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“El auto sobre el genocidio del Sáhara pone fin a 40 años de impunidad”
Zaragoza —
El oscense Manuel Ollé coordina a una decena de juristas de todo el Estado español, que desde el año 2006 están trabajando para que la Audiencia Nacional investigue delitos de tortura y genocidio en el Sáhara Occidental, que tuvieron lugar entre 1975 y 1992.
El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a once altos cargos, militares y policías marroquíes, acusados de detención ilegal, asesinato y desaparición forzada. Por primera vez un tribunal español juzga lo sucedido en la que fue la provincia española número 53, y reconoce indicios del genocidio sufrido por la población saharaui tras el abandono de la colonia española y la posterior ocupación del territorio, aún por descolonizar, por el Reino de Marruecos.
Según el auto firmado por el juez Ruz, en el Sáhara Occidental “se produjo de manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui (...) con la finalidad de destruir total o parcialmente dicho grupo de población para apoderarse del territorio”.
Para el equipo de juristas, “el procesamiento de estas once personas es el acontecimiento más importante hasta la fecha, es un éxito para los derechos humanos, que pone fin a la impunidad que ha reinado durante los últimos 40 años, y que envía un mensaje de dignidad para las víctimas”.
En septiembre de 2006 el juez Baltasar Garzón abrió una querella presentada por la Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis en la Audiencia Nacional. En octubre de 2007 llegaron las primeras declaraciones, testimonios de ciudadanos cuyos familiares habían sido asesinados o estaban desaparecidos. Según explica Ollé, “fue un gran esfuerzo por parte de las víctimas” que tuvieron que rememorar episodios de su vida muy traumáticos.
Sin embargo, tal y como desvela el auto de Ruz, que relevó a Garzón en el cargo, el hallazgo de una fosa común en 2013 con ocho cuerpos en su interior fue fundamental para la investigación. Los cadáveres fueron identificados por su ADN y entre sus prendas se encontró su antigua documentación española. Que se tratara de ciudadanos españoles y de crímenes cometidos en el que en aquel momento era suelo español ha sido uno de los motivos por los que la reforma de la Justicia Universal no ha afectado a la causa.
El gobierno marroquí y el español, obstáculos de la querella
Según explica Ollé, “la culminación del proceso será ver sentados en el banquillo a los responsables”. Sin embargo, el reconocimiento es un primer paso de un largo camino no exento de obstáculos. Ruz ha solicitado a las autoridades marroquíes que aporten todos los datos de los procesados para su identificación. En opinión del abogado Luis Mangrané, miembro del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, “la principal dificultad será la falta de colaboración de las autoridades marroquíes en la práctica de las comisiones rogatorias para la notificación a los procesados de esta resolución judicial”.
Critican que “es inadmisible que España haya destinado varios millones a modernizar la justicia marroquí y no se tramiten estas comisiones rogatorias”. Según Mangrané, “el Gobierno español no puede esconder la cabeza ante esta resolución judicial y mantener la cooperación con Marruecos vendiendo armas a un Estado a cuyas autoridades se acusa de tales aberraciones”. Además, añade, su deber es también “promover en foros internacional que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental vigile los derechos humanos en el Sáhara Occidental”.
Siete de los once procesados están en búsqueda y captura internacional. Si la Administración marroquí no colabora la única opción que le queda a la justicia española es su detención cuando salgan del país, tal y como sucedió con la orden de extradición del general chileno Augusto Pinochet. El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental afirma que España debería presionar a Marruecos, ya que “ambos estados disponen de magistrados de enlace para agilizar la cooperación judicial”.
La Marcha Verde fue el preludio de una guerra que todavía recuerdan miles de saharauis que se vieron obligados a huir a campamentos de refugiados en Argelia mientras eran bombardeados con napalm o resistían con uñas y dientes en las ciudades y dunas que acababan de dejar los españoles. El exilio o la represión han sido las dos alternativas de vida que han tenido los ciudadanos saharauis que llevan años clamando por un referéndum en el que puedan decidir por su autoderterminación.
El abogado Manuel Ollé participa esta tarde en un debate en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
