El nuevo Gobierno de Aragón tendrá que decidir el futuro de los hospitales de Teruel
El futuro de los dos nuevos hospitales previstos en la provincia de Teruel, en la capital y en Alcañiz, está ahora en el aire a la espera de lo que decida el nuevo gobierno que ocupe el edificio Pignateli de Zaragoza a partir del próximo verano.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi (PP), solicitó ayer la paralización del proceso de adjudicación, tras reunirse con los secretarios generales técnicos de los distintos departamentos del Ejecutivo autónomo. Esta mañana, el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha rechazado, mediante auto, las medidas cautelares que pidieron sindicatos y partidos para suspender el proceso.
Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Aragón han justificado a eldiario.es Aragón que es por una “cuestión de tiempo” pero la realidad es que, en el caso del centro sanitario previsto en Alcañiz, adjudicado pocos días antes de las elecciones, el rechazo de los partidos hasta ahora en la oposición y de los agentes sociales a la fórmula administrativa elegida hace poco probable que salga adelante.
Fuentes del Salud han explicado que la tramitación de ambas obras “sigue su curso, pero que por plazos estipulados administrativos deberá ser el próximo Ejecutivo el que culmine la obra”.
El nuevo Gobierno será el que formalice la firma con la empresa adjudicataria del hospital de Alcañiz, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las constructoras OHL e Iridium por un valor de en torno a 390 millones de euros, un 13% menos de lo presupuestado.
La adjudicación se produjo el 15 de mayo y, a partir de este momento, hay diez días para la presentación de documentación por parte de la UTE mejor valorada. Una vez hecha la resolución de la propuesta de adjudicación, se dan 15 días más para posibles recursos por parte de las otras contratas hasta formalizar el contrato.
Así, IU, PSOE, Chunta Aragonesista, Podemos Aragón, FSS-CCOO, CGT Aragón, FADSP, Marea Blanca, Plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda y Federación de Barrios de Zaragoza han presentado recursos contenciosos administrativos contra el proceso de licitación del Servicio Aragonés de Salud, que supone “el primer paso para la privatización, de facto, del futuro hospital de Alcañiz”, en su opinión.
De hecho, durante la campaña electoral los partidos de la oposición se han comprometido a echar atrás el proyecto si llegan a gobernar, lo que supondría volver a comenzar el proceso administrativo con una fórmula cien por cien pública que obligaría a encontrar una financiación que el consejero de Salud, Ricardo Oliván, ha insistido en que no existe en estos tiempos de crisis.
Situación distinta es la del hospital de Teruel, donde Tragsa ya empezó el movimiento de tierras aunque está pendiente la adjudicación del proyecto, prevista para septiembre. Pero aquí la polémica no ha venido por la fórmula administrativa utilizada sino por los retrasos que el Partido Popular justificó primero por los riesgos sísmicos de la zona elegida y luego por las discrepancias con Acciona, empresa adjudicataria, que han obligado a sacar de nuevo a licitación el proyecto.
Retrasos que se han ido acumulando y que los escépticos han hecho que, a pesar de ver máquinas trabajando en la zona de El Planizar, duden de que el hospital sea de verdad una realidad en la próxima legislatura.
