El Gobierno de Aragón abre expediente a tres centros concertados por obligar a hacer extraescolares y cobrar sobrecuotas
El Gobierno de Aragón ha abierto expediente a tres centros concertados de Zaragoza, después de comprobar que obligaban a los alumnos a hacer extraescolares. El primero de ellos, como apuntó la consejera de Educación, Mayte Pérez, fue el colegio La Anunciata. Tras este vinieron otros dos, aunque desde el Ejecutivo no se han confirmado los nombres. Eldiario.es desveló que el Sagrado Corazón de Jesús era otro de los colegios que llevaba a cabo este tipo de prácticas.
Fuentes del Gobierno autónomo, explican que en el caso de La Anunciata fueron dos las circunstancias que impelieron la apertura del expediente. En primer lugar, el hecho de dar las actividades extraescolares en la hora que transcurre desde que terminan las clases de la mañana y comienza el horario de comedor, con lo que obligaban a los niños y niñas a acudir a estas si querían quedarse a comer en el centro.
La segunda irregularidad se descubrió al recibir una queja en la propia consejería, en la que aseguraban que el colegio estaba cobrando 120 euros por el comedor (el precio para los públicos es de 86) y que a un alumno con beca de comedor (por valor de 86 euros) le hacían abonar la diferencia.
El Ejecutivo, y siguiendo lo estipulado por la ley, abrió una comisión de conciliación. En esta, aseguran desde el departamento, el colegio se avino a corregir estas anomalías, cerrándose así el asunto. Respecto a los otros dos centros, las mismas fuentes explican que, en ambos casos, se inicia el expediente por un problema relacionado con las extraescolares.
Estas prácticas ilegales de los centros concertados no son, ni mucho menos, algo novedoso. En 2012, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) emitió un informe en el que afirmaba que estos colegios eran un 69 % más caros que los públicos. En el 91 % de los centros cuestionados por la organización se cobraba alguna sobrecuota. También este medio informó en 2015 de que un colegio concertado de la capital aragonesa amenazaba a los padres con quitar actividades de sus hijos si no pagaban a su fundación religiosa.
