Los educadores del COA acusan a Intress de “perjudicar a los menores” con la nueva organización laboral que quieren implantar
El conflicto a tres bandas entre los trabajadores del Centro de Observación y Acogida (COA) de Zaragoza; la empresa gestora, Intress, y el Gobierno de Aragón no cesa. El último movimiento de la empresa consiste en el establecimiento de una nueva organización del trabajo que los educadores han rechazado. No obstante, puede aplicarla si reciben la anuencia del Ejecutivo autonómico.
La modificación que más preocupa es la que consiste en reducir el tiempo destinado a los cambios de turno. Es decir, los momentos en los que coincidían el educador saliente y el entrante y se daban la información más importante de los menores (incidencias, comportamientos, médicos, citas, colegios, sanciones…).
Hasta ahora eran 30 minutos, pero pretenden reducirlo a 15 o 20; lo que, según los trabajadores, “perjudicará seriamente al menor, ya que ese tiempo es la base sobre la que gira su atención”. Normalmente, aseguran, “estamos más de 30 minutos, superando nuestra jornada laboral”.
Además, quieren implantar turnos fijos (y no rotatorios semanalmente como en la actualidad). Esto también redundaría de manera negativa, en opinión de los educadores: “Los menores estarían siempre con los mismos educadores, lo que les impedirá tener la opción de vincularse con uno u otro. Además, cada tres semanas realizamos un informe a través de las impresiones de distintos trabajadores. De este modo, se reducirán las personas que puedan dar su opinión sobre los menores”.
Por añadidura, se incluye un educador más en el turno de tarde, pasando de seis a siete: “Una ”mejora mínima con la que tapar el resto de cambios“, dicen.
La cronología
Todo este bochinche (uno más en esta historia) comenzó el pasado 17 de mayo, cuando Intress se reunión con el Comité de Empresa y les hizo entrega de una memoria explicativa de las causas que justificaban la aplicación de las modificaciones substanciales.
Posteriormente, el 27 de julio, presentaron una propuesta oficial en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA): en este caso la oferta mejoraba ya que la rotación de turnos pasaba a ser trimestral y no fija. Fue rechazada por los trabajadores. El 19 de septiembre entregaron una tercera proposición (también en el SAMA y contando la memoria como la primera de ellas) en la que se mantenía la rotación trimestral, pero se aumentaban a 20 minutos los cambios de turnos. También se rechazó.
Hasta aquí, todo parece relativamente normal: la empresa propone, los trabajadores no aceptan. Pero comienza a enquistarse porque, según los educadores, en la última reunión que mantuvieron con Intress en el SAMA los representantes de la empresa les dijeron que Eduardo Traid, director provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ya tenía constancia de dicha proposición.
Desde el Gobierno aseguran que ellos no disponen de ningún tipo de documentación al respecto (que es la vía oficial por la que deben hacerse este tipo de gestiones). Por tanto, no pueden hacer nada hasta que la reciban. Cuando esto suceda, explican, valorarán si cumple el pliego de condiciones y si perjudica la atención a los menores.
Aparte de la versión de los educadores, hay otro aspecto que puede despertar alguna duda respecto a la actuación de la empresa. En el último párrafo de las dos propuestas oficiales, a las que ha tenido acceso eldiario.es, se lee textualmente:
Dicho texto empuja a pensar a los profesionales del COA que Intress ya tiene la preceptiva autorización. Es más, facultaría a la empresa a aplicar las condiciones de la memoria, “las más perjudiciales para los menores”. En la empresa afirman que ese párrafo solo quiere decir que la propuesta “respeta perfectamente los pliegos de condiciones del Gobierno de Aragón”. Como gestora, afirman, “nunca haremos nada, porque no podemos, sin el visto bueno de la Administración”.
Se espera, por tanto, que en las próximas fechas el Ejecutivo reciba la proposición oficial. Será entonces cuando la valuarán y decidirán si conceden la necesaria aprobación.
Desde junio hasta hoy
Más allá de este postrero episodio. Las últimas noticias acerca del COA y su funcionamiento no hacen más que intrincar el asunto y desvelar la peligrosa situación del Centro. Por ejemplo, agresiones entre menores y de un menor a una educadora, que provocaron que la Policía tuviera que intervenir hasta cuatro veces en una sola semana.
En escena entró, días más tarde, Inspección de Trabajo, que alertó de la existencia de cinco empleos irregulares. Poco después, otro menor agredió al personal de seguridad. Y, para rematar, apareció la noticia de que Intress optaba al concurso para gestionar el reformatorio de Juslibol, con un presupuesto que supera los 12 millones de euros. Los educadores se preguntan “cómo una entidad que está sancionada por Inspección de Trabajo y que no ha implantado un proyecto educativo en el COA se presenta a un concurso tan jugoso”.
