Los vecinos del pueblo más alto del Pirineo aragonés denuncian medio siglo de abandono institucional
“Ya han pasado 50 años”, reseña, con ironía, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en la resolución en la que propone al Ayuntamiento de Benasque y a la estación de esquí de Cerler que se sienten para aclarar, de una vez, quién de ellos, y en qué condiciones, debe prestar los servicios públicos en la urbanización anexa al complejo invernal, el núcleo poblado más alto del Pirineo aragonés, situado a 1.540 metros de altitud.
Los vecinos pidieron al Justicia, una figura aragonesa de origen medieval actualizada como defensor del pueblo, “que intervenga para clarificar las responsabilidades de los diferentes organismos implicados (….) e intentar que se nos aseguren unos servicios públicos mínimos y de calidad”. La queja inicial refería, entre otras carencias, la existencia de calles sin aceras, la falta de un servicio de limpieza viaria –especialmente necesario cuando nieva-, la proliferación de vertederos ilegales, deficiencias en el suministro de agua de boca o la no depuración de las aguas residuales. “Mientras tanto, los vecinos que pagamos nuestros impuestos nos vemos privados de los servicios públicos más básicos”, añadía.
Ocho años después de haber comenzado a interesarse por la situación, y tras lograr que las dos partes se hayan pronunciado, el ombusdman aragonés ha llegado a la conclusión de que la única solución para el conflicto es que municipio y empresa -Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque (FDVB), filial del hólding semipúblico Aramón- procedan “a estudiar y revisar la situación de la zona urbanizada anexa a la estación”, en la que viven más de 300 de los 2.100 vecinos del municipio, y que acuerden quién de ellos presta cada servicio público. Otra cosa es que su iniciativa vaya a tener éxito, ya que el Justicia carece de medios coercitivos y solo puede emitir sugerencias.
Unas obras iniciadas en 1964, sin terminar
Así, el consistorio señala como “la solución deseada” que FDVB “acabe las obras de urbanización [iniciadas en 1964] y las entregue al Ayuntamiento, para que pueda normalizarse la situación”, mientras la empresa pone el acento en que una parte de esos trabajos ya ha finalizado y el municipio no se hace cargo de ellas. El Justicia propone una solución intermedia: que el Consistorio se haga cargo de la parte finalizada y que la estación agilice el final del resto.
Este enquistamiento de las posturas entre la filial de Aramón y el Ayuntamiento benasqués tiene como trasfondo el fracaso de un pelotazo de 120 millones de euros en una venta de suelo con el que Aramón preveía financiar la construcción de la estación de Castanesa. Esa situación, en la que el Consistorio jugó un papel clave, ha llevado al hólding a intentar replantear sus relaciones con el municipio, según señala FDVB en el informe que remitió al Justicia.
El complejo invernal fue promovido a principios de los años 60 por la empresa Telesquís Pirenaicos, que aplicó la única receta con la que trabaja el sector: hacerse con las tierras del dominio esquiable más otras reservadas para desarrollos inmobiliarios, en cuya venta, y no en la faceta turístico-deportiva, está el negocio. La operación fue culminada por Fomento, sucesora de los promotores iniciales y cuyo control tomó hace unos años el hólding.
El frustrado pelotazo de Alto Cerler XXI
Medio siglo después, la urbanización, declarada Centro de Interés Turístico Nacional (CITN) en 1966, sigue sin ser recibida completamente por el Ayuntamiento, que, pese a haber asumido la titularidad de las vías y de las parcelas reservadas para equipamientos, lleva años reclamando a Fomento que subsane algunas deficiencias. La filial de Aramón, por su parte, considera que “no puede exigírsele” que asuma “de un modo temporalmente indefinido (esto es, desde hace ya casi cincuenta años) las cargas y gastos derivados” de los servicios que el municipio no presta, “so pena de soportar un grave enriquecimiento injusto sobre la titularidad fiduciaria, meramente formal o precaria derivada de la construcción en su día” de las redes de la urbanización.
Sus responsables habían apalabrado a mediados de la pasada década la venta de 183.000 metros cuadrados de suelo a Alto Cerler XXI, sociedad en la que se agrupaban la vasca Cosimet, Ordisa, López Soriano y las compañías de transportes Ágreda y La Oscense. Sin embargo, la operación se frustró al haber reclamado una treintena de vecinos la resolución de los contratos que sus padres y abuelos habían firmado con Telesquís Pirenaicos y acordar el Consistorio la inscripción de la litigiosidad de los terrenos, lo que impedía su venta.
Aramón sostiene que el pelotazo, cuyo trato quedó formalmente roto en febrero de 2008, “le hubiera permitido la obtención de la plusvalía”, y eso le hubiera generado “recursos económicos, patrimoniales y financieros suficientes para concluir el desarrollo urbanístico”. Sin embargo, considera que ahora se da “una situación cierta de incertidumbre legal e inseguridad” sobre la obligación de prestar los servicios, una actividad que considera “ajena a lo que constituye el objeto principal de su actividad empresarial”.
Fomento, por último, le muestra al Justicia su “intención de alcanzar” con el Ayuntamiento un acuerdo “de una forma negociada y sobre bases de proporcionalidad, equidad y adecuación al estado actual de las distintas circunstancias concurrentes”.
