El PP no apoya la proposición para pedir al delegado del Gobierno en Aragón que no autorice actos que incitan al odio
Coincidiendo con el inicio del juicio a los 10 de Zaragoza, las Cortes de Aragón han aprobado una proposición no de ley en la que se insta al delegado del Gobierno “a no autorizar la convocatoria de ningún tipo de acto en el que se fomente, se difunda o se incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos racistas, xenófobos o de identidad sexual”.
Podemos, CHA e Izquierda Unida firmaban esta propuesta que, finalmente, ha salido adelante con los votos a favor de todos los partidos, excepto del PP, que se ha abstenido. El fondo de la cuestión, como aseguran fuentes de Podemos, es precisamente evitar la celebración de actos como el organizado por Hogar Social Zaragoza en 2015 y que ahora lleva a estos jóvenes antifascistas ante los tribunales.
En el texto de la proposición, las tres formaciones que la rubrican exponen que “durante los últimos años la ciudad de Zaragoza y su extrarradio están siendo objeto de la convocatoria de diversos actos antidemocráticos y de exaltación xenófoba y racista, planificados tanto por organizaciones radicadas en el estado español como por otras de países europeos”.
Estos actos, continúa, “promueven y difunden la xenofobia y la discriminación según género, orientación sexual y raza, han generado una gran preocupación y alarma social en nuestra comunidad y, en especial, en los barrios y localidades donde se celebran”.
Señalan, de igual modo, que “diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales han denunciado la permisividad de la Delegación de Gobierno en Aragón ante la convocatoria de este tipo de actos, lo cual ha ocasionado inseguridad y generado un quebranto en la convivencia ciudadana. Además, dicha permisividad ha hecho que Zaragoza se esté convirtiendo en uno de los epicentros de este tipo de eventos, atrayendo a personas de ideología totalitaria de diversa procedencia, con el consiguiente riesgo que ello conlleva”.
Antes esta exaltación del odio, el racismo y la xenofobia y la apología de la violencia, explican, “las instituciones públicas no pueden permanecer pasivas, sino que deben procurar fomentar la tolerancia y proteger a la ciudadanía de estos mensajes antidemocráticos, así como salvaguardar su propia seguridad personal”.
Miguel Ángel Lafuente, del PP, ha criticado que en la iniciativa mencione a la Delegación del Gobierno, puesto que, según ha afirmado, este hecho provoca “una asociación mal intencionada, como si el delegado del Gobierno autorizase unos actos que todos estamos en contra”. El popular ha reprochado la, a su entender, “doble vara de medir ante los escraches a consejeras anteriores”.
Alfonso Clavería (Podemos) ha recordado que la ciudad de Zaragoza “ha sido sede de actos de exaltación xenófoba que han creado alarma social”. Por parte de IU, Patricia Luquin ha afirmado que “en un Aragón democrático no tiene cabida la discriminación ni el odio”, y ha pedido “la absolución de los 10 de Zaragoza”. Para ella, esta iniciativa “se posiciona desde el respeto de los derechos humanos y sociales y trata de lanzar un mensaje claro en contra del fascismo”.
El socialista Darío Villagrasa ha manifestado su “vergüenza al ver un representante de la Falange dirigiéndose al público en la plaza del Pilar”. La diputada del PAR, María Herrero, ha comentado que “todos los actos en los que hay violencia ponen de manifiesto el fracaso del sistema: no sé si hoy estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para evitarlos”.
Mientras que Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha declarado que desde su grupo condenan esta violencia y están de acuerdo en esta iniciativa: “En el Ayuntamiento de Zaragoza también se han hecho peticiones de espacios donde se han realizado críticas sobre la política y eso genera odio”, ha indicado Domínguez, quien ha añadido que “hay que ir a saco contra todo e ilegalizar esas actuaciones”.
