“Desde 2011 Garoña se ha convertido en un elemento de juego político e intercambio de cromos”
El informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear a la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sigue despertando voces en contra, a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente (que tiene la última palabra) aún no se ha pronunciado. Desde Ecologistas en Acción aseguran que la central está en “condiciones deleznables” y que abrirla supondría correr un “riesgo inaceptable”. Una de las razones de esta autorización, dicen, es que la central se ha convertido “en un elemento de juego político e intercambio de cromos desde 2011”.
Garoña comenzó a funcionar en 1971, por tanto, en 2011 alcanzó los 40 años de vida. El informe del CSN autoriza la renovación de la autorización de explotación hasta 2031. Paco Castejón, físico nuclear y portavoz de Ecologistas en Acción, advierte, no solo del peligro de esta reapertura, sino “del precedente que supone dar un permiso por más de 10 años y permitir que las centrales funcionen hasta los 60”. Después de esta, apunta, pueden venir Almaraz 1 (que cumplirá 40 años en 2021) y Almaraz 2 (que alcanzará esta edad en 2023).
La de Garoña, explica Castejón, “es idéntica al primer reactor de Fukushima, tiene muchos problemas de seguridad y un accidente contaminaría todas las CCAA aguas abajo del río Ebro”. Como muestra del alcance que pueden llegar a tener este tipo de accidentes, recuerda que “en 1970 hubo un escape en la Junta de Energía Nuclear, en Madrid, que contaminó el Tajo y se detectó en Lisboa”.
Juego político
La Central Nuclear de Garoña debía cesar definitivamente su actividad el 6 de julio de 2013. En septiembre de 2012, el Gobierno del PP les dio a los propietarios -Nuclenor (50 % Iberdrola y 50 % Endesa)- la oportunidad de pedir una prórroga que, finalmente, no fue solicitada y, en diciembre de 2012, los mismos dueños decidieron paralizarla.
Castejón señala que fue una medida de presión, “para seguir negociando con el Estado”. Unos meses más tarde, recuerda, “el Ejecutivo central modificó el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas -con otro informe favorable del CSN- para decir que si una central nuclear cerraba no por motivos de seguridad, se les daba un año de plazo para pedir una prórroga de funcionamiento”.
Esa prórroga, explica, se pidió en julio de 2014 y la respuesta llega ahora con este nuevo informe. “Durante estos años se han gastado 10 millones de euros en inspecciones”, relata Castejón. Para él, desde que Fernando Martín accedió a la presidencia del CSN, este organismo “ha jugado un papel claro en defensa de los intereses de la industria nuclear y ha perdido su independencia”.
Debate en las Cortes de Aragón
El debate también ha llegado a las Cortes de Aragón. El pasado jueves, Podemos, IU y CHA defendieron tres proposiciones no de ley en las que, además de otros puntos, se pedía el cierre definitivo de la central. La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto (CHA e IU), en contra del PP y la abstención del PAR.
La representante popular, Dolores Serrat, justificó el rechazo porque aún no se había tomado ninguna decisión. Señaló que, “aunque todos queremos un sistema seguro que garantice el suministro y la sostenibilidad económica y medioambiental, los duros a pesetas son tremendamente difíciles”. Apuntó, por añadidura, que fiarlo todo a las renovables tiene “riesgos y costes en términos de garantías de suministro.
