El Gobierno de Aragón agiliza dos plantas de biomasa en Erla y Zuera en plena batalla judicial por la de Monzón
La empresa Forestalia, del Grupo Samper, ha obtenido las bendiciones del Gobierno de Aragón para las plantas de producción eléctrica a partir de biomasa que promueve en las localidades zaragozanas de Erla y Zuera. El apoyo institucional llega mientras se desarrolla una intensa batalla judicial y administrativa contra la factoría que, con capacidad para quemar 51 toneladas de madera por hora, pretende instalar a 600 metros del casco urbano de Monzón otra empresa del mismo emporio llamada Solmasol.
El Consejo de Gobierno ha decidido declarar de “interés autonómico” esos dos proyectos, lo que, a efectos prácticos, supone darles “un impulso preferente y urgente” con el que se reducen a la mitad los plazos de tramitación de los permisos y licencias urbanísticas –estas últimas pueden darse sin que exista la de actividades clasificadas- y de las autorizaciones ambientales.
Los acuerdos del ejecutivo autonómico sobre las plantas de Zuera y de Erla, ambas de 49,5 megavatios de potencia instalada frente a los 170 de Monzón, se refieren a esos proyectos concretos como “una apuesta importante para Aragón” por crear puestos de trabajo y por participar en “los objetivos de la comunidad en materia de sostenibilidad e independencia energética y del Estado español en aplicación de la Estrategia Europea H2020”. Califican a la biomasa como “una energía de proximidad”.
Las resoluciones llegan a asegurar que “las emisiones de CO2 a la atmósfera causadas por la combustión de la madera y de otros elementos de origen vegetal” se compensa “con la capacidad de absorber las mismas cantidades de CO2 por parte de los cultivos” que se desarrollan para alimentar las incineradoras. “Por tanto –concluye-, es una energía neutra y de nivel cero de contaminación en CO2, fundamental para prevenir el cambio climático”.
Tres frentes abiertos en Monzón
La decisión llega cuando la polémica por el proyecto de Monzón tiene frentes abiertos en varias sedes: la Audiencia de Huesca, cuyos magistrados deben decidir si reabren o no la causa penal archivada por el Juzgado número 1 de la localidad oscense; el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Juzgado Contencioso de Huesca, que tramitan varios recursos contra distintos trámites, y, por último, el Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental), que está revisando la autorización ambiental de la incineradora y al que varias organizaciones han pedido que anule la inicial.
Una de esas organizaciones es Chunta Aragonesista (CHA), socio del PSOE en el Gobierno de Aragón, que considera la ubicación de la planta -a 600 metros del casco urbano y en la dirección de algunos de los vientos que baten la ciudad- incompatible con el planeamiento urbanístico de la ciudad y que considera que “las importantísimas emisiones que generaría esta Incineradora” provocarían “graves afecciones sobre la salud” de los vecinos. El propio estudio de impacto admite que la incineradora generaría más de una tonelada diaria de óxido de nitrógeno, aunque sus promotores sostienen que un sistema de filtros impediría su emisión a la atmósfera.
“La salud y el principio de precaución tendrían que prevalecer sobre los intereses económicos, sobre todo cuando estamos hablando de un municipio donde los niveles de contaminación atmosférica en base a partículas finas deberían reducirse, nunca aumentarse, puesto que se encuentran al límite de lo permitido”, señala Beatriz Gual, responsable de Política Sectorial de CHA en el Cinca Medio.
Monzón, un aire tan contaminado como el de Madrid
También han solicitado la nulidad del permiso Cambiar Monzón y Ecologistas en Acción, una de las principales organizaciones integradas en la plataforma que, desde hace unos meses, vehicula la oposición a la incineradora. Sus alegaciones recuerdan cómo varias investigaciones realizadas por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) “comparan la calidad del aire de Monzón con ciudades contaminadas como Madrid, Alcobendas o Burgos”.
“Existen evidencias del peligro para la salud de este tipo de instalaciones ya en funcionamiento y existen evidencias de la situación grave de contaminación del aire de la localidad”, señalan.
Ambas organizaciones reclaman que Forestalia especifique el origen de las 408.000 toneladas de madera de chopo y eucalipto que, junto con 24.000 metros cúbicos de gas licuado, plantea quemar en Monzón, cuyo cultivo requiere al menos 7.000 hectáreas con riego localizado.
“Garantizar todo el proceso”
El Gobierno de Aragón, sin embargo, considera que los promotores no tendrán problema para obtener las materias primas: “La inversión en I+D permite al Grupo Forestalia garantizar todo el proceso, desde el vivero hasta el consumo final, tanto en combustible de energía térmica (astilla y pellets) como en producción eléctrica mediante biomasa”, señalan los acuerdos.
El Grupo Samper fue el principal ganador de la última –y primera en varios años- subasta de permisos para volcar energía eléctrica a la red de distribución al llevarse 300 de los 500 megavatios de eólica y 108 de los 200 de biomasa de toda España.
Cada uno de los proyectos está presupuestado en 100 millones de euros y, según los promotores, crearía 90 empleos directos “y de 600 a 750 puestos indirectos relacionados con el cultivo y transporte de la biomasa, si bien con un carácter más temporal, siendo en la fase de recolección cuando habrá mayor actividad”.
