El Impuesto de Contaminación del Agua enfrenta al Gobierno con Podemos, IU y Ayuntamiento de Zaragoza
¿Debe pagar el que depura como el que contamina? El Gobierno de Aragón considera que sí, aunque con matices. Por el contrario, los dos partidos de izquierdas que aseguraron la investidura de Javier Lambán sin entrar en el Ejecutivo, Podemos e IU, estiman que no. Del equilibrio entre esas dos posturas dependerá que salga adelante la Ley de Medidas Tributarias, que cuenta de entrada con la oposición de 27 de los 67 diputados de la cámara (PP y PAR) y carece del apoyo de otros cinco (Ciudadanos), según se vio hace unos días en el debate de las enmiendas a la totalidad, rechazadas con los votos de PSOE (18), Podemos (14), Chunta Aragonesista (2) e IU (1).
El Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) ya ha provocado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno autonómico un enfrentamiento que se suma a los abiertos por la nonata Ley de Capitalidad y los retrasos en el pago de su parte de la financiación del tranvía. Y lleva camino de reeditar las tensiones que episodios como las imputaciones del caso Jamón de Teruel provocaron entre el Ejecutivo PSOE-CHA y sus principales socios parlamentarios, Podemos e IU.
El ICA es un tributo que, sobre el papel, tiene como objetivo financiar “actividades de prevención de la contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración” de aguas y que grava con 5,095 euros mensuales cada contador doméstico más otros 180 céntimos mensuales por el consumo diario de cada vecino -unos cien litros diarios-. Eso, en una ciudad como Zaragoza, con 340.000 contadores y 700.000 vecinos en números redondos, supondría 14 millones anuales, algo más de 38.000 euros diarios.
Obras pendientes de ejecución desde 1993
Sin embargo, en la práctica, la inclusión de Zaragoza entre los municipios cuyos vecinos deben pagarlo es la piedra angular para que no acabe de naufragar el inviable Plan de Depuración autonómico, que hace que en localidades como Jaca el recibo que pagan los vecinos sextuplique el coste de la depuración, mientras la Comunidad se revela incapaz de ejecutar el programa de saneamiento de los núcleos pirenaicos, anunciado en marzo de 1993.
El Ejecutivo autonómico propone que el ICA sea aplicable en Zaragoza desde este año, con una bonificación del 60 %. El Consistorio de la capital, sin embargo, lo rechaza y anuncia que no pasará los recibos al cobro. Sostiene que la ciudad depura sus aguas, desde hace más de 20 años, con dos estaciones que costearon sus vecinos –llevan pagados 324 millones-, y que eso debe eximirles del pago.
El recibo, en todo caso, tendrá que pasarlo el Instituto Aragonés del Agua (IAA), organismo que gestionará la recaudación y que hace unos meses adjudicó a una empresa valenciana la gestión de los recibos por 6,5 millones de euros para los próximos cuatro años.
Podemos, que desde su nacimiento se ha mostrado crítico con la gestión del Plan de Depuración de Aragón, terció hace unos días en la polémica al anunciar que defenderá, por la vía de las enmiendas, que la Comunidad aplique una bonificación del 100 % del impuesto “en la factura de los vecinos de los municipios aragoneses que tienen Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), financiada y gestionada a través del Ayuntamiento de la localidad, como sucede en los casos de Zaragoza, Jaca o Fabara”.
Podemos e IU coinciden en ver “injusto” el tributo
La formación morada considera “de sentido común que los ciudadanos que ya han hecho un esfuerzo económico para depurar sus aguas no tengan que volver a pagar un nuevo impuesto que persigue este mismo objetivo”, posibilidad que califican de “injusta e inexplicable”.
IU, por su parte, pide en una de sus enmiendas la supresión del ICA, al que califican de “injusto” y del que no comparten “ni el fondo ni la forma en la que se pretende aplicar este impuesto [en la capital] porque no se ha negociado con el Ayuntamiento de Zaragoza”.
Su diputada autonómica, Patricia Luquin, que sostiene que con los planteamientos del Gobierno PSOE-CHA “se gravará doblemente a poblaciones que tienen depuradora, como Zaragoza”, defenderá una enmienda alternativa para elevar del 60 % al 100 % la bonificación que contempla el proyecto de ley.
Subidas del recibo de hasta el 170 %
El Ayuntamiento de la capital, por su parte, estudia llevar a los tribunales la aplicación del ICA en la ciudad. Entre otros motivos, porque estima que puede suponer un caso de doble imposición, ya que los ciudadanos pagan por depurar el agua y por verterla de nuevo al Ebro una vez tratada.
Según las estimaciones del Consistorio, aplicar el ICA podría conllevar subidas del recibo de un mínimo del 30 %, en hogares sin bonificación, y aumentos de más del 170 % para las familias acogidas a descuentos por su precaria situación económica. El incremento para el comercio alcanzaría el 28 % y en la industria superaría el 22 %, algo que pondría “en peligro la competitividad de nuestro sector comercial e industrial”.
Los efectos que la supresión de las vacaciones fiscales iba a tener en la competitividad y la capacidad de generar empleo de los sectores comercial e industrial fue el principal argumento con el que el PSOE municipal justificó su voto con PP y C’s para impedir la subida de impuestos que proponía Zaragoza en Común (ZeC), una postura que causó sorpresa en las filas socialistas.
