El juicio del caso Faycán corre riesgo de suspenderse por pruebas admitidas por el juez Alba que aún no se han practicado
El juicio del caso Faycán, uno de los mayores escándalos de corrupción del PP de Canarias durante el mandato 2003-2007 en el Ayuntamiento de Telde, corre riesgo de suspenderse al no haberse practicado aún pruebas solicitadas por la defensa de tres de los principales acusados. Las medios de prueba que reclaman los implicados fueron admitidos en su totalidad por el juez Salvador Alba, que presidirá el tribunal y será el ponente de la sentencia.
En manos del magistrado, recusado por otro de los acusados, está ahora resolver la solicitud de suspensión del juicio formulada por la representación legal del ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva. La vista oral está prevista que se inicie el 23 de octubre y se extienda hasta abril de 2018 en 42 sesiones. En Faycán se sentarán en el banquillo más de treinta acusados, entre ellos, dos alcaldes del PP.
El Ayuntamiento de Telde y la Audiencia de Cuentas, así como entidades bancarias, no han remitido la diversa y abundante documentación reclamada por la defensa y dada por válida por el juez. De ahí que la representación del ex concejal de Hacienda Carmelo Oliva, el letrado Alberto Hawach, que también lo es del interventor Enrique Orts y del hijo de la principal acusada pero ya fallecida, la ex concejal de Vías y Obras y ex presidenta del PP de Telde, María Antonia Torres, haya pedido al magistrado que aclare si procede a suspender.
Hasta el momento, el juez Salvador Alba, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por conspirar contra la magistrada y ex diputada de Podemos Victoria Rosell, se ha limitado a librar oficios “a fin de reiterar el cumplimiento en su integridad de los anteriormente remitidos”, dando por buenas las pretensiones de la defensa de esos tres acusados. Pero el tiempo corre en contra.
En un escrito remitido esta misma semana a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, los acusados piden aclaración a la providencia de 27 de septiembre en la que el magistrado solo reitera el libramiento de los oficios correspondientes, pero sin pronunciarse sobre la petición de suspender el juicio, ante el voluminoso material a examinar de cumplimentarse la totalidad de las pruebas admitidas.
La vista oral de esta causa cuyo auto final de instrucción data de febrero de 2009 y los escritos de acusación y de defensas, de 2013, no solo está en el aire por estas pruebas admitidas y no cumplimentadas, sino por la recusación planteada al juez la semana pasada por el abogado Sergio Armario, nuevo representante legal de uno de los empresarios implicados en la trama.
La Sección Sexta de la Audiencia ha abierto la correspondiente pieza separada de recusación y dado traslado a las partes del incidente. En el plazo de tres días, según recoge el artículo 223 de la Ley del Poder Judicial referente a las recusaciones a magistrados, las partes deben manifestar si se adhieren o se oponen a la causa de recusación planteada por el abogado que acompañó al empresario Miguel Ángel Ramírez a la reunión con el magistrado en la que urdió un plan para perjudicar a la juez Victoria Rosell.
La tramitación del incidente de recusación conlleva, automáticamente, que el juez cuestionado sea apartado de la causa mientras se solventa la misma, y sea nombrado un sustituto. En principio, la semana próxima debería haber un pronunciamiento al respecto, en cuanto transcurran los tres días que tienen las partes para posicionarse ante la recusación.
El recusado debe pronunciarse si admite o no la causa por la que se cuestiona su imparcialidad, al día siguiente hábil de la finalización del plazo de tres días que tienen todas las partes.
El juicio debía haberse celebrado hace ya más de dos años, pero una decisión de la Audiencia Provincial de no hacer coincidir la vista con el proceso electoral de 2015, al que concurría una de las principales acusadas, la ex alcaldesa y líder local del PP Mari Carmen Castellano, aplazó hasta este octubre.
