 1'2 millones.
Los citados 7'4 millones de aportación adicional de financiación estatal estaban condicionados a que Andalucía efectuara una financiación adicional que no se produjo, reconoce la Junta, que argumentó ante el Defensor, según su resolución, que esa cantidad se dirigió al programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas, es decir, rehabilitaciones, “con el objetivo de optimizar la aplicación de los recursos disponibles y atendiendo a las prioridades marcadas por la Consejería en materia de vivienda”.
“Esa cuantía no pasa de una cosa a otra por iniciativa exclusiva de la Junta, ya que esa decisión es fruto del acuerdo de distribución de recursos económicos que se firma en la bilateral Ministerio-Junta de Andalucía”, argumenta la Junta consultada por este periódico. Efectivamente, el traspaso viene estipulado como posibilidad en el convenio. Sin embargo, al Defensor le “preocupa seriamente la descompensación o desequilibrio que pueda haber en cuanto a la cuantía de los recursos finalmente comprometidos para uno y otro programa para el ejercicio 2015”, dado que para ayudas al alquiler se destinan 15 millones con cargo exclusivo a financiación estatal y para el fomento de la regeneración y renovación urbanas sobre 40'4 millones entre financiación estatal (25'5) y autonómica (14'9), según cifra el Defensor.
La resolución firmada por Jesús Maeztu considera que “la administración regional debe hacer un mayor esfuerzo presupuestario, si fuera necesario, para aprovechar las cuantías máximas que pueda conceder la Administración estatal para este tipo de ayudas”. Para el Defensor, “este esfuerzo está justificado ante la necesidad de vivienda que recogen los Registros Municipales de Demandantes, actualmente con más de 124.000 personas inscritas, de las que el 65% tiene unos ingresos inferiores a una vez el IPREM y más del 74% manifiesta sus preferencias por el alquiler simple o con opción a compra”.
Convocatoria para 2016
De cara a la convocatoria del presente año, la Consejería informa de que ya está trabajando en una nueva Orden de ayudas al alquiler en 2016, actualmente en trámite de audiencia publica. Para que la historia no se repita apuntan que “se está revisando el procedimiento de tramitación para hacerlo más ágil y poder dar una respuesta más inmediata”, anunciando “novedades” para la nueva convocatoria “como el establecimiento de nuevos procedimientos que simplifican el trámite de solicitud y su resolución”. La presentación de la documentación necesaria “se hará de manera conjunta a la solicitud, lo que acortará notablemente los plazos de tramitación”, aseguran.
El Defensor insistía en que las ayudas deberían abonarse “dentro del año natural de su convocatoria, toda vez que su fin último es garantizar el derecho a la vivienda a quienes con sus propios medios no lo pueden satisfacer o mantener”. “Cualquier retraso en el pago de estas ayudas, con el indiscutible y grave perjuicio que se ocasiona a las personas beneficiarias provisionales, y las situaciones dramáticas que se esconden tras las distintas solicitudes, desvirtúa la intencionalidad y finalidad última que persigue el legislador al contemplar las mismas”, concluía la reciente resolución.
