El Gobierno de Aragón autoriza a un socio de Marjaliza a rehabilitar un pueblo en el Pirineo
El Gobierno de Aragón ha dado finalmente luz verde al proyecto de una empresa de José Luis Capita, socio de David Marjaliza –uno de los principales imputados en la operación Púnica, en la que el primero no está encartado-, para rehabilitar el pueblo abandonado de Arués, en la Ribagorza oscense, y construir en él medio centenar de viviendas.
El Inaga (Instituto Aragonés de Garantia Ambiental, dependiente del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) ha informado favorablemente el proyecto y lo y ha eximido de ser sometido a un estudio de impacto, pese a que incluye la urbanización de más de 27.000 metros cuadrados para construir las casas y a que, por la previsión de consumo de agua -37.500 litros diarios-, podrá albergar hasta 250 personas.
Capita compró una por una las casas del pueblo, perteneciente al término de Perarrúa, en 2002 a través de la empresa Valparaíso Técnicas de Promoción y Construcción, que sí figuraba en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que abrió la investigación judicial. Posteriormente, fue Arués 2008 SL, que comparte domicilio con la anterior, la sociedad que pasó a promover la conversión del pueblo en ruinas en un complejo turístico.
Casa y hoteles para 150 personas y agua para 250
El proyecto contempla construir 49 viviendas manteniendo las “formas y volúmenes” de las originarias, una zona de aparcamientos y servicios de 12.345 metros cuadrados y un sistema de equipamientos que “incluye las escuelas y la ermita, con una superficie total de 2.195,99 metros cuadrados”, y también un depósito de agua situado a 5,8 kilómetros y con capacidad para algo más de cien metros cúbicos, lo que permitiría cubrir el consumo de tres días. También prevé una depuradora y tres hidrantes para eventuales incendios. No obstante, Arués 2008 prevé explotar una parte del pueblo como complejo turístico y dedicar algunas de las casas a usos hoteleros, según consta en el expediente.
El pueblo se encuentra en una zona de bosques de encinas y pinos carrascos catalogada como de alto riesgo de incendio forestal y en la que, aunque no existe sobre ella ninguna figura de protección específica, habitan varias especies protegidas como el milano real y el quebrantahuesos –ambos en peligro de extinción y el primero “sensible a la alteración de su hábitat”- y otras vulnerables como la chova piquirroja, el alimoche, el águila real, el águila culebrera y el buitre leonado. Sin embargo, el Inaga concluye que los impactos ambientales del proyecto son bajos; los paisajísticos, incluso positivos, y el consumo de recursos naturales que conllevaría, escaso. No obstante, exige un plan antiincendios y una franja de seguridad sin vegetales.
El permiso tiene una vigencia de cuatro años. Si Arués no ejecuta las obras en ese plazo, el impacto ambiental del proyecto debería ser evaluado de nuevo.
