El ‘no es no’ al rescate de servicios públicos alinea al PSOE con PP y Ciudadanos en Zaragoza
“¿Por qué se quiere cambiar el modelo de gestión de los servicios municipales?”, se pregunta el portavoz del grupo municipal del PSOE en Zaragoza, Carlos Pérez Anadón, que lleva semanas recordando que, para remunicipalizar cualquiera de las 142 contratas que la capital aragonesa mantiene privatizadas, y que solo en IVA suponen 40 millones al año, “es necesario un acuerdo de Pleno”. Y este, como consecuencia de la sintonía de su grupo con el PP y Ciudadanos en este asunto, es hoy contrario a que los servicios vuelvan a ser públicos.
Ese ‘no es no’ de los socialistas ante la posibilidad de internalizar servicios municipales -su concejal Lola Ranera define la postura de Zaragoza en Común (ZeC) en este asunto como un “desbocado deseo de municipalizar los servicios a cualquier precio”- y su mayoría táctica en este asunto con PP y Ciudadanos frente a ZeC y CHA, supone, junto con los planteamientos tributarios y la postura sobre la participación en actos católicos, uno de los principales desencuentros de las izquierdas en el plano municipal de la capital aragonesa.
Y lo es pese a los matices que ZeC aplica a su objetivo programático de remunicipalizar cuantos servicios le sea posible en esta legislatura: en el plano municipal, el equipo del alcalde Pedro Santisteve se muestra partidario de rescatar únicamente contratos vencidos -para evitar los pagos millonarios por eventuales indemnizaciones- y que supongan un ahorro para las arcas municipales; en el ciudadano, el requisito consiste en que conlleven una mejora de la prestación, y, por último, en el laboral, deben cumplir las condiciones de no acarrear pérdida de empleos y mejorar la calidad de los existentes.
La intervención pide claridad
Con la gran contrata municipal del bus urbano en el alero –el Tribunal Superior ha señalado irregularidades en un concurso de más de 70 millones anuales hasta 2023-, la primera escaramuza con fuego real de la guerra de las remunicipalizaciones se está librando en torno a Ecociudad, la empresa municipal a través de la que el Ayuntamiento supervisa la gestión privatizada de las depuradoras locales, cuyo consejo de administración se reunirá a primeros de octubre.
PSOE, PP y Ciudadanos mantienen que el Consistorio debe sacar a concurso cuanto antes la gestión de la depuradora de La Almozara y la planta de tratamiento de fangos. Sostienen que al estar los pliegos de la licitación ya redactados y contar con el informe favorable de la Intervención, deben ser publicados para evitar que la depuradora deje de funcionar.
Sobre la mesa del interventor, sin embargo, además de los pliegos hay otra orden para que informe acerca de la viabilidad de rescatar la gestión de esas instalaciones municipales. Y, ante esa divergencia, propone una doble solución: que el consejo de Ecociudad se pronuncie con claridad sobre si opta por la remunicipalización o por mantener la privatización y, de ser posible, que lo haga también el pleno consistorial
La empresa quiere irse y la plantilla, quedarse
Este lo hará el próximo día 30, ya que ZeC ha presentado una moción ante la que los cinco grupos deberán posicionarse, una semana antes de la reunión del consejo.
Zaragoza en Común se muestra partidario de que Ecociudad gestione directamente las plantas mediante la subrogación de la actual plantilla con las mismas condiciones laborales que ahora tienen, mientras un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales indica que esa medida conllevaría un ahorro anual de en torno a medio millón de euros.
Mientras tanto, la empresa que la explota, Drace, ha deslizado que no tiene interés en seguir haciéndolo tras vencer el actual contrato a fin de año. Y los trabajadores, que se reunieron el pasado viernes con la diputada de IU Patricia Luquin, son partidarios de la remunicipalización, aunque son conscientes de que eso no les convertiría en funcionarios.
