Abogados 'piratas' animan a turistas británicos a denunciar intoxicaciones falsas en hoteles canarios

Con sólo presentar un tique de farmacia que pruebe la compra de un medicamento antidiarréico es posible que un turista británico pueda reclamar a un hotel una cuantiosa indemnización por enfermedad durante sus vacaciones. Es la denuncia que hacen las patronales hoteleras canarias, que advierten del aumento de reclamaciones fraudulentas en 2016 hasta en un 700%.

Esta situación se debe a la proliferación de abogados piratas o empresas de reclamaciones (Claim Farmers) que animan a los turistas ingleses a presentar denuncias falsas por supuestas intoxicaciones para recuperar así el dinero invertido en las vacaciones. Según explica José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), las compensaciones pueden alcanzar los 14.000 euros por persona y se han dado casos de familias de cinco miembros que han interpuesto estas quejas. Normalmente, el supuesto afectado se queda con unos 2.000 euros y el resto del dinero se lo quedan los abogados. Sólo en Gran Canaria esta asociación contabiliza ya 295 denuncias que suman más de cuatro millones de euros en indemnizaciones.

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL), Jorge Marichal, cifra las indemnizaciones a las que tienen que hacer frente hoteleros asociados a este colectivo entre 6.000 y 10.000 euros por persona que la solicita. Señala que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han registrado 1.000 reclamaciones aproximadamente y que si se multiplican por lo mínimo que se le tiene que pagar, unos 6.000 euros, se obtiene una cifra de 6 millones.

Ashotel alerta de que esta práctica es antigua, pero que ha aumentado en el último año debido a una reforma del sistema jurídico de Reino Unido. En ocasiones, la “trampa” se ha llevado a cabo a través de oficinas móviles instaladas en furgones rotulados con textos en inglés, en los que se convence a los visitantes ingleses de denunciar por intoxicaciones alimentarias adquiridas en el hotel donde se alojan. Se trata de bufetes que circulan por las calles de los núcleos turísticos o que, incluso, se detienen a las puertas de algunos establecimientos hoteleros para captar clientes, advierte la asociación.

Aunque la fórmula de los furgones ya está “muy vista” y no se cree que vuelvan a actuar de este modo, Mañaricúa advierte de que ya hay turoperadores que le han alertado de que Gran Canaria es un destino que está fijado por estas empresas como punto en el que actuar este verano, por lo que considera que hay que estar “muy alertas”.

El sector está “muy preocupado” por la proliferación de estas prácticas. Sólo en Gran Canaria una sola empresa tendrá que abonar un total de 200.000 euros y, aunque hasta ahora en esta Isla no se les ha obligado a hacer efectivos los pagos, pronto comenzarán a tener que hacerlo si no se toman medidas.

Por su parte, Marichal señala que las cartas de reclamación siempre tienen el mismo patrón, informan de que esa persona se ha hospedado durante unos determinados días en el hotel y que “ha presentado un cuadro de diarreas atribuible a que se alojara en ese hotel y sólo comiera y bebiera en dicho establecimiento, por lo que exigen una compensación de 6.000 euros, por ejemplo”. 

A la situación, explica, se le añade que si no pagas tienes que pelear judicialmente en Reino Unido. Al traslado, alojamiento, abogados... se le añade el tiempo y dinero que cuesta ese pleito. Por ello, Marichal apunta que muchos hoteleros prefieren sentarse a negociar el pago de la indemnización. El problema radica en que “si de cada 100 turistas, lo hacen 30 se convierte en una alta cuantía”, por ello insiste en que esto no debe “ir a más”. 

Turoperadores ingleses ya se están preocupando por este asunto. Son conscientes de que este fraude se puede volver en su contra, pues se corre el riesgo de que el hotel no quiera recibir turistas británicos o que se les aumente el precio en compensación con ese tipo de trampas, explica Marichal.

Para buscar soluciones al respecto, afirma que se está trabajando de manera coordinada con la Confederación Española de Hoteles ya que es un fraude que también afecta a Baleares y a la Costa del Sol, especialmente. La situación se ha puesto en conocimiento de la embajada británica, que ya ha advertido en su página web de que estas “trampas” suponen un delito en España. 

Mañaricúa cree que otra forma de combatirlo es que cada hotel tenga un registro informático de todo lo que consume el cliente, de manera que si un visitante reclama por una intoxicación sufrida un determinado día, se pueda constatar que después de esa fecha siguió consumiendo. Esto se puede conseguir en los hoteles que tengan una tecnología más avanzada y usen tarjetas para registrar las consumiciones, pero no todos tienen este sistema. 

Recientemente, una asociación de agentes de viaje británica (ABTA) se ha sumado a las voces que piden un cambio de legislación y aboga porque se investiguen estos casos debido al considerable aumento de reclamaciones por motivos gástricos en los hoteles españoles durante el último año.