El Gobierno de Aragón propone que sean las Cortes las que estudien cómo reclamar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia
Una comisión especial de estudio en las Cortes. Fernando Gimeno, titular del Departamento de Hacienda, ha propuesto esta fórmula para que sea la cámara autonómica la que analice las acciones que debería llevar a cabo el Gobierno de Aragón para reclamar judicialmente las inmatriculaciones indebidas de patrimonio aragonés realizadas por la Iglesia católica. Podemos ya anunciado su rechazo a la medida, pues entiende que “es al ejecutivo, no el legislativo, al que le corresponde actuar”.
En virtud de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, la Iglesia católica ha anotado como propios, tal como han destapado las investigaciones de la asociación Mhuel en los últimos meses, monumentos aragoneses como la antigua catedral de Roda de Isábena o la Catedral de Jaca. Precisamente este último caso suscitó el pasado octubre una proposición no de ley de Podemos en la que se instaba al Gobierno autonómico a tratar de recuperar esta joya del románico jaqués como bien de dominio público.
La comisión parlamentaria que propone ahora Gimeno, que debería ser aprobada por los diputados, tendría como fin analizar las “acciones a realizar por el Gobierno de Aragón” en el asunto de las inmatriculaciones. Estos movimientos a estudiar pasarían, en primer lugar, por comprobar qué bienes del Patrimonio Cultural Aragonés figuran como propiedad de la Iglesia, a lo que seguiría la solicitud en el Registro de la Propiedad de los títulos de inmatriculación correspondientes. Una vez realizadas estas averiguaciones, y previo análisis de la viabilidad jurídica, se plantearía la posibilidad de “reclamar judicialmente la indebida inmatriculación por parte de la Iglesia”.
Con esta propuesta ante el pleno de las Cortes del pasado viernes, Gimeno dio respuesta a una pregunta de la diputada de Podemos Erika Sanz. La parlamentaria le requería explicaciones sobre el estado del inventario de bienes inmatriculados, que la proposición no de ley de octubre instaba a realizar en el plazo de seis meses. El titular de Hacienda reconoció que, hasta que le trasladó la cuestión el Departamento de Educación y Cultura, “no sabía que tenía competencias sobre este tema, y la consejería no ha hecho nada hasta el momento”.
Para Sanz, lo que le corresponde al Gobierno de Aragón no es “dejar la pelota en el tejado de las Cortes, tiene que actuar y cumplir lo que se aprobó en la proposición no de ley”. Por eso anuncia que su formación no apoyará la aprobación de esta comisión que, en su opinión, “solo busca alargar plazos y evitar tomar la iniciativa”.
