Hace justo un año el Ayuntamiento de Palma de Mallorca se declaró libre de maltrato animal y antitaurino. Es uno de los muchos consistorios que en los últimos tiempos está intentando avanzar al ritmo de la sociedad, que en un amplísimo porcentaje rechaza los espectáculos consistentes en la tortura de animales. En la isla ha cogido fuerza la campaña 'Mallorca Sense Sang', que busca abolir las corridas de toros de su territorio y que tiene eco en los avances autonómicos para lograr ese mismo objetivo.
En ese clima antitaurino sin vuelta atrás la infanta Elena quiso aprovechar sus vacaciones en Mallorca para apoyar una tradición en decadencia, carcomida por la opacidad y las corruptelas, y rechazada por suponer una violencia explícita sin justificación posible en los tiempos que corren. Quiso disfrutar del regreso de Enrique Ponce a ese coso, esta vez como matador (lo había hecho antes como novillero) y lo hizo acompañada de sus hijos: Froilán, de 18 años, y Victoria Federica, de 15. Y lo hizo sin problemas, ovacionada por la afición a la sangre, sonriente con sus retoños, orgullosa de inculcarles lo que le viene de casta.
Dijeron los medios taurinos que la Infanta quiso apoyar la fiesta frente a quienes queremos abolirla, acusándonos de coartar su libertad. De hecho, narraron cómo se corearon gritos de “libertad, libertad”, un claro mensaje a quienes pretendemos, cómo se nos ocurre, limitar su libertad para torturar y asesinar animales.
Para ello, para que la infanta pudiera apoyar la tauromaquia acompañada con sus hijos, quizá para darnos también otro mensaje sobre el relevo generacional del gusto por la tortura, hubo que saltarse la ley, en concreto la 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, vigente en todo el territorio balear, también en la plaza de toros de Palma de Mallorca, que prohíbe la entrada de menores de 16 años a esos espectáculos.
La imagen de Victoria Federica flanqueando a su risueña madre, mirándola como queriendo comprobar que la imita correctamente en sus gestos, no solo demuestra una vulneración de la ley, sino también una ignoracia total de los llamamientos de la ONU y de su Comité de Derechos del Niño, que ha pedido a la comunidad internacional proteger a los niños y adolescentes de la “violencia” que implica la tauromaquia. Sus apercibimientos se han dirigido ya expresamente a Portugal, México, Colombia, Perú y Francia, países a los que ha pedido que modifiquen sus legislaciones para apartar a los menores de esa “violencia física y mental”.
Por el momento, y a la espera de que España pueda ser el siguiente país al que apela la ONU, la infanta Elena no se da por aludida. Ante esa evidencia, la Fundación Franz Weber y la asociación animalista Libera! han interpuesto una denuncia ante el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en la que solicitan la incoación y resolución del expediente sancionador contra quienes promovieron y/o organizaron esa corrida de toros por vulneración de la ley autonómica. Subrayan que Victoria Federica acompañó a su madre “sin impedimento alguno, a pesar de tratarse de una actividad ilegal para personas menores de 16 años”.
Los denunciantes recuerdan los pronunciamientos de la ONU y recriminan al Ayuntamiento por la “reincidencia en la comisión de la conducta infractora”, ya que Victoria Federica no es la primera persona menor de esa edad que accede a la plaza de toros de la ciudad. Esa circunstancia, alertan, “demuestra la ausencia de vigilancia en los accesos del recinto para evitar que se incumpla la Ley, o lo que es peor, tolerancia ante el incumplimento de la misma”.
La Fundación Franz Weber y Libera! consideran que ese hecho es una muestra más de que en esos espectáculos taurinos no solo se viola la más básica ética en relación a los animales sino que además “tampoco se puede garantizar ni velar” por el bienestar de las personas que asisten a ellos. Lo ocurrido ese día en la plaza, subrayan, se ha conocido gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, en ausencia de un auténtico control por parte de los organizadores y promotores del acto.
En la denuncia, ambas organizaciones solicitan la máxima sanción en atención a los criterios para la graduación de las sanciones: trascendencia social y perjuicio causado por la infracción cometida, al protagonizar este hecho ilegal la familia real, que todavía ejerce gran influencia en parte de la sociedad; ánimo de lucro ilícito, al tratarse de una actividad económica; y reiteración o reincidencia, ya que el Ayuntamiento ha sancionado en los últimos dos años a los mismos promotores y organizadores por permitir la entrada de menores de edad. Reclaman que el hecho “no quede impune” y, una vez demostrado el incumplimiento de la Ley, “se actúe en consecuencia y se sancione a los que resulten responsables”.
Además, piden a la Administración que comunique los hechos ilegales a la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor de las Islas Baleares para que, en el marco de sus competencias, inste a cumplir con la legalidad, promueva y facilite la aplicación del Convenció sobre los Derechos del Niño y procure los mecanismos de control adecuados para asegurar el cumplimiento del derecho de los menores de edad a no ser testigos de violencia explícita.