El Gobierno de Aragón recordará a los colegios concertados que es ilegal cobrar por la enseñanza pública
- A raíz de la noticia publicada en eldiario.es en la que se explicaba que un centro concertado amenazaba con quitar actividades a los alumnos si no pagaban a su fundación religiosa, el Ejecutivo advertirá a estos colegios de que están prácticas son ilícitas
El Gobierno de Aragón ha decidido afrontar el asunto de la presunta financiación irregular de los colegios concertados. En las próximas semanas se pondrán en contacto con los centros de estas características para recordarles que es “ilegal cobrar por la enseñanza pública”.
La medida, tal y como aseguran desde el Ejecutivo autonómico, se toma después de que eldiario.es Aragón publicara una noticia en la que se aseguraba que un colegio concertado de Zaragoza amenazaba a los padres de los alumnos con disminuir las actividades de estos si no pagaban una cantidad a su fundación religiosa. La Administración contactará con el colegio por este caso particular y, por añadidura, hará un llamamiento al resto de centros advirtiéndoles de que estas prácticas están fuera de la ley.
Hasta ahora, apuntan, no habían entrado en este tema porque el traspaso de poderes ha sido muy accidentado y el anterior equipo de gobierno “no dejó documentación”. Además, la polémica suscitada después de que se denegara la apertura del colegio Ánfora, en Cuarte de Huerva, ha ocupado buena parte de las preocupaciones de la Consejería de Educación en los últimos días.
“Si alguien no cumple con la ley, que le quiten el concierto”
Para el sindicato con más representación en la educación aragonesa, CSIF, es obligación del Gobierno velar porque se cumpla la ley. El Ejecutivo, dice el responsable de CSIF Enseñanza en Aragón, Javier García Lisbona, debe actuar, y si alguien no cumple la legislación vigente “que le quiten el concierto”.
Asegura que es de “dominio público que los centros concertados están cobrando e incumpliendo la ley”. No se pueden permitir, dice, “estas prácticas que lo que hacen es perjudicar a la enseñanza pública”.
Respecto a la denegación de apertura del colegio concertado de Cuarte de Huerva, García Lisbona se muestra absolutamente de acuerdo. Recuerda que allí había proyectado un centro público “cuya construcción parece que se ha ido retrasando deliberadamente… Quizás para favorecer al concertado”.
