La Consejería de Fomento y Vivienda presenta este jueves el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), una herramienta de planificación para el desarrollo de las infraestructuras y el fomento de los hábitos ciclistas en la comunidad. Su objetivo primordial es crear una Red Andaluza de Vías Ciclistas impulsando el uso de la bici tanto a nivel autonómico como urbano y metropolitano. Como ya ha resaltado en varias de sus intervenciones la consejera del ramo, Elena Cortés, la intención es hacer de la bici una alternativa real como medio de transporte frente al coche en las ciudades andaluzas.
La apuesta decidida de la Junta por la bici pasa también por haber aprobado por primera vez una partida específica para este medio de transporte en los presupuestos andaluces. Diez millones de euros como un primer paso para desarrollar un nuevo modelo basado en la movilidad sostenible (ambiental y económicamente) y en el transporte público. El Plan Andaluz de la Bicicleta pretende conseguir desde 2014 a 2020 que la cuota de desplazamientos habituales en bicicleta en las ocho capitales de provincia más Jerez y Algeciras llegue al 10%, un 15% en el caso de Sevilla, ciudad con el porcentaje más alto de traslados habituales en este vehículo de dos ruedas.
Las cifras: 402 millones de euros y 1.000 kilómetros más de carril
Con una inversión prevista de 402 millones de euros, este presupuesto se repartirá entre las distintas infraestructuras necesarias para consolidar el nuevo trazado de vías ciclistas. Tanto a nivel de inversión como de construcción de estos carriles, el plan presta mucha atención al desarrollo de las áreas metropolitanas con núcleos de alta concentración de población y de cuya implantación depende el éxito del modelo y el desarrollo de un transporte que sea realmente intermodal. De esta inversión prevista, 177 millones se dedicarán a las redes urbanas, 156 millones a las áreas metropolitanas y 69 millones para las regionales.
A los 908 kilómetros totales de carril existentes ya en Andalucía, se sumarán los 1064 kilómetros nuevos de los cuáles se construirán 299 km en las redes urbanas y 764 en las áreas metropolitanas. A ellos hay que sumar 3.000 kilómetros de vías de carácter regional, en su mayoría ya existentes, en las que se trabajará en equipamiento y puesta a punto, además de en la señalización y conexión.
El caso sevillano, una referencia
El PAB toma como referencia el caso de Sevilla. Según el documento diagnóstico, “con una inversión de 30 millones de euros y un coste de mantenimiento mínimo, las vías ciclistas de Sevilla (considerada la cuarta mejor ciudad del mundo para la bicicleta por detrás de Amsterdam, Copenhagen y Utrecht) constituyen un caso de inversión pública óptima por su máximo rendimiento en la movilidad, comodidad, seguridad y ecología de la ciudad”.
El éxito sevillano viene respaldado por los datos: La capital ha desarrollando durante los últimos diez años una red de vías ciclistas de que permiten 72.000 desplazamientos diarios, más de 20.000 de los cuales son restados directamente al coche.
Un modelo participativo
El plan se ha realizado de forma participativa con asociaciones de ciclistas, expertos, consorcios y Administraciones que han ido dando aportaciones al documento. asegura el documento. En su proceso de redacción han participado además de los municipios, a través de la FAMP, y la Junta, colectivos destacados por su defensa de la bici, como Granada al Pedal, Ruedas Redondas, Al Pedal de Almería, la Plataforma Carril Bici de Córdoba y la asamblea ciclista de Sevilla A Contramano.
La coordinación con las diputaciones y ayuntamientos será esencial para el buen desarrollo del PAB, ya que son precisamente los ayuntamientos los que deberán aportar el 25% del coste de las infraestructuras. Además, según recoge el documento previo, la administración municipal “deberá poner a disposición de la Junta los terrenos donde se ejecuten las obras, sin exigir tasas, licencias u otros aranceles, y asumir la conservación de la red ciclista, una vez ejecutadas las obras y recepcionadas, al tratarse de espacios de titularidad municipal”.
Una apuesta por la intermodalidad
El proyecto establece redes en cada provincia (tanto en la ciudad como en las áreas metropolitanas) atendiendo a lo ya existente y a las necesidades de transporte de la población para crear un sistema de carriles que fomente la conectividad y el uso de distintos transportes para moverse, lo que los expertos llaman intermodalidad. Hasta ahora, la intermodalidad está poco desarrollada en la comunidad con escasas propuestas como pueda ser Bus-Bici del Consorcio de Transporte de Sevilla.
De esta forma, se planifican 90 kilómetros de vías en Almería; 148 en la Bahía de Cádiz; 107 kilómetros en el campo de Gibraltar (Algeciras y área metropolitana); 42,6 en Córdoba; en Granada, 110 km; en Huelva, 182 kilómetros; en Jaén 36,4; en Málaga, 154,9 y otros 190 kilómetros en la provincia Sevilla. Los nuevos trazados están planificados en las ocho capitales de provincia de Andalucía, más Jerez de la Frontera y Algeciras. En Málaga, se vincularán Marbella y Estepona; en Sevilla, se unirá la capital con Dos Hermanas y Alcalá; y en la Bahía de Cádiz, está prevista la conexión por carriles entre San Fernando y Chiclana.
Beneficios económicos sociales y ambientales
Según el documento diagnóstico del PAB, otro de sus objetivos es conseguir que se cumpla el derecho de los ciudadanos a la movilidad haciendo extensivo este medio de transporte útil y seguro. Este texto también señala los beneficios ambientales y para la salud del uso de la bicicleta. Pieza clave también para la reducción de la contaminación del aire y la contaminación acústica de las ciudades. Tomando como vara de medir el caso sevillano, anualmente se dejan de emitir unas 8.000 toneladas de CO2, lo que supone un ahorro de combustible de unos dos millones de euros.
Según los datos del informe de sostenibilidad realizado para el plan (elaborado con cálculos diarios de desplazamientos en bicicleta con una cuota del 10%), este plan lograría que se realizaran una media de 1,1 millones de desplazamientos diarios, suponiendo una reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera de 708,79 toneladas al día. El informe prevé, además, que Andalucía dejaría de importar 350.000 barriles anuales de petróleo, lo que equivaldría a un ahorro de 26,8 millones de euros al año. Esta reducción de emisión acarrearía a su vez un ahorro de unos 1,9 millones de euros al año.
