El Supremo resucita las plantas para tratar purines que cerró el decretazo eléctrico de Soria
El Tribunal Supremo ha tumbado el recorte de las primas a la cogeneración con el que el Gobierno central abocó al cierre a las 28 plantas de tratamiento que purines que producen energía procesando ese residuo biológico, uno de los que mayores problemas de contaminación generan tanto en las aguas subterráneas como en los sistemas fluviales superficiales.
La sala de lo Contencioso del Tribunal ha avalado parcialmente el recurso que presentó la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (Adap) contra el anexo de la orden ministerial que recortó las primas en más de un 40 %, publicada en 2014 pero con efectos retroactivos desde julio del año anterior.
Ese tajo descuadró las previsiones económicas de las empresas que las impulsaban, que pasaron a una situación de inviabilidad en unos casos y directamente de quiebra en otros. Las cuatro privadas que operaban en Aragón –una en Altorricón, otra en Fonz y dos más en Monzón- bajaron la persiana en 2014. Las cuatro que impulsa la Comunidad autónoma, en Capella, Peñaroya de Tastavins, Valderrobres y Zaidín, no habían llegado a entrar en servicio.
Y, paralelamente, tuvo efectos negativos en el sector ganadero –especialmente en el porcino-. Pequeños granjeros y empresas de integración tuvieron que buscar soluciones alternativas y afrontar nuevas inversiones y gastos para tratar los residuos, cuya aplicación en la agricultura como abono lleva lustros restringida ante los efectos que el nitrógeno provoca en el ciclo del agua.
Gases de efecto invernadero y aguas contaminadas
Según la organización agraria Coag y la propia Adap, las plantas de purines tienen capacidad para gestionar anualmente más de 2.500 millones de litros de purines procedentes de dos millares de granjas. El tratamiento de ese volumen de residuos, algo más de la tercera parte de los 7.000 que produce la cabaña porcina española en su conjunto, evitaba la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero equivalentes a 700.000 toneladas de CO2.
Sin embargo, los peores efectos de los purines se manifiestan en el agua. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha detectado como en su territorio, en el que se explotan 4,2 millones de unidades ganaderas, “los nitratos procedentes de fuentes agroganaderas son la principal causa de que haya 23 masas de agua subterránea en mal estado”; es decir, casi un acuífero de cada cuatro.
Ese tipo de contaminación, añade, “es el principal problema de las masas de agua subterránea en la demarcación del Ebro”. Los ríos superficiales con mayores concentraciones de nitratos en sus aguas se sitúan en zonas agroganaderas, caso del Zamaca, el Robo, el Zidacos, el Tastavins y el barranco de Valcuerna.
Las plantas generaban en esos procesos de tratamiento la energía necesaria para funcionar, evacuaban la restante al sistema eléctrico y cobraban por ella además de recibir la prima. Sin embargo, el decretazo eléctrico impuso el llamado sistema todo-todo, que les obligaba a comprar a las compañías eléctricas la energía que necesitaban para operar y a vender toda la que producían, lo que estranguló sus planes de negocio.
La organización agraria mostró su confianza en que la sentencia “permita reabrir las plantas de cogeneración de tratamiento de purines que todavía continúan activas” para aliviar al sector. Solo en Aragón, las granjas generan al año cerca de 50.000 toneladas de purines, cuyos nutrientes eran reducidos en esas instalaciones.
El Plan B del Gobierno de Aragón
El Gobierno de Aragón, no obstante, lleva tiempo trabajando en su propio Plan B, consistente en transformar sus plantas en centrales eléctricas, “de forma que cada planta genera la energía para su funcionamiento y el resto se vende al pull”, según señala el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, en una respuesta parlamentaria al diputado del PP Ramón Celma, en la que añade que un Centro Gestor de Estiércoles asumirá la explotación de cada una de ellas, “bien para su gestión directa, bien mediante entidad con reconocida solvencia técnica para la operación de este tipo de infraestructuras”.
La Comunidad incluyó la creación de esos centros en los convenios con los ayuntamientos de los municipios en los que se encuentran las plantas. “Está previsto que la planta de Peñarroya de Tastavins sea la primera en iniciar su actividad mediante un contrato de gestión de servicio público que ha licitado recientemente” el Consistorio, anuncia Olona.
Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un programa informático en el que las granjas con autorización ambiental integrada deben declarar su producción de purines y el destino de estos. El objetivo de este sistema es “valorizar estos subproductos (estiércoles), de manera que generen un valor añadido como abonos orgánicos en sustitución de los químicos” en la agricultura.
