El Gobierno de Aragón volverá a destinar fondos a la Memoria Histórica cuatro años después
Un pequeño recorte en el programa de enseñanza secundaria concertada y otro en la plantilla del Justicia permitirán que, tras cuatro años de coalición PP-PAR, el Gobierno de Aragón vuelva a contar con una partida para subvencionar el trabajo de las entidades de Memoria Histórica.
Los grupos de izquierda apoyaron en la tramitación de los Presupuestos de la comunidad una enmienda en la que IU proponía detraer 50.000 euros de esa partida –dotada con 63,6 millones- para abrir otra, nueva, que permitiera otorgar “subvenciones a asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica”. “En cumplimiento de la Ley 52/2007”, era la escueta argumentación que incluía la propuesta.
Las mismas formaciones, en este caso con el apoyo de C’s y la oposición de PP y PAR, apoyaron otra propuesta de Podemos por la que los 50.000 euros procedentes de la amortización de una plaza de asistente del Justicia de Aragón serán dedicados a recuperar “la partida, eliminada en este presupuesto, dedicada a la Memoria Histórica”.
El programa 'Amarga Memoria' fue suspendido en 2012
Este apartado fue uno de los primeros que desapareció de la agenda del Gobierno de Aragón tras llegar al poder la coalición PP-PAR en las elecciones autonómicas de mayo de 2011. De hecho, el programa 'Amarga memoria', que aglutinaba las actividades e iniciativas en materia memorialística que se desarrollaban en la comunidad, fue eliminado en los primeros Presupuestos que sacó adelante el ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.
El director general de Patrimonio Cultural, Javier Callizo, justificó esa decisión diciendo que el grueso del programa estaba dedicado a actividades editoriales alejadas “del verdadero propósito del proyecto”, al que habían sido destinados algo más de dos millones de euros entre 2007 y 2011, y que, en su opinión, “no debían haber sido financiadas con dinero público en una época de escasez”.
Sin respuesta sobre los legajos de la cárcel de Zuera
Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha desoído el requerimiento del Justicia –el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo- para informarle acerca de la situación de los miles de expedientes de presos franquistas que se encuentran, en deficientes condiciones de conservación, en la cárcel de Zuera.
El Justicia abrió un expediente para investigar su situación tras recibir una queja de Cambiar Estadilla, la lista de confluencia de esa localidad oscense. Sin embargo se ha visto obligado a enviar un nuevo requerimiento al Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón para reclamarle “un informe sobre la cuestión planteada”.
Trata de saber por qué alrededor de 25.000 expedientes de presos que pasaron por las cárceles aragonesas durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura se encuentran en un sótano de la cárcel, empaquetados a presión en cajas de archivador pero sin apenas condiciones de conservación, y por qué motivos su traslado a los archivos provinciales fue suspendido cuando solo habían sido expurgados alrededor de 9.000.
