Gobierno y Cortes de Aragón recortan o cambian de destino 700 millones de euros en un año
¿Cuál de los cinco significados que la Real Academia da a la palabra “presupuesto” es el de uso más común en la política aragonesa? Encajan los cinco, sin duda, lo que incluye los tres menos administrativos y más conceptuales: “motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo”, “supuesto o suposición” y “propósito formado por el entendimiento y aceptado por la voluntad”. Es decir, algo que no tiene por qué tener finalmente el contenido que inicialmente se le da.
Quizá a partir de esas definiciones se entienda mejor que, entre el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016, alrededor de 700 millones de euros fueran retenidos o modificado su destino inicial en la Administración aragonesa, cuyo presupuesto anual se sitúa en torno de los 5.000: ergo, un euro de cada siete.
Los 700 millones nacen, por un lado, de las modificaciones que los distintos grupos apoyaron en el último año en las Cortes: los cambios de destino de fondos superan los 500 millones -más 23 por ley para la enseñanza concertada-. A lo que hay que añadir la retención de casi 40 millones por el Ejecutivo y las restricciones aplicadas al crédito por la Unidad de Control del Gasto Público (UCGP) de la Consejería de Hacienda, que superaron los 160 millones.
La Unidad de Control del Gasto Público
Especialmente llamativos son los ejemplos referidos a la UCGP, que el Gobierno prevé derogar este año y cuya influencia en los vertidos de lindano del Gállego investiga un juzgado de Jaca. Fue creada en 2014 por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi para supervisar la ejecución del gasto público y está facultada para retener créditos consignados en los presupuestos con el objetivo de “asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Su funcionamiento, junto con otras decisiones de la Consejería como la retención de 21,2 millones en abril de 2016 y otra de 17,3 en agosto de ese mismo año, supuso el recorte de varios millones de euros de inversión y gasto público a lo largo de esta legislatura.
El mecanismo utilizado en algunos casos fue retener parte del crédito concedido. Por ejemplo: el Departamento de Educación solicitó 1.253.764,09 euros para la construcción de un nuevo CEIP en Pedrola. En la respuesta de la UCGP, el 15 de marzo de 2016, se estima favorable la cantidad total, pero se hace una observación: “Disminuyendo la anualidad 2016 reajustándola al periodo de licitación (708.756,05 euros). La diferencia (545.008,04 euros) deberá retenerse para dotar partidas insuficientemente dotadas en Capítulo I y Capítulo IV de ese Departamento”.
Lo mismo sucede con otra petición de Educación para la construcción de ocho unidades de Bachillerato y dos ciclos de FP Básica en el IES Valdespartera. La cantidad solicitada eran 1.141.150,72 euros y la concedida 781.417,55 euros.
También redujo, como se indica en el acta de la sesión de la UCGP celebrada el 16 de junio de 2016, 200.000 euros de una solicitud total de 600.000 del Servicio Aragonés de Salud para adquirir 24 respiradores de UCI. En este caso la contestación fue: “Favorable por importe de 400.000 euros. Deberá retenerse la diferencia, 200.000 euros, para financiar partidas insuficiente dotadas en Capítulo I y IV (gastos farmacia)”.
160 millones, 22 en gasto social
Un estudio elaborado por el Grupo Parlamentario Podemos señala que, en el segundo semestre de 2016, las retenciones y los ajustes afectaron a partidas por valor de 160,3 millones de euros de todas las consejerías del Gobierno de Aragón. Vertebración del Territorio, con 51,9, y Desarrollo Rural, con 39,2, fueron las más afectadas, seguidas por Innovación -21,7-, Economía -14- y Presidencia -10,4-.
Los recortes no superaron los 10 millones en ese periodo en los departamentos del ámbito más social, caso de Sanidad -9-, Educación -9,6- o Ciudadanía -3,7-.
El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, sostiene en una interpelación formulada por el diputado del PP Antonio Suárez, que “el objetivo [del Gobierno autonómico] continúa siendo recuperar los servicios públicos, apostando por las políticas sociales (sanidad, educación, dependencia), en las que se ha puesto el acento presupuestario”, mientras que su actuación en materia de control de gasto “viene marcada por el marco normativo, pero sobre todo por la idea de racionalizar más el gasto y no tanto de limitarlo”.
El dato general del recorte llama la atención, más si cabe, en un momento como el actual en el que la política autonómica lleva más de medio año atascada y enzarzada en un debate sobre una herramienta administrativa y política (los presupuestos), que en Aragón destaca por su ductilidad y propensión al cambio: históricamente, las inversiones no se cumplen –no pasaban del 80 % la pasada legislatura pese a su desplome sobre el papel- y la posibilidad de abrir partidas se esfuma antes de que acabe el ejercicio.
