Inmatricular un reino de este mundo

Inmatricular: inscribir por vez primera un bien inmueble en el registro de la propiedad. Lo dice así la RAE. Antes, pues, no estaban registrados. Si algo intenta defender la Norma, es la real propiedad de los bienes. El de las iglesias y bienes patrimoniales históricos es de toda la ciudadanía, según el desarrollo normativo desde el siglo XIX. Se interpreta así porque fueron construidas y mantenidas por toda la vecindad y por el propio Estado. La inmatriculación puede ser justa o injusta dependiendo de quién quiera adjudicarse la titularidad del bien.

Parece incomprensible que hasta ahora -mira que han pasado años- ninguna Corporación de esta ciudad haya investigado y tras comprobar la flagrante ilegalidad, tomado la decisión de llevar ante los tribunales al Arzobispado de Zaragoza. Ni siquiera abrir el debate. Ha tenido que ser el Gobierno de Zaragoza en Común y su alcalde Pedro Santisteve quienes iniciarán el procedimiento judicial para reclamar la nulidad de las inmatriculaciones de la catedral de la Seo y la iglesia de la Magdalena. Alguien tenía que iniciar este proceso.

Dos templos inscritos como propiedad de la Iglesia en 1987, un detalle no menor dado que legalmente no estaba permitido inscribirlos hasta que entró en vigor la Ley Hipotecaria de 1998 y que en opinión de Zaragoza en Común deben de mantenerse como de dominio público y patrimonio de todos los vecinos y vecinas de Zaragoza. No se trata de entrar a valorar los usos ni el carácter litúrgico de los bienes sino como decía Fernando Rivarés, concejal de Cultura, de una iniciativa en defensa del patrimonio.

A estas alturas creo que ya nadie se pregunta qué persigue la Iglesia Católica con ese afán registrador llamado inmatriculaciones. Es evidente que durante años la ICAR (Iglesia Católica Apostólica Romana) ha puesto todo su empeño en convertirse en el mayor propietario de inmuebles del Estado a base de apropiarse de lo que le era cercano por uso y disfrute. ¿Su reino es de este mundo?

Su “modus operandi” ha sido sencillo, con solo una visita al Registro de la Propiedad pasaron a ser titulares de iglesias, catedrales, ermitas, monasterios, conventos, casas parroquiales, cementerios, fincas y cualquier otra propiedad que no estuviera registrada. Ayudó mucho disponer de un ejército de devotos agentes inmobiliarios para los que todo era susceptible de ponerse a nombre de la ICAR. Una inscripción registral y luego a disponer de esos bienes y de los beneficios y plusvalías que su uso y venta les ha reportado. Que durante años se hiciera con total secretismo e impunidad ha permitido que se saltaran las leyes apropiándose incluso de inmuebles que no estaban dedicados al culto.

La Iglesia española vivió su particular “boom inmobiliario” a partir de 2003 gracias al ímprobo trabajo de los ecónomos de las diócesis que en un “donde pongo el ojo pongo el registro” se dedicaron a inscribir en los Registros de la Propiedad de todo el país miles de propiedades con el único requisito de una certificación del obispo de turno, sin hacerlo publico mediante edicto y como no podía ser de otra manera, sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Una prerrogativa extraordinaria que no está accesible a la mortal ciudadanía y que fue apañada entre Franco y Aznar.

Para cuando los ciudadanos nos quisimos dar cuenta, los más emblemáticos edificios religiosos de este país habían pasado a manos de la muy inmobiliaria Iglesia. Grande fue en su momento el escándalo, que aún no ha cesado, tras conocerse que la Mezquita de Córdoba no era propiedad de los cordobeses sino de su Obispado desde marzo de 2006 por el ridículo precio de 30 euros que es lo que costó su inscripción.

Y si hablamos de escándalo y monumental enfado el premio se lo llevan los municipios de la Comunidad Foral de Navarra donde gracias a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro se pudo conocer que se llegaron a censar 1.087 propiedades a nombre de las diócesis navarras. Ya no se trataba solo de edificios religiosos, en esa comunidad se estaban inmatriculando masivamente además casas, tierras, plazas, arbolados y cementerios

Que esta abusiva práctica se haya destapado ha sido gracias a investigaciones y denuncias de organizaciones como Europa Laica y MHUEL que levantaron el oscuro velo que cubría el expolio. No se trataba de casos aislados sino de un fenómeno que afectaba a todo el país.

Las investigaciones alertaron a otros ayuntamientos que comprobaron, como sucedía en Córdoba o Navarra, que también ellos habían perdido la titularidad pública de algunos de sus edificios, a los que, durante años, habían contribuido a mantener y restaurar cuando estaban en ruinas.

Y como denuncia MHUEL, en el caso de Zaragoza hablamos además de un negocio redondo, ya que los templos zaragozanos reportan al obispado pingües beneficios: solo entrar a la catedral de La Seo supone para las arcas de la iglesia casi un millón de euros anuales “en donaciones” por las entradas. Propiedad e ingresos exentos de impuestos y contribuciones. Aparte quedan los ingresos por subvenciones que desde hace años siguen recibiendo y que ascienden a más de 15 millones para La Seo y 6 para la iglesia de la Magdalena que, aunque renovada con dinero público, lleva más de 15 años cerrada.

Como Zaragoza en Común, somos muchas las que pensamos que no debemos tolerar este pecado de avaricia inmobiliaria. Alguien tenía que denunciar este expolio e iniciar, mediante demanda judicial, un proceso en el que se aclare si, como denuncia ZeC, se ha infringido la Ley Hipotecaria al registrar de manera fraudulenta estos dos templos.

No solo está en duda la titularidad de los dos edificios, también se ha requerido al Colegio de Registradores un inventario de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978, y de esta manera tener un listado concreto de las parcelas afectadas.

El pequeño y laico David, se enfrenta al todo poderoso y rico Goliat que como sucede desde hace 2000 años, se presenta bien pertrechado de influencias y relaciones en las más altas instancias del poder. Tal vez y como hizo el pequeño pastor, la sola denuncia de un ayuntamiento pueda hacer tambalear a la siempre poderosa Iglesia Católica.