El pantano de Biscarrués: la guerra de los 30 años
Lo que tenía que ser una efeméride reivindicativa ha chocado con una desagradable sorpresa. Los 30 años de lucha contra el pantano de Biscarrués coinciden con la ‘resurrección’ de un proyecto que parecía, si no cancelado, al menos postergado. El Ministerio de Medio Ambiente sacó hace dos semanas a información pública el embalse; esta vez sí, parece que su realización es imparable. Los agentes afectados vuelven a reunir fuerzas para tratar de detenerlo amparados en el impacto negativo que tendrá para la economía y el turismo de una zona conocida como La Galliguera, que ya vive bajo la amenaza de la despoblación y afectada por el lindano de las aguas del río Gállego.
La presa, según se contempla, tendrá una altura de 41 metros para almacenar 36 hectómetros cúbicos de agua. También se llevará a cabo la construcción de un edificio de administración, caminos de acceso, instalaciones eléctricas, una variante de la carretera a la localidad de Santa Eulalia de Gállego en el tramo afectado por el embalse, obras para la protección de las laderas o el telecontrol del sistema. El proyecto respeta la declaración de impacto ambiental del anteproyecto de 2009, que presentaba la exclusión de la central hidroeléctrica o la rebaja en el nivel de llenado permanente para minimizar las afecciones a la práctica del rafting. El presupuesto, 124 millones de euros.
Movilizaciones en las próximas semanas
La pelea de las poblaciones que se verían afectadas, desde Biscarrués a Murillo de Gállego pasando por Ayerbe, Santa Eulalia o Riglos, está centralizada en la Coordinadora de Biscarrués-Mallos de Riglos, cuya portavoz es Lola Giménez y que anuncia movilizaciones en las próximas semanas. Para ella, “es una tomadura de pelo para la ciudadanía malgastar el dinero de todos en proyectos después de treinta años y seguir llamándolos urgentes. Perdemos el tiempo oponiéndonos a esta obra que inunda nuestro desarrollo sostenible en vez de invertirlo en aumentar su crecimiento”.
Las medidas tangibles que la Coordinadora se plantea de manera inmediata son jurídicas y técnicas con la elaboración de alegaciones, declaraciones de impacto ambiental, informes arqueológicos y geológicos, el cálculo de pérdidas y mostrar “la fuerza del territorio, demostrar la inviabilidad económica de los presuntos nuevos regadíos y recoger alegaciones”, para lo que el plazo abierto es de un mes. Además, se recopilaron más de 6.500 firmas que se oponen al pantano de Biscarrués a través de la plataforma Change.org.
“Se puede parar”
Para Marta de Santos, alcaldesa de Murillo de Gállego y diputada en las Cortes de Aragón por Podemos, “se puede parar el pantano”. Pero es necesaria una doble acción política y social. “Es el momento de buscar una alternativa. Hacer los proyectos desde un despacho de Zaragoza o Madrid está alejado de la realidad, se estima un 80 por ciento de afección en los 20 kilómetros del río que hace imposible seguir trabajando aquí”, reflexiona. De Santos cree que, una vez superado el proceso de primarias del PSOE, “es hora de sentarnos con el Gobierno de Aragón y explicarles qué sucede. Que, por ejemplo, se puede invertir ese dinero en modernizar los regadíos. Si el Gobierno tiene intención de detener esto, la pelota ya estará en el tejado del Consejo de Ministros”.
Las muestras de apoyo no han dejado de llegar estos últimos días dentro y fuera del país. CHA y Equo presentarán en el Parlamento Europeo una propuesta basada en que la Comisión Europea notificó a España hace dos años la infracción 2014/4023 por “el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de varios artículos de la Directiva Marco de Aguas relacionada con la declaración de impacto ambiental del proyecto del pantano”. “Nos preguntamos si no se estima que el Gobierno español está actuando de mala fe mediante una política de hechos consumados que ignora el pronunciamiento final de la Comisión, que podría suponer la prohibición de llevar a cabo dicho proyecto”, comentan fuentes de ambos partidos.
La gallina de los huevos de oro
José Antonio Cuchí, profesor del departamento de Agricultura y Economía Agrarias de la Universidad de Zaragoza, considera la cuestión un choque de intereses ante el que La Galliguera adopta el papel de David. “Mucha gente se pensaba que, como no había novedades, el proyecto estaba parado, pero se han dado los pasos que se suelen dar. Tiene una componente política; si quien manda lo quiere sacar adelante, saldrá. Los afectados tenemos más que derecho a oponernos. Es absurdo cargarse la gallina de los huevos de oro del turismo frente al apoyo que tiene el pantano entre los regantes”, valora
La zona, también denominada el Reino de los Mallos, hace cuentas y calcula que es el sexto proyecto diferente del embalse desde que el original de 1987 se plantease con 192 hectómetros cúbicos y la inundación completa de la localidad de Erés. “La calidad ambiental se ha despreciado”, señala Cuchí, que estima una “grave afectación” para el turismo de aventura en el Gállego, “que mueve a 80.000 personas y millones de euros al año”, o para Ayerbe, que acaba de inaugurar un instituto de Secundaria, al margen de que “se ignora el problema del lindano. Las aguas están contaminadas, no sirven para el regadío y tampoco se afronta la cuestión”.
El papel de César Trillo
Fuentes conocedoras de la situación aseguran que “el principal responsable es, desde hace mucho tiempo, César Trillo, un hombre muy poderoso”. César Trillo es el presidente de Riegos del Alto Aragón y, según estas mismas fuentes, “no quiere jubilarse sin hacer un pantano”. En marzo se desbloqueó el proyecto del embalse de Almudévar, con una capacidad de 170 hectómetros cúbicos, que costará 102 millones de euros y cuyas obras podrían comenzar este mismo año. Más de mil hectáreas de su término municipal quedarán inundadas y el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), pagará unos 37 millones de euros, según recoge su plan de expropiaciones.
Es, junto a Biscarrués, el proyecto en el que los regantes basan sus esperanzas de mejorar la producción. Trillo, que hace diez años aseguraba no creerse que se fuera a acometer Biscarrués ni ningún otro embalse, defiende ambas actuaciones como “una manera de garantizar los suministros en la comarca de La Hoya de Huesca”. No obstante, Riegos del Alto Aragón estima en 500 hectómetros cúbicos el déficit y reclama una actuación más en el embalse de Valcuerna.
“Esto es la guerra de los 30 años -termina Cuchí-, es posible que avancen y lo liciten, incluso que lo acaben. El problema es el presente y el futuro del territorio, que desaparezcan Erés y los barqueros, no es un planteamiento ambiental, es mucho más en sentido económico y una huida hacia adelante”.
