Un tribunal con un exdiputado del PP y un colaborador de FAES niega el amparo a 'Los 8 de Yesa'
El Tribunal Constitucional (TC) ha denegado el amparo a ‘Los 8 de Yesa’, el grupo de activistas condenado a sendas multas de 1.080 euros por un delito de resistencia a la autoridad, más varias de 180 por cinco faltas de lesiones, por su participación en una protesta contra las expropiaciones para el recrecimiento del pantano de Yesa.
La denegación la ha decidido la Sección Segunda de la Sala Primera del TC, que ha acordado no admitir a trámite el recurso de los activistas contra la condena del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, ratificada por la Audiencia Provincial, al “no apreciar en el mismo la especial transcendencia constitucional” que requiere la legislación.
Esa sala, que ha tomado otras decisiones como el aval a la medalla que el Ministerio del Interior concedió a la malagueña Virgen del Amor, tiene un cariz marcadamente conservador pese a la presencia en ella de María Luisa Balaguer Callejón, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga que ha sido la última magistrada llegada al tribunal y que se considera afín al minoritario sector progresista.
Un exdiputado de PP y un colaborador de FAES
Uno de sus compañeros de tribunal es su paisano Andrés Ollero, diputado entre 1986 y 1989 por Coalición Popular, con la que fue cabeza de lista de Málaga por el Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga, y parlamentario del PP entre ese año y 2003, cuando deja el escaño nueve años antes de ser designado miembro del Constitucional en 2012.
El otro es Santiago Martínez-Vares, expresidente de la Asociación Profesional de la magistratura (APM), magistrado del Supremo durante una década y que se presenta en su currículum del TC como colaborador de FAES, el think-tank oficioso del PP hasta que los sectores de Mariano Rajoy y José María Aznar rompieron de manera definitiva.
Martínez-Vares, licenciado en Drecho por Zaragoza, se mostró partidario de incluir la Religión como materia voluntaria en la enseñanza pública. Ollero, miembro del Opus Dei, ha mostrado su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la interrupción voluntaria del embarazo y al suministro de la ‘píldora del día después’.
Una condena parcialmente absolutoria
Los ocho activistas fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital aragonesa a penas de multa por resistencia tras quedar probado en el juicio que eran anteriores o posteriores a esos incidentes la práctica totalidad de las lesiones que varios agentes aseguraban haber sufrido al intentar desalojar de la carretera de Artieda (Zaragoza) a un centenar de personas que protestaban contra las expropiaciones para recrecer Yesa en octubre de 2012.
Quedaba así descartada la comisión de un delito de atentado, por el que la Fiscalía y los propios agentes pedían para ellos penas que sumaban más de 32 años de prisión y 22.000 euros en multas, aunque varios de ellos fueron declarados autores de faltas de lesiones sobre cinco de los guardias civiles.
La Audiencia de Zaragoza desestimó su recurso y confirmó las condenas a Jorge Luis Bail, Miguel Ángel y Sergio Palacín, Óscar Ara, Javier López, Alfredo Iglesias, Jesús María Royo y Ariel Domínguez, el primero de ellos miembro de Equo y diputado oscense de la confluencia Alto Aragón en Común y los tres siguientes vecinos de Artieda, que tras esa resolución buscaron, sin fundamento a juicio de los magistrados que estudiaron el tema, el amparo del Constitucional.
