Ibercaja dificulta que sus pisos procedentes de desahucios se destinen a vivienda social

Ibercaja no está cumpliendo con su obligación de poner a disposición del Gobierno de Aragón sus pisos vacíos, procedentes de ejecuciones hipotecarias, para destinarlos a vivienda social. Según el Decreto Ley 3/2015, de 15 de diciembre, las entidades financieras deben informar cada tres meses de estas viviendas. Han de hacerlo en formato digital e incluyendo las características del piso, el estado, la ubicación… Es decir, datos imprescindibles con los que la Administración pueda crear un registro y proceder a la revisión de los mismos para que, posteriormente, sean ocupados por personas en riesgo de vulnerabilidad.

Pero Ibercaja, según la información a la que ha tenido acceso eldiario.es, no está emitiendo estos informes de la manera precisa. La documentación remitida al Ejecutivo por la entidad financiera es tan escasa que hace imposible que este pueda saber, siquiera, dónde se encuentran dichas viviendas. Por añadidura, se les envía en papel, cuando la exigencia es de hacerlo en formato digital.

El plazo para entregar los primeros informes venció el pasado 18 de marzo y, desde entonces, el Gobierno de Aragón ha enviado varios requerimientos a Ibercaja que no han sido contestados. Desde la entidad bancaria niegan estas irregularidades y aseguran que sí están enviando “el listado de viviendas, con sus características, estado y emplazamiento”.

Sanciones

No es la única que está incumpliendo la normativa, sino que hay otras seis entidades que también están informando de manera errónea. Por añadidura, cinco bancos, Bancofar, Novo Banco, UBS Bank, ING Bank y Kutxabank, no han enviado ningún tipo de comunicación. En el Ejecutivo autónomo sospechan que, probablemente, algunos de ellos (no todos) no tienen ningún piso vacío de ejecuciones hipotecarias. En cualquier caso, apuntan desde el Gobierno, deben informar de este extremo, como sí han hecho otras diez entidades.

Según el punto 3 de la Disposición transitoria primera del Decreto-Ley, “la omisión de la declaración de titularidad de una vivienda (…) constituirá una infracción leve que será sancionada con multa de 1.500 a 3.000 euros. Cuando sean varias las viviendas cuya titularidad no haya sido declarada se impondrá una sanción por cada una de las omitidas. Será de aplicación el régimen sancionador establecido en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida”.

4.322 viviendas informadas y 227 revisadas

Acaban de cumplirse seis meses desde que entró en vigor el decreto y, por ende, ha vencido el segundo plazo para enviar información. Hasta el momento, según los datos actualizados del Ejecutivo autonómico, se han puesto en contacto con 71 entidades financieras: 54 han comunicado que sí tienen viviendas que cumplen las características (incluidas Ibercaja y las otras seis entidades que no informan convenientemente), 10 han dicho que no tienen ninguna, dos están en liquidación y las cinco comentadas que no han contestado.

En total se ha recibido notificación de 4.332 viviendas; ya se han revisado 227 y, en torno al 80 % de las mismas, han sido declaradas aptas. La directora general de Vivienda, Mayte Andreu (CHA), calcula que de las poco más de 4.000 hay alrededor de 2.000 que pueden ser revisadas. Las entidades que, hasta el momento, están facilitando de manera absolutamente correcta las diferentes gestiones son Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Caja Rural de Teruel, Bantierra, Banco Santander, Establecimiento Financiero de Crédito UCI, Banco Mare Nostrum, Cajamar, Bankia, Catalunya Bank y Caixa Bank.

Por tanto, solo 11 de las 71 entidades requeridas están cumpliendo a rajatabla con las premisas establecidas.

El siguiente paso

Andreu explica que, una vez que el Gobierno de Aragón declara aptas las viviendas, tienen dos opciones. La primera sería conveniarlas con los bancos y que entraran directamente en la bolsa de alquiler social. De este modo, sería el Ejecutivo el interlocutor con las familias y el que gestionaría todo el proceso.

La otra opción es que el Gobierno indique a las entidades qué familia va a cada piso y en qué condiciones. Así, apunta la directora general, “nosotros marcamos las condiciones, pero el interlocutor sigue siendo el banco”. Apunta que prefiere la primera de las posibilidades, pero que se hará una negociación individual con cada una de las cedentes.

Tendrán en cuenta, señala, diversos condicionantes para elegir qué persona o núcleo familiar ocupa cada vivienda: cercanía del centro escolar si hay menores, con características especiales cuando hay personas con movilidad reducida, que sea adecuada para la unidad de convivencia… Esto antes no se hacía, recuerda Andreu, “y nos encontramos con disparates como que se adjudica una vivienda a una mujer que está a 100 metros de la de su agresor”.